INADI - CASI : TEXTO DE LA DENUNCIA

ROBERTO OSCAR V. TERRILE
ABOGADO

COMISION DE DEFENSA DEL ABOGADO

“FRENTE DE ABOGADOS UNIDOS (FAU) – GENTE DE DERECHO”
“CORRIENTE ORDEN, RESPETO Y TRABAJO EN LA ABOGACÍA” (CORTENLA)

CRISOLOGO LARRALDE 3228, 1° “D”
BUENOS AIRES
REPUBLICA ARGENTINA

DENUNCIA CONTRA EL CONSEJO DIRECTIVO DEL COLEGIO DE ABOGADOS DE SAN ISIDRO (CASI) POR DISCRIMINACIÓN POLÍTICA Y/O IDEOLÓGICA.-

Sres.-
INADI
Moreno 750, 1° Piso
Buenos Aires.-


Roberto Oscar V. TERRILE, Abogado, por mi propio derecho, con domicilio real en Crisólogo Larralde 3228, Piso 1°, Dpto. “D”, de Buenos Aires (Tel.: 4542-7497 / Email: abogadoterrile@yahoo.com.ar), me presento y digo:

1.- OBJETO:

Vengo a denunciar por mi propio derecho, como Presidente del Movimiento Político “CORRIENTE ORDEN, RESPETO Y TRABAJO EN LA ABOGACÍA” y como Presidente de la Comisión de Defensa del Abogado del “FRENTE DE ABOGADOS UNIDOS DE SAN ISIDRO – GENTE DE DERECHO”, al Colegio de Abogados de San Isidro (CASI), con domicilio en la calle Martín y Omar 339 de San Isidro, Pcia. de Bs. As., en virtud de que su Consejo Directivo es autor de persecución política y/o ideológica en mi contra, conducta esta encuadrada dentro de lo normado en el art. 1° de la ley 23.592.-

II.- LA PERSONA DAMNIFICADA:

Soy Abogado matriculado en el Colegio de Abogados de San Isidro desde el año 1982.-

Desde hace algunos años he presentado notas y publicado proclamas contra sus autoridades por lo que considero una deplorable forma de conducirla.-

A raíz de tal situación, un grupo de colegas decidimos fundar el 03-04-2008 un movimiento político de Abogados, dentro de la política gremial de dicho Colegio, llamado “CORRIENTE, ORDEN, RESPETO Y TRABAJO EN LA ABOGACÍA”, cuyas siglas son “CORTENLA”, de neto corte opositor a la conducción del CASI.-

Con el objeto de dar a conocer las críticas y opiniones políticas se creó un blog de igual nombre.-

Poco meses después “CORTENLA” se unió a la coalición política llamada “FRENTE DE ABOGADOS UNIDOS DE SAN ISIDRO (FAU)- GENTE DE DERECHO”, donde en una Asamblea fui elegido Presidente de la Comisión de Defensa del Abogado de dicha coalición.-

En esta agrupación, absolutamente democrática, militan abogados de todas las corrientes políticas nacionales (radicales, peronistas oficialistas y disidentes, miembros de la Coalición Cívica, conservadores, socialistas, comunistas, etc.).-

Las críticas de “CORTENLA” básicamente apuntan a la desidia y a la inacción del CASI en dos áreas:

1.- la defensa de la Abogacía, y
2.- las deficiencias y/o casos de corrupción que se observan en la Administración de Justicia por parte de los Jueces y Magistrados judiciales de la zona.-

Las críticas y opiniones políticas del suscripto molestan e irritan a las autoridades del CASI quienes en los últimos años han intentado por varios medios “disciplinarme” y/o silenciarme.-

Es de fundamental importancia destacar que el blog ha sido reconocido judicialmente como un medio de prensa de un movimiento político de abogados opositor, en una querella por injurias que me inició una integrante del CASI, causa en la que fui absuelto el 04-10-2010.-

Se adjunta copia de dicha resolución.-

Esta sentencia ha sido apelada el 22-10-2010.-

Se adjuntan también copias de las propuestas políticas realizadas en los últimos tiempos.-

III.- EL SUJETO ACTIVO DE LA PERSECUCIÓN POLÍTICA: AUTORIDADES DEL COLEGIO DE ABOGADOS DE SAN ISIDRO, PCIA. BS.AS.

El Consejo Directivo del CASI hace mas de una década que ha sido “copado” por el “MOVIMIENTO RENOVADOR”, cuyo Jefe Político es un abogado llamado GUILLERMO SAGUES.-

Esta agrupación de abogados, nacida en 1965 y con fuertes lazos con personajes vinculados al ex presidente CARLOS MENEM, agrupa a abogados de origen conservador, ultra católicos, de extrema derecha y menemistas, en su gran mayoría. Sabido es que el “conservadorismo”, es y ha sido desde antaño una corriente política minoritaria que no solo gobernó al país en diversas oportunidades, sino que también apoyó y participó en todos y cada uno de los golpes militares que tumbaron la Democracia, el Estado de Derecho y la Constitución Nacional desde 1930 en adelante.-

Es decir que los “conservadores” han sido PROGOLPES y PROCESISTAS y por lo tanto un grave problema para la Democracia en tanto y en cuanto gobernaban con programas, proclamas y edictos militares, profanando de esta manera la legalidad reinante en provecho de sus propios negocios.-

Quiero dejar en claro que en la actualidad y conforme a lo expresamente establecido en los arts. 36 y 29 de la Constitución Nacional, todo aquel que se levanta contra el orden institucional y el sistema democrático es considerado un “infame traidor a la Patria”.-

El citado GUILLERMO SAGUES, integró el Jury de Enjuiciamiento que destituyó al Juez Roberto MARQUEVICH en la causa penal seguido a la Sra. HERRERO DE NOBLE por apropiación indebida de bebes desaparecidos en el gobierno militar vigente de 1976 a 1983. El “delito” del ex juez fue detener a la supuesta “apropiadora”.-

Y además ha iniciado un juicio contra GOOGLE INC. con el objeto de eliminar de su buscador toda información relacionada con el nombre GUILLERMO SAGUES que proviniera del blog “CORTENLA”.-

IV.- EL METODO EMPLEADO: SE TRATA DE “DISCIPLINAR” LA ACTIVIDAD POLÍTICA.-

Algunos Argentinos, como las autoridades del CASI, dan la impresión de que no se acostumbran a vivir en DEMOCRACIA, y pretenden volver a épocas pasadas cuando se intentaba prohibir todo pensamiento crítico y disidente con exilios, amenazas, agresiones verbales y físicas, provocaciones de toda laya, cárcel, proscripciones, persecuciones ideológicas, torturas, asesinatos, juicios por desacato, calumnias, injurias, etc.

Prueba de ello es el mail que me envió el día 26-10-2006 otro Abogado perseguido por las mismas autoridades, el Dr. Rubén CHAPARRO, donde da cuenta claramente del terror y de la persecución política que padeció por parte de dichas autoridades hasta el día de su fallecimiento ocurrido en el mes de febrero de 2008.-

Tratan de “disciplinar” la “actividad política” opositora usando herramientas legales que fueron creadas con otro fin.-

¿Y cuales son esas normas legales?

Los arts. 24, 25 y c.c. de ley 5177 de la Pcia. de Bs. As., crearon un sistema disciplinario aplicable a los abogados “en el ejercicio de la profesión”. Asi el art. 24 establece la obligación de fiscalizar el correcto ejercicio de la función de abogados y el decoro profesional. El art. 25 enumera algunos de los hechos que pueden provocar sanciones disciplinarias.-

“Los abogados y procuradores matriculados en el Colegio quedan sujetos a las sanciones disciplinarias del mismo, por las causas siguientes:
1 - Pérdida de la ciudadanía, cuando la causa que la determinare importe indignidad.
2 - Condena criminal.
3 - Violación de las prohibiciones establecidas en el artículo 60.
4 - Retención indebida de fondos o efectos pertenecientes a sus mandantes, representados, asistidos o patrocinados.
5 - Infracción manifiesta o encubierta a lo dispuesto en materia de aranceles y honorarios en la ley que regula la materia.
6 - Retardos o negligencias frecuentes o ineptitud manifiesta y omisiones en el cumplimiento de las obligaciones y deberes profesionales.
7 - Violación del régimen de incompatibilidades establecidas en el artículo 3º. Violación a las normas de ética profesional establecidas en el Código respectivo, sancionado por el Consejo Superior del Colegio de Abogados de la Provincia.
8 - Abandono del ejercicio de la profesión o traslado de su domicilio profesional fuera del Departamento Judicial, sin dar aviso dentro de los treinta días al Colegio de Abogados Departamental, cuando se deviene perjuicio a terceros.
9 - Inasistencia por parte de los miembros del Consejo Superior, Consejo Directivo y Tribunal de Disciplina a tres (3) sesiones consecutivas o cinco (5) alternadas en el curso de un año, sin causa justificada.
10 - Toda contravención a las disposiciones de esta Ley y del Decreto Reglamentario.”

ARTICULO 60°: Sin perjuicio de lo que disponen las leyes generales, está prohibido a los abogados:
1 - Patrocinar o asesorar a ambos litigantes en un juicio, simultáneamente o sucesivamente, o aceptar la defensa de una parte, si ya hubiere asesorado a la otra.
2 - Patrocinar y representar individual y simultáneamente a partes contrarias, los abogados asociados entre sí.
3 - Ejercer su profesión en un conflicto en cuya tramitación hubiere intervenido como magistrado, funcionario judicial o administrativo.
4 - Aceptar el patrocinio o representación en asuntos en que haya intervenido un colega, sin dar previamente aviso a éste, excepto en casos de extrema urgencia y con cargo de comunicárselo inmediatamente.
5 - Sustituir a abogado o procurador en el apoderamiento o patrocinio de un litigante, cuando ello provoque la separación de juez de la causa por algún motivo legal.
6 - Procurarse clientela por medios incompatibles con la dignidad profesional.

7 - Publicar avisos o realizar propaganda, por cualquier medio de difusión que pueda inducir a engaño a los clientes u ofrecer servicios contrarios o violatorios de las leyes.
La publicidad profesional se habrá de limitar a su nombre, dirección del estudio, títulos científicos, horario de atención al público, fuero, materia o asuntos a los que especialmente se dedique.
8 - Requerir directamente o por terceras personas o intermediarios remunerados para obtener asuntos.
9 - Celebrar contratos de sociedad profesional con personas que no sean abogados o procuradores.
10 - Celebrar contrato de sociedad con quienes no posean título de abogado o procurador, o integrar asociación o sociedad comercial que pueda tener por objeto exclusivo el ofrecimiento de servicios jurídicos. Sin embargo, el abogado o procurador podrá establecerformas asociativas no comerciales con otros profesionales universitarios, a través de la prestación de servicios con sentido interdisciplinario, siempre que ello no altere la independencia funcional e individualidad de la profesión y preserve la responsabilidad inherente a su calidad de profesional del derecho. En todos los casos deberá declarar la existencia de esa relación ante el Colegio Departamental respectivo.
11 - Constituir domicilio en oficinas públicas, excepto cuando se trate de funcionarios o empleados públicos que litiguen en calidad de tales y específicamente con motivo de su función

Este poder disciplinario ha sido delegado a los colegios de abogados departamentales, uno de ellos es el CASI, para investigar, juzgar y sancionar a los letrados que violan ciertas normas “en el ejercicio de la profesión”.-

El sistema funciona de la siguiente manera:
a.- ante una denuncia, el citado Consejo Directivo le da un plazo de 10 días al abogado denunciado para que “rinda explicaciones” sobre su proceder.-
b.- Las explicaciones son evaluadas por una “Comisión de Interpretación y Reglamento” que emite un dictamen.-
c.- Luego el Consejo decide si el caso pasa al Tribunal de Disciplina o se archiva.-
d.- Si pasa al Tribunal comienza un proceso pseudo-judicial regulado en la ley 5177.-

También puede el Consejo Directivo hacer denuncias por su cuenta, como ha ocurrido conmigo.-

El Tribunal de Disciplina está integrado en un 99% por militantes del señalado MOVIMIENTO RENOVADOR, y todos son, además, amigos y discípulos políticos de GUILLERMO SAGUES. Este poder disciplinario en manos de mis adversarios políticos del MOVIMIENTO RENOVADOR, sin embargo en los hechos se usa en forma ilegal y abusiva con el fin de perseguir a las voces disidentes que emiten críticas a la gestión gubernamental. Es decir que el oficialista MOVIMIENTO RENOVADOR maneja a su antojo los 3 órganos del CASI relacionados con el tema en cuestión:

1.- El Consejo Directivo,
2.- La Comisión de Interpretación y Reglamento, y
3.- El Tribunal de Disciplina.-

En estos 3 órganos está el verdadero PODER del MOVIMIENTO RENOVADOR para “disciplinar” a la OPOSICIÓN. Es decir, que ellos no solo actúan en carácter de denunciantes, sino que al mismo tiempo son jueces y partes. Por as autoridades denunciadas fueron todas recusadas, planteo este que fue rechazado en forma arbitraria. Los recusé por tener interés directo en el caso e intentar con esas denuncias sancionarme ilegalmente. Y los recusé, además, por tener intereses políticos manifiestamente contrarios y por tratarse de un caso muy claro de persecución política.-

A.- EL CASI CARECE DE PODER DISCIPLINARIO ALGUNO POR ACTOS QUE NO SON DERIVADOS DEL EJERCICIO PROFESIONAL.-

Conforme al espíritu y a la letra de la Ley 5177, el Colegio de Abogados de San Isidro tiene potestad o poder disciplinario sobre los Abogados de la matrícula cuando actúan en el ejercicio de su profesión.-

Este criterio debe ser interpretado en forma restrictiva para no caer en abusos que pongan en peligro la Libertad de los Abogados fuera de su actividad profesional.-

Es la misma Ley 5177 la que establece claramente que regula la profesión de abogado, el ejercicio profesional.-

Así, por ejemplo, el art. 24, como se ha señalado anteriormente ordena fiscalizar el correcto “ejercicio de la profesión de abogado...”.-

No es éste el caso que nos ocupa.-

En efecto: una detallada lectura de las notas que originan la denuncia, permite concluir claramente que no se trata de un acto realizado en el ejercicio de la actividad profesional de abogado, sino de mi actividad política, conceptos que nada tienen que ver uno con el otro.-

B.- MI CONDUCTA NO ENCUADRA DENTRO DE LAS PREVISIONES DEL ART. 25 DE LA LEY 5177. INEXISTENCIA DE INFRACCION ALGUNA.-

Alegan las autoridades del CASI mi conducta viola el art. 25 de la ley 5177, ya transcripto anteriormente, cosa que no es cierta, razón por la cual no tengo obligación de rendir explicaciones conforme a lo normado en la ley.-

Además, tampoco he violado ninguna norma relacionada con la ética profesional en el ejercicio de la profesión.-

C.- DENUNCIAS Y DICTAMENES DE COMISION INFUNDADOS. SE IMPUGNARON POR IMPROCEDENTES.-

Cuando el Consejo Directivo tomaba conocimiento de alguna nota “molesta” emitida por el suscripto, la remitía a una Comisión llamada de “Interpretación y Reglamento”, formada también por mis enemigos políticos, los bogados del MOVIMIENTO RENOVADOR, para que emitiera un dictamen, el cual siempre aconsejaba la formación de un Tribunal de Disciplina.-

Dichos dictamenes, siempre carecen de la debida identificación de la supuesta falta o infracción cometida y carecen de la debida fundamentación legal dado que se omite especificar cual fue en el caso a norma legal supuestamente vulnerada con mis expresiones.-

¿Cuál es la falta o infracción cometida?
¿Cuál norma ha sido supuestamente infringida?
¿Cuál es la norma de ética violada?

En las cédulas que me envían notificando el inicio del proceso, se dice que “por los fundamentos expuestos” corresponde solicitar explicaciones.-

Sin embargo se observa que solamente se transcribieron mis expresiones....y no existe ningún fundamento que explique el motivo por el cual debo rendir explicaciones.-

Esta anormalidad es metódica y manifiesta.-

Nada se dice al respecto, lo que provoca un estado de indefensión absoluto que viola elementales garantías y derechos constitucionales relacionados con la defensa en juicio y el debido proceso judicial.-

La arbitrariedad de la denuncia de marras se exterioriza dado que "la ilegalidad se configura cuando el acto u omisión se hallan desprovistos de todo sustento normativo, es decir cuando entraña la prescindencia lisa y llana de la ley".-

Ninguna duda cabe de que la acusación o denuncia integra la garantía del debido proceso, por cuanto el juicio debe tener por base una acusación concreta y oportunamente intimada (Fallos 125:10; 127:36; 189:34 y 308:1557).

Pues, nadie puede defenderse de algo que ignora.-

¿Constituye la acusación o denuncia el requerimiento indispensable para garantizar el debido proceso legal y la defensa en juicio?

La respuesta es afirmativa.-

En efecto, el requerimiento constituye la base y límite del juicio, toda vez que el hecho contenido en la sentencia no admite distinción de aquel descrito en la requisitoria del acusador sobre el que hubo de estructurarse la intimación verificada al comienzo del debate.-

D.- SANCIONES APLICABLES EN CASO DE CONDENA EN EL TRIBUNAL DE DISCIPLINA.-

Conforme lo establece el art. 28 de la ley 5177, las sanciones a la que estaría sujeto pueden ser:

1.- advertencia individual o en presencia del Consejo Directivo;
2.- Multa
3.- Suspensión hasta 2 años en el ejercicio de la profesión, y
4.- Exclusión de la matrícula profesional.-

Demás está decir que con la persecución política señalada se violan las siguientes libertades y garantías constitucionales:

1.- libertad de expresión,
2.- libertad de opinión,
3.- libertad de prensa.-
4.- libertad de trabajo.-
5.- debido proceso
6.- defensa en juicio.-
7.- Libertad para elegir y ser elegido.-

De tal modo, con la aplicación de este método persecutorio en forma desviada, ya que debería aplicarse en forma exclusiva cuando un abogado actúa ejerciendo su profesión y no por su actividad política, el CASI ha entrado en una forma de manifiesta opresión política, arbitraria e ilegítima, ilícita y antidemocrática, la que considero se encuadra en la conducta descripta en el art. 1° de la ley 23.592.-

No tengo la menor duda que la persecución señalada tiene por finalidad excluirme de la matrícula del Colegio de Abogados lo que me impediría seguir trabajando en mi profesión.-

V.- CAUSAS DISCIPLINARIAS INICIADAS POR EL CASI CONTRA EL DAMNIFICADO.-

Las causas iniciadas hasta el presente, y de las cuales tengo conocimiento son las siguientes:

1.- Causa N° 4153: Se me notificó el pase al Tribunal de Disciplina el 24-11-2009. Aún no me ha llegado la cédula para que efectúe mi defensa.-

2.- Causa N° 4241: Se me notificó el 29-11-2007. El motivo es una carta abierta al Presidente del CASI titulada “NO”.-

3.- Causa N° 4509: Se me notificó el 08-02-2010. El motivo es una nota dirigida al CASI titulada: “LAS PROSCRIPCIONES Y EL “OSCURANTISMO” SON PRACTICAS ANTIDEMOCRÁTICAS”.-

4.- Causa N° 4521: Se me notificó el 11-03-2010. El motivo es un mail emitido en mi calidad de Padre y Abogado del “FAU-GENTE DE DERECHO”.-

5.- Causa N° 4551: Se me notificó el 11-03-2010. El motivo es una nota dirigida al Presidente del CASI titulada: “EL ESTADO DE DERECHO Y LA ESTUPIDEZ – MAS SOBRE LOS TRIBUNALES DE FAMILIA”.-

Se adjuntan copias de todos los “sumarios”.-

En todas ellas, no obstante, “rendí explicaciones” ejerciendo mi derecho de defensa y rechazando todas las acusaciones que injusta e ilegalmente se me hacían.-

VI.- EL CASO “KIMEL” Y EL TRIBUNAL DE LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS.-

En la República Argentina rige el Estado de Derecho hace años por lo que la doctrina del “Caso Kimel” fue incorporada a su legislación a través de la reforma del Código Penal.-

“Corresponde despenalizar los delitos de calumnias e injurias cuando las expresiones se relacionan con funcionarios o figuras públicas o versan sobre temas de interés institucional. Se trata de comprender la importancia de la Libertad de Expresión en la Democracia” (Dr. Gregorio Badeni, La Nación, 29-08-2007, pág. 7).-

“El honor de los funcionarios o particulares involucrados en asuntos públicos tiene un nivel de protección atenuado cuando está en juego el ejercicio de la Libertad de Expresión y se trata de asuntos de interés públicos” (Dr. Eduardo Bertoni, ídem).-

Mis expresiones en definitiva constituyen una crítica a los actos de funcionarios públicos –autoridades de un Colegio de Abogados creado por la ley 5177- en el ejercicio de sus funciones de gobierno y sobre temas de interés institucional, situación prevista expresamente en el fallo dictado por el Tribunal de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que se señalara “ut supra”.-

No se debe ni se puede mandar a juicio y sancionar a un Letrado por criticar la pasividad del Consejo Directivo y dar su opinión política al respecto.-

VII.- ARBITRARIEDAD, ILEGALIDAD Y AGRAVIO CONSTITUCIONAL MANIFIESTOS.-

No caben dudas que los medios de comunicación deben estar al alcance de todo aquel que tenga algo que decir, por más rechazo que su parecer produzca. Pero lo que define a una sociedad democrática no es la censura, sino su capacidad para rechazar, desde el libre debate de ideas, todas aquellas alternativas que conduzcan al odio y a la violencia.



La arbitrariedad de la conducta discriminante se exterioriza dado que "la ilegalidad se configura cuando el acto u omisión se hallan desprovistos de todo sustento normativo, es decir cuando entraña la prescindencia lisa y llana de la ley".-
Se configura dicha arbitrariedad al denunciar e intentar juzgar al suscripto, como se ha comentado anteriormente, por hechos que no fueron realizados en el ejercicio de su profesión de abogado, sino como cualquier ciudadano que se lanza a la lucha política dentro de la democracia de una organización de abogados.-
La ley 5177 es muy clara al respecto, por lo que su ámbito de aplicación debe ser considerado en sentido restrictivo.-
El CASI manejado por el MOVIMIENTO RENOVADOR de GUILLERMO SAGUES, sin embargo, extiende en forma ilegal su poder disciplinario a la actividad política-democrática.-
La conducta denunciada en el acápite contradice expresamente el compromiso asumido por el Estado Nacional en el art. 75 inc. 22 de la Constitución Nacional y en particular, los artículos 1° apartado 1., 13 apartados 1,2 y 3 y 24 de la Convención Americana de Derecho Humanos (en adelante CADH) y los artículos 2 apartado 2.; 3; 19 apartado 1 y 2 y 26 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (en adelante PIDCP) .-
La palabra castellana “discriminación” proviene directamente de la locución latina “discriminare”, formada por el prefijo “dis” que remite a la noción de separar o poner aparte, y la locución “crimen”, que connota la noción de juicio. De este modo, “discriminare” significa el juicio que separa, distingue o discierne. Pero las dificultades en su definición provinieron de una progresiva carga emocional negativa al tiempo que su uso se fue generalizando, adquiriendo en consecuencia una vaguedad e indeterminación que, precisamente, atenta contra los fines de la cuestión como la aquí tratada.-
Asimismo podemos colegir que el concepto de la discriminación que la ley N° 23.592 recepta no es en esencia idéntica a la sola falta de tratamiento igualitario de una persona en una determinada situación; sino que resulta de una diferenciación arbitraria sumada a la intencionalidad de segregar a la misma bajo pretextos o con fundamentos denigrantes; reconociéndose la diferencia con el único basamento en la mera forma de ser o de pensar, a la que además se le adjuntan componentes de menosprecio e inferioridad, con la clara intención de fomentar su desprecio.-
La obligación asumida por el Estado Nacional de respetar y garantizar los derechos humanos, al constitucionalizar –art. 75 inc. 22º de la Const. Nacional - los standars receptados por los tratados internacionales y proscribir la arbitrariedad y la prohibición de la discriminación, dan una particular conformación al derecho a la libertad de expresión e información.

En el ámbito del Sistema Interamericano de Derechos Humanos existen varios documentos normativos que ofrecen algunas manifestaciones sobre la noción de discriminación.-
El Comité Interamericano de Derechos Humanos se ha referido a la noción de discriminación diciendo que: “el Comité considera que el término ‘discriminación’, tal como se emplea en el Pacto, debe entenderse referido a toda distinción, exclusión, restricción o preferencia que se basen en determinados motivos, como la raza, el color, el sexo, el idioma, la religión, la opinión política o de otra índole, el origen nacional o social, la posición económica, el nacimiento o cualquier otra condición social, y que tengan por objeto o por resultado anular o menoscabar el reconocimiento, goce o ejercicio, en condiciones de igualdad, de los derechos humanos y libertades fundamentales de todas las personas”.-
En similar sentido, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (en adelante CIDH) se ha pronunciado sobre la discriminación, distinguiéndola de la noción de igualdad ante la ley indicando que: “En función del reconocimiento de la igualdad ante la ley se prohibe todo tratamiento discriminatorio de origen lega”.-
En virtud de la noción de igualdad, podemos afirmar que es incompatible la dignidad esencial que toda persona posee por sus naturales cualidades intrínsecas de genero humano, que, se menoscabe o disminuida por considerarla inferior a un determinado grupo, o que se la trate con hostilidad o de cualquier forma lo discrimine del goce de derechos que sí se reconocen a quienes no se consideran incursos en tal situación de inferioridad.-
No es admisible crear diferencias de tratamiento entre seres humanos que no se correspondan con su única e idéntica naturaleza.-
Debe destacarse que los derechos humanos encuentran fundamento y origen en la dignidad de todos los seres, la cual es igual para todos, no susceptible de distinción, escisión o división; en ese sentido, los Derechos Humanos, como una expresión del ordenamiento jurídico no puede tener otro fundamento último que el reconocimiento, la protección y la garantía de la dignidad humana y su inviolabilidad, y en ese sentido, la interdicción de la arbitrariedad y la prohibición de la discriminación pasan a ser, más que postulados normativos, condiciones de legitimidad de la acción de los Estados.-
Una actuación motivada arbitrariamente o estimulante de la discriminación, como la denunciada, carece de legitimidad.-
El artículo 13 de la CADH prescribe que:“1. Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento y de expresión. Este derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento de su elección....2. El ejercicio del derecho previsto en el inciso precedente no puede estar sujeto a previa censura sino a responsabilidad ulteriores, las que deben estar expresamente fijadas por la ley y ser necesarias para asegurar: a. El respeto a los derechos o a la reputación de los demás, b. La protección de la seguridad nacional, el orden público o la salud o la moral públicas....3. No se puede restringir el derecho de expresión por vías o medios indirectos, tales como el abuso de controles oficiales o particulares de papel para periódicos, de frecuencias radioeléctricas, o de enseres y aparatos usados en la difusión de información o por cualesquiera otros medios encaminados a impedir la comunicación y la circulación de ideas y opiniones.......5. Estará prohibida por la ley toda propaganda en favor de la guerra y toda apología del odio nacional, racial o religioso que constituyan incitaciones a la violencia o cualquier otra acción ilegal similar contra cualquier persona o grupo de personas, por ningún motivo, inclusive los de raza, color, religión, idioma u origen nacional.”.-
Sobre la libertad de expresión y los alcances de ésta en la sistemática de los derechos humanos se han configurado ya algunas ideas importantes que es necesario retomar.-
En primer lugar, con relación al artículo 13 CADH se ha destacado que el alcance del mismo es, en comparación con el contenido de las otras normas pertenecientes a los restantes sistemas internacionales de protección a los derechos humanos atinentes a la libertad de expresión, el más amplio.-
Por otra parte también se ha destacado que el contenido esencial de la libertad de expresión no se agota con la posibilidad de decir cada persona lo que considere y desee, sino que implica el derecho de buscar, recibir y difundir, tanto informaciones como ideas; desde esa perspectiva, se ha interpretado que el derecho a la libertad de expresión es de una dimensión dual, pues implica, por una parte, la consideración de un emisor que difunda opiniones e informaciones, pero también la consideración de un receptor que pueda buscar y recibir tales opiniones e informaciones.-
Asimismo, el sistema interamericano ha considerado que la libertad de expresión no sólo es un derecho que permite la protección y el desenvolvimiento libre de la dignidad de las personas, sino que también es una piedra angular para la consolidación de la democracia, que es, en definitiva y considerada como sistema de gobierno, otra de las fuentes de los derechos humanos.-
De igual forma se ha destacado que la libertad de expresión, dentro del esquema de la CADH implica la prohibición de la censura previa, y la habilitación exclusiva de responsabilidades ulteriores, que deben estar fijadas por ley y fundarse en algunos de los motivos que la Convención Americana autoriza como necesarios en una sociedad democrática.-
Por otra parte, se ha destacado que una adecuada indagación de los hechos a los efectos de concluir sobre la eventual existencia de una violación a la libertad de expresión debe realizarse teniendo en cuenta el contexto en el que esta se desarrolla, con el propósito de advertir claramente los motivos y resultados de una presión directa o indirecta en el ejercicio de la libertad de expresión.-
Sin duda la mayor cantidad de pronunciamientos sobre la situación de la libertad de expresión, con relación a situaciones y circunstancias prácticas, proviene de la Comisión Interamericana.-

Ha sido el Relator Especial para la Libertad de Expresión quien ha dado cuenta de los diversos temas abordados por ese organismo internacional, siendo ellos los relativos a violencia y asesinatos de comunicadores sociales, intimidación, amenazas y hostigamiento a consecuencia de expresiones, censura previa, responsabilidades ulteriores por declaraciones, colegiación obligatoria para el ejercicio profesional del periodismo, restricciones indirectas a la libertad de expresión, derecho a la verdad y derecho a réplica.-
Sin embargo, hasta el momento no se han conocido pronunciamientos relacionados directamente con el abuso de poder disciplinario de un colegio de abogados como un mecanismo de premio o castigo hacia los medios de comunicación de organizaciones políticas por ocasión de sus líneas editoriales e/o informativas.-
Una manifestación de la importancia del tema en el funcionamiento del sistema se aprecia con la aprobación, por parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en su 108 período de sesiones desarrollado en octubre 2000, de la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión (en adelante DPLE), que recoge, como su nombre lo indica, un conjunto de principios que dentro del sistema interamericano dan contenido específico al derecho a la libertad de expresión establecido por el artículo 13 CADH.-
Este artículo reconoce que el derecho a la libertad de expresión no sólo puede ser coartado mediante censura previa, sino también a través de vías o medios indirectos, ejemplificando algunas de esas vías o medios indirectos que pueden ser empleados; el artículo 13.4 CADH dispone el único caso admisible de censura previa, y las únicas finalidades que pueden justificar su utilización; y finalmente, el artículo 13.5 CADH crea la obligación a los Estados para prohibir ciertos tipos de expresión que se orienten a promover el odio nacional, racial o religioso.-
Sobre la obligación de respetar los derechos y libertades reconocidos en la Convención, la CIDH ha señalado que: ”en toda circunstancia en la cual un órgano o funcionario del Estado o de una institución de carácter público lesione indebidamente uno de tales derechos (consagrados en la Convención), se está ante un deber de inobservancia del deber de respeto…(E)l Estado responde por los actos de sus agentes realizados al amparo de su carácter oficial y por las omisiones de los mismos aún si actúan fuera de los límites de su competencia o en violación del derecho interno”.-
En lo que se refiere a la segunda obligación, la de “garantizar” el pleno y libre ejercicio de los derechos reconocidos en la Convención, la Corte ha dicho que esta obligación implica: “el deber de los Estados de organizar todo el aparato gubernamental y, en general, todas las estructuras a través de las cuales se manifiesta el ejercicio del poder público, de manera tal que sean capaces de asegurar jurídicamente el pleno y libre ejercicio de los derechos humanos. Como consecuencia de esta obligación los estados deben prevenir, investigar y sancionar toda violación de los derechos reconocidos en la Convención y procurar, además, el restablecimiento, si es posible, del derecho conculcado y, en su caso, la reparación de los daños producidos por la violación de los derechos humanos”.-
Asimismo, la CIDH ha señalado que "la obligación de garantizar el libre y pleno ejercicio de los derechos humanos no se agota con la existencia de un orden normativo dirigido a hacer posible el cumplimiento de esta obligación, sino que comporta la necesidad de una conducta gubernamental que asegure la existencia, en la realidad, de una eficaz garantía del libre y pleno ejercicio de los derechos humanos”.-
Resulta claro, en consecuencia, que los gobiernos (en el caso la autoridad del CASI— no pueden, según la Convención Americana, utilizar el dinero de los contribuyentes para presionar a los medios de comunicación cuya crítica política les resulta molesta a través de la formación de procesos disciplinarios.-
El Dr. Belluscio ha dado un concepto del que no se puede prescindir para la solución de esta contienda: “...entre las libertades que la Constitución Nacional consagra, la de Prensa es una de las que poseen mayor entidad, al extremo de que sin su debido resguardo existiría sólo una democracia desmedrada o puramente nominal; incluso no sería aventurado afirmar que, aún cuando el art. 14 enuncia derechos meramente individuales, está claro que la Constitución, al legislar sobre libertad de prensa, protege fundamentalmente su propia esencia democrática contra toda posible desviación tiránica” (fallos 248:291, cons. 25.)”.-
Esta ponderación de razonabilidad aparece reiterada en el Considerando 13. de la sentencia de la Corte en el caso “S.A. La Nación s/ inf. Ley 11.683” (del 9 de diciembre de 1993) y en el Considerando 6º del voto conjunto de Fayt, Levene (h), Nazareno y Moliné O´Connor en los mismos autos.-
En su voto propio, el Dr. Fayt señala en su considerando 6º. que “...la prensa en nuestro país, en tanto medio de expresión referido... a sus productos – el libro y el diario-, debe ser objeto de la máxima protección jurisdiccional en todo cuando se relacione con su finalidad de servir leal y honradamente a la información y a la formación de la opinión pública, es decir a la función que deben cumplir los diarios en servicio de la comunidad.”.-
La CADH, en su artículo 13, asienta los principios inclaudicables en materia de sujetos y medios en el ejercicio del derecho a la información, señalando que toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento y de expresión, la cual puede ser ejercida por todos los medios y no puede ser objeto de censura, sin perjuicio de las responsabilidades ulteriores.-
También aparece este reconocimiento en la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre en su artículo 4 señala que “Toda persona tiene derecho a la libertad de investigación, de opinión y de expresión y difusión del pensamiento por cualquier medio”.-
Reiteradamente la Corte Interamericana ha señalado que : “La libertad de expresión es una piedra angular en la existencia misma de una sociedad democrática. Es indispensable para la formación de la opinión pública...Es, en fin, condición para que la comunidad, a la hora de ejercer sus opciones, esté suficientemente informada. Por ende, es posible afirmar que una sociedad que no esté bien informada, no es plenamente libre.”

En este sentido, el Informe del año 2002 del Relator de Libertad de Expresión de la OEA señala que “Con toda certeza podría afirmarse que el estándar básico para la interpretación del contenido del derecho a la libertad de expresión lo constituye su ligazón a la democracia, y por ello resulta un derecho humano que si se pierde, pone en peligro la vigencia de todos los demás. Consecuentemente, la protección del derecho a expresar las ideas libremente es fundamental para la plena vigencia del resto. Sin libertad de expresión e información no hay una democracia plena, y sin democracia, la triste historia hemisférica ha demostrado que desde el derecho a la vida hasta la propiedad son puestos seriamente en peligro.”
Pero los principios de universalidad a los que nos hemos referido como resultado de los tratados internacionales que consagran, protegen y garantizan el derecho a la información exceden de la persona de quien podemos denominar como emisores o sujetos productores de la información.-
Efectivamente, el derecho a la información solo, o la libertad de expresión sola, no tendría mayor sentido si no estuviera acompañado de otros derechos.-
De lo expuesto se deduce fácilmente, que el derecho a ser informado trae aparejado, automáticamente, otros derechos: a) el derecho o facultad de los periodistas a recabar la información en nombre de la sociedad; b) la libertad de difundir sin interferencias de ningún tipo esta información; c) la libertad de recibir la información, que es la contracara de la libertad anterior, ya que si tengo derecho a proveer de información, otros tiene derecho a recibirla.
El derecho humano a estar adecuadamente informado -a su vez, legitimador del derecho a investigar y transmitir información- opera como condición necesaria para el ejercicio de otros derechos fundamentales y como facilitador para que la sociedad y cada uno de sus miembros puedan, en el campo del derecho público, participar en la gestación y construcción de las leyes, criticar y controlar los actos de gobierno y, en el terreno del derecho privado, orientar su comportamiento para tomar decisiones.-
El artículo 13 señala que la libertad de pensamiento y expresión " comprende las dos dimensiones de la libertad de expresión. En efecto, ésta requiere, por un lado, que nadie sea arbitrariamente menoscabado o impedido de manifestar su propio pensamiento y representa, por tanto, un derecho de cada individuo; pero implica también, por otro lado, un derecho colectivo a recibir cualquier información y a conocer la expresión del pensamiento ajeno”.
No sin dejar de mencionar, además, que según palabras de la propia CIDH, la comparación hecha entre el artículo 13 y las disposiciones relevantes de la Convención Europea ( artículo 10 ) y del Pacto ( artículo 19 ) demuestra claramente que las garantías de la libertad de expresión contenidas en la CADH fueron diseñadas para ser las más generosas y para reducir al mínimum las restricciones a la libre circulación de las ideas.
El Tribunal Europeo de Derechos Humanos en el caso “Informationsverein Lentia y otros c/ Austria”, analiza el respeto a la libertad de expresión e información desde la perspectiva de la doctrina de las injerencias.
Así, el Tribunal establece que el Estado es el último garante de la libertad de información. Ello supone, en definitiva, la adopción de medidas por parte del Estado tendientes a garantizar el pluralismo informativo, la cual ha enfatizado – ese Tribunal Europeo – por el “rol fundamental de la libertad de expresión en una sociedad democrática, en particular donde a través de la prensa, ella sirve a difundir informaciones e ideas de interés general, las cuales el público tiene, sobre todo, derecho a recibir”. Por ejemplo, mutatis mutandis, The Observer and The Guardian v. the United Kingdom del 26 Nov. 1991, Series A no. 216, pp. 29-30, “[...] Este compromiso no puede ser exitosamente llevado a cabo a menos que esté asentado en el principio del pluralismo, del cual el Estado es el último garante.” (par. 59).-
El consenso observado en los órganos de derechos humanos de América y de Europa pone de manifiesto que la protección de la libertad de expresión como elemento indispensable de la democracia se encuentra perfectamente fundamentada en el derecho internacional.
Al protegerse este derecho conforme lo estipula el artículo 13 de la Convención, la CIDH no ha hecho más que reforzar el propósito de la Convención, que es el de crear un sistema de "libertades personales y justicia social" dentro del "marco de las instituciones democráticas". Resulta evidente que el derecho a la libertad de expresión y pensamiento garantizado por la Convención está indisolublemente vinculado a la existencia misma de una sociedad democrática. Es más, la plena y libre discusión evita que se paralice una sociedad y la prepara para las tensiones y fricciones que destruyen las civilizaciones. Una sociedad libre, hoy y mañana, es aquélla que pueda mantener abiertamente un debate público y riguroso sobre sí misma.
Dice la Corte Interamericana de Derechos Humanos en la Opinión Consultiva 5/85 "...en principio la libertad de expresión requiere que los medios de comunicación estén virtualmente abiertos a todos sin discriminación o, más exactamente, que no haya individuos o grupos que a priori, estén excluidos del acceso a tales medios, exige igualmente ciertas condiciones respecto de estos, de manera que, en la práctica, sean verdaderos instrumentos de esa libertad y no vehículos para restringirla. Son los medios de comunicación social los que sirven para materializar el ejercicio de la libertad de expresión, de tal modo que sus condiciones de funcionamiento deben adecuarse a los requerimientos de esa libertad. Para ello es indispensable la pluralidad de medios y la prohibición de todo monopolio respecto de ellos, cualquiera fuera la forma que pretenda adoptar...".
Se ve también recogida esta tesitura de universalidad de medios y sujetos por la CIDH, cuando subraya, con arreglo al art. 13 del Pacto antes transcripto, las dimensiones individuales y sociales de la libertad de expresión: "[...] así como comprende el derecho de cada uno a tratar de comunicar a los otros sus propios puntos de vista implica también el derecho de todos a conocer opiniones y noticias. Para el ciudadano común tiene tanta importancia el conocimiento de la opinión ajena o de la información que disponen otros como el derecho a difundir la propia [...]" y también: "La libertad de prensa no se agota en el reconocimiento teórico del derecho a hablar o escribir, sino que comprende, inseparablemente, el derecho a utilizar cualquier medio apropiado para difundir el pensamiento y hacerlo llegar al mayor número de destinatarios...".


Asimismo, la CIDH entiende que: "Cuando la Convención proclama que la libertad de pensamiento y expresión comprende el derecho de difundir informaciones e ideas "por cualquier... procedimiento", está subrayando que la expresión y la difusión del pensamiento y de la información son indivisibles, de modo de que una restricción de las probabilidades de divulgación representa directamente, y en la misma medida, un límite al derecho de expresarse libremente".-
"Las dos dimensiones mencionadas (supra 30) de la libertad de expresión deben ser garantizadas simultáneamente. No sería lícito invocar el derecho de la sociedad a estar informados verazmente para fundamentar un régimen de censura previa supuestamente destinado a eliminar las informaciones que serían falsas a criterio del censor. Como tampoco sería admisible que, sobre la base de derecho a difundir informaciones e ideas, se constituyeran monopolios públicos o privados sobre los medios de comunicación para intentar moldear la opinión pública desde un solo punto de vista".
En igual sentido se ha expresado la Comisión respecto a la importancia de los medios de radiodifusión y su inclusión en los ámbitos de la universalidad reconocida por el artículo 13 de la C.A.D.H.-
Además, en el art. 14 de la Constitución Nacional se dispone que todos los habitantes de la Nación gozan del derecho de publicar sus ideas por la prensa sin censura previa, mientras que en el art. 32 se establece que "el Congreso federal no dictará leyes que restrinjan la libertad de prensa o establezcan sobre ella la jurisdicción federal".-
En este orden de ideas, la Corte Suprema, en el fallo "Ponzetti de Balbín" , del 11/12/1984 , de modo claro ha establecido que lo estatuido sobre la libertad de prensa en nuestra ley fundamental no debe ser apreciado en un sentido literal, sino de un modo amplio y abarcativo de la libre expresión e información por otros medios diferentes a la prensa escrita (CSJN Fallos 306:1892 ).-

VIII.- RESERVA POR DAÑOS Y PERJUICIOS.-

Hago reserva de ejercer todas las acciones legales en defensa de los legítimos derechos que atañen a la Defensa de la Abogacía y de la actividad política partidaria que desempeño hace mas de dos año en el Movimiento Político señalado.-

Hago reserva de accionar por daños y perjuicios, contra contra el CASI y sus autoridades, en forma solidaria.-

IX.- DERECHO:

El caso se rige por el art. 1° de la ley 23.592, los artículos 14 (derecho la libertad de expresión sin censuras previa), 16 (igualdad ante la ley), 19 (nadie puede ser privado de lo que no esté prohibido por una ley), 28 (principio de razonabilidad de las leyes), y 31 (principio de jerarquía normativa) y concordantes de la Constitución Nacional, entre otros.-

Invoco, además, mi defensa en los instrumentos internacionales de derechos humanos incorporados a nuestra Constitución Nacional, y en particular bajo la estricta observancia de los artículos 1° apartado 1., 13 apartados 1,2 y 3 y 24 de la Convención Americana de Derecho Humanos (en adelante CADH) y los artículos 2 apartado 2.; 3; 19 apartado 1 y 2 y 26 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (en adelante PIDCP).-

X.- PRUEBA:

Ofrezco la siguiente:

1.- Documental: toda la que se agrega a la presente denuncia.-

2.- Testigos: se cite a declarar a los siguientes testigos ....................

3.- Informativa:

A.- se libre oficio al COLEGIO DE ABOGADOS DE SAN ISIDRO: a fin de que se expida sobre los siguientes puntos: 1) remita copia de todas las listas de agrupaciones políticas presentadas desde el año 1990 a la fecha con motivos de las elecciones que se llevaron a cabo en dicha institución; 2) indique que cargos ha ocupado dentro de la estructura del CASI el Dr. GUILLERMO SAGUES e indique por cual lista fue propuesto; 3) Remita todas las denuncias, presentaciones y causas disciplinarias relacionadas con el Dr. Roberto Oscar Vicente TERRILE (T° XIV F° 394 CASI); 4) remita todos los antecedentes relacionados con el incidente protagonizado por el Dr. Gregorio DALBON con el juez OCHOA, titular del Juzgado Correccional N° 4 de San Isidro, Provincia de Buenos Aires; 5) remita copia de la resolución del Consejo Directivo relacionada con el mismo caso; 6) indique los períodos en los cuales el Dr. Guillermo SAGUES ocupó el cargo de Presidente del Consejo Directivo, indicando expresamente las fechas de asunción y de expiración del mandato.-

B.- Se libre oficio al Juzgado Correccional N° 6 de San Isidro a fin de que remita la causa “TERRILE, ROBERTO OSCAR VICENTE S/INJURIAS”.-

C.- Se libre oficio al Colegio Público de Abogados de la Capital Federal a fin de que informe sobre los siguientes puntos relacionados con el abogado TERRILE, ROBERTO OSCAR VICENTE: a) si integra la Asamblea de dicha institución, b) en caso afirmativo fechas de comienzo y fin de su mandato, c) si el citado letrado fue elegido por la lista “GENTE DE DERECHO – LISTA 47”.-

D.- Se libre oficio al Juzgado Civil y Comercial Federal N° 5, Secretaría N° 9, de esta ciudad (Libertad 731) a fin de que remita la causa: “SAGUES, GUILLERMO C7GOOGLE INC. S/MEDIDAS CAUTELARES (EXPTE. N° 10646/2008)”.-

XI.- PETITORIO

Por lo expuesto, solicito:

1.- Se me tenga por presentado, por parte y por constituido el domicilio legal indicado;
2.- Se tengan presentes las reservas efectuadas.-
3.- Se tenga por ofrecida la prueba.-
3.- Oportunamente se declare discriminatoria la conducta de las autoridades del CASI.-

Tener presente lo expuesto y proveer de conformidad, que

SERA JUSTICIA

ROBERTO OSCAR V. TERRILE
ABOGADO

COMISION DE DEFENSA DEL ABOGADO DEL
“FRENTE DE ABOGADOS UNIDOS (FAU) – GENTE DE DERECHO”
“CORRIENTE ORDEN, RESPETO Y TRABAJO EN LA ABOGACÍA”
(CORTENLA)”

INADI: DENUNCIA CONTRA EL CASI POR PERSECUCION POLITICA

El día 4 de Noviembre de 2010 denuncié ante el INADI a las autoridades del Consejo Directivo del Colegio de Abogados de San Isidro por ser autores de actos de discriminación y/o persecución polìtica en mi contra (art. 1º Ley 23.592).-

La denuncia fue realizada en mi condición de integrante de la agrupación política "CORRIENTE, ORDEN, RESPETO Y TRABAJO EN LA ABOGACIA (CORTENLA)", y como Presidente de la COMISION DE DEFENSA DEL ABOGADO de la agrupación política "FRENTE DE ABOGADOS UNIDOS DE SAN ISIDRO (FAU) - GENTE DE DERECHO".-

El INADI ya le ha solicitado al CASI que en el plazo de 10 días rinda explicaciones sobre su proceder.-

Seguiremos informando sobre tal grave problema.-

FELIZ NAVIDAD

Por mi querido Jesús de Nazareth, el hijo del carpintero, el Eterno Caminante, el Revolucionario del Amor, de la Paz y de la Decencia.-

Por los padres e hijos que están injustamente impedidos de celebrar juntos esta Navidad.-

Por los chicos explotados, violados y asesinados dentro y fuera de las panzas.-

Por mis queridos amigos de “Gente de Derecho” y por todos los Abogados que patean diariamente los Tribunales.-

Por mis amigos de toda la vida que me bancaron y me bancan en las malas y en las buenas.-

Por la mujer que amo, Karina, y su Bauti.-

Por mis hijas y todos los hijos robados a traves del SAP, para que algún día descubran la verdad y sepan que existen padres que los aman.-

Por mis enemigos, a los cuales perdono y ruego que Papá Noel les regale a cada uno de ellos una bolsa llena de neuronas y sentido común.-

Por aquellos que todavía tienen hambre y sed de Justicia.-

Por los jóvenes y adolescentes argentinos, quienes tendrán la descomunal tarea de reconstruir nuestra Patria.-

Por los que pelean para que sus sueños e ilusiones se hagan realidad.-

Por los perseguidos a causa de sus ideales y principios.-

Por todos aquellos que ya no están y que marcaron con su ejemplo el Camino de la Vida.-

Por las víctimas de esta Argentina tan corrupta e inmoral.-

Por mi vieja, mis hermanos, mis sobrinos, mis primos, mis tíos y demás integrantes de mi familia.-

Por mi querido hijo Roby que me llenó de amor y orgullo durante estos últimos años.-

Y por mi viejo, para que sea muy feliz y disfrute de su Nueva Vida como lo hizo en la Tierra.-

Por todos ellos levantaré mi copa esta Nochebuena.-

¡¡¡ Feliz Navidad ¡!!

ROBERTO TERRILE

ABOGADO

JESUSISTA POR ELECCION

20 DE NOVIEMBRE: DIA INTERNACIONAL DE LOS DERECHOS DEL NIÑO - HOMENAJE A "AMOR DE PAPA" (CHILE)

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GUILLERMO SAGUES. LA RECUSACION DE MARQUEVICH - FALLO COMPLETO

///nos Aires, 10 de marzo de 2004.

Y VISTOS: La recusación deducida por el
juez Dr. Roberto José Marquevich contra el miembro de
este Jurado de Enjuiciamiento, Dr. Guillermo Ernesto
Sagués.

Y CONSIDERANDO:

1°) Que en el plazo previsto por el
Reglamento Procesal para deducir recusaciones
(art.11), el Dr. Marquevich, recusa al Dr. Sagués por
haberse referido con “comentarios insidiosos” respecto
al magistrado acusado y también en lo concerniente a
la actuación jurisdiccional de éste en la causa motivo
del presente enjuiciamiento “defendiendo a su vez la
situación procesal de la Sra. Ernestina Herrera de
Noble”, con lo cual habría adelantado “su futura
postura como integrante del Jurado”. Expresa que tales
manifestaciones habrían sido efectuadas por el Dr.
Sagués en una cena realizada en la casa del periodista
Gonzalo Aramburú en presencia del periodista Polito.
2°) Que al contestar la vista conferida,
el Dr. Guillermo Sagués, si bien manifestó que asistió
a la cena de mención, negó “haber efectuado
consideraciones y comentarios de ninguna especie
acerca de la persona del doctor Roberto José
Marquevich, de su actuación como magistrado o sobre la
situación procesal de la Sra. Ernestina Herrera de
Noble”. Ofreció el testimonio de los Dres. Luis
Alberto Zelaya, Carlos Osvaldo Gerome, Gregorio Corach
y Facundo Cubas, todos ellos magistrados de la
justicia nacional, quienes asistieron a la cena de
mención y compartían la misma mesa que el Dr. Sagués.
3°) Que los Dres. Zelaya, Gerome, Corach
y Cubas declararon por escrito y negaron haber
escuchado al Dr. Sagués efectuar consideración alguna
acerca del Dr. Marquevich o de la situación procesal
de la Sra. Herrera de Noble.
Por su parte el Dr. Roberto Polito relató
que al ingresar a la casa de Gonzalo Aramburú -antes
de sentarse a la mesa-, se hallaba conversando con el
juez civil Dr. Ramos Feijoó quien le presentó al Dr.
Sagués y al enterarse el declarante de que el nombrado
era miembro del Jurado de Enjuiciamiento, le preguntó
sobre el juicio al juez Marquevich y el Dr. Sagués
“hizo un comentario de tono insidioso hacia su persona
y descalificante... que el juicio lo veía mal...que le
parecía un despropósito lo que había hecho el doctor
Marquevich”.
4°) Que las partes informaron por escrito
en reemplazo del informe oral previsto por el art. 61
del Código Procesal Penal. El Dr. Mariano Maciel,
defensor oficial del juez Marquevich, considera que la
opinión del Dr. Sagués, al calificar la actuación del
juez Marquevich en relación a la Sra. Herrera de Noble
como un despropósito, “resulta sin duda demostrativa
de la actitud parcial en que se ya se habría
establecido el Dr. Sagués, por una parte en favor de
la situación de la encartada Herrera de Noble, y por
la otra, de crítica en desmedro del comportamiento en
ese proceso judicial del Dr. Roberto Marquevich”.
Por su parte el Dr. Sagués ratifica su
informe de fs. 4/5 y niega de manera categórica haber
efectuado “... durante el encuentro que se llevara a
cabo en el domicilio del señor Gonzalo Aramburú,
consideraciones o comentarios de ninguna especie
acerca de la persona del doctor Roberto José
Marquevich, de su actuación como magistrado o sobre la
situación procesal de la Sra. Ernestina Herrera de
Noble. ...Por otra parte, no conozco al señor Roberto
Polito... En suma, entiendo que no existen elementos
para sustentar un temor de parcialidad, a lo que debo
agregar que mi ánimo para decidir en esta causa no se
encuentra afectado en modo alguno...”
5°) Que el artículo 10 del Reglamento
Procesal establece que “los miembros del Jurado podrán
ser recusados ...en los supuestos previstos por el
art.55 del Código Procesal Penal de la Nación”, razón
por la cual para resolver la recusación del miembro de
este Jurado, Dr. Guillermo Sagués, han de examinarse
los principios aplicables a la recusación de los
jueces.
Las causales de recusación deben
interpretarse en forma restrictiva. Ello es así no
sólo por ser un acto de singular gravedad, dado el
respeto que se debe a la investidura de los
magistrados, sino también porque en la mencionada
cuestión debe atenderse tanto el interés particular
como el general, que puede verse afectado por el uso
inadecuado de este medio de desplazamiento de la
competencia para llegar a la situación de recusar
discrecionalmente a los jueces y generar -a la vez- un
innecesario desgaste jurisdiccional con la afectación
de los principios básicos de una razonable economía
procesal (Jurado de Enjuiciamiento, causa “Murature”,
resolución del 13/12/2001, cons.3°).
6°) Que dado que el recusante considera
que el Dr. Sagués habría adelantado su postura adversa
como integrante del Jurado, en relación a la causa
tramitada contra el juez Marquevich, corresponde
recordar que el prejuzgamiento se configura cuando el
juez formula, con anticipación al momento de la
sentencia, una declaración en forma precisa y fundada
sobre el mérito del proceso, o bien cuando sus
expresiones permiten deducir su actuación futura por
haber anticipado su criterio, de manera tal que las
partes alcanzan el conocimiento de la solución que
dará al litigio por una vía que no es la prevista por
la ley en garantía de los derechos comprometidos
(CS,Fallos: 313: 1277, voto de los jueces Levene,
Cavagna Martínez, Fayt y Belluscio).
7°) Que en el presente enjuiciamiento, la
versión que da el testigo Polito se contrapone a lo
aseverado por el Dr. Sagués y los testigos aportados
por el miembro recusado no son útiles para resolver la
cuestión, dado que las supuestas expresiones no
habrían sido proferidas en la presencia de ellos.
Por lo expuesto, el Jurado,
RESUELVE:
Rechazar la recusación formulada por el
señor juez Dr. Roberto Marquevich contra el señor
miembro de este Jurado Dr. Guillermo Ernesto Sagués.
Notifíquese.
Fdo.: AUGUSTO CESAR BELLUSCIO, MANUEL JUSTO BALADRÓN,
JORGE ALFREDO AGUNDEZ, SERGIO OSCAR DUGO, EDUARDO A.
ROCA, HORACIO V. BILLOCH CARIDE, SERGIO ADRIAN GALLIA
Y ENRIQUE PEDRO BASLA. Ante mi: SILVINA G. CATUCCI,
Secretaria General.
Ampliación de fundamentos de los señores miembros del
Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados de la Nación,
doctores Augusto César Belluscio, Enrique Pedro Basla,
Sergio Adrián Gallia y Eduardo Alejandro Roca.
Y CONSIDERANDO:
1°) Que en el plazo previsto por el
Reglamento Procesal para deducir recusaciones
(art.11), el Dr. Marquevich, recusa al Dr. Sagués por
haberse referido con “comentarios insidiosos” respecto
al magistrado acusado y también en lo concerniente a
la actuación jurisdiccional de éste en la causa motivo
del presente enjuiciamiento “defendiendo a su vez la
situación procesal de la Sra. Ernestina Herrera de
Noble”, con lo cual habría adelantado “su futura
postura como integrante del Jurado”. Expresa que tales
manifestaciones habrían sido efectuadas por el Dr.
Sagués en una cena realizada en la casa del periodista
Gonzalo Aramburú en presencia del periodista Polito.
2°) Que al contestar la vista conferida,
el Dr. Guillermo Sagués, si bien manifestó que asistió
a la cena de mención, negó “haber efectuado
consideraciones y comentarios de ninguna especie
acerca de la persona del doctor Roberto José
Marquevich, de su actuación como magistrado o sobre la
situación procesal de la Sra. Ernestina Herrera de
Noble”. Ofreció el testimonio de los Dres. Luis
Alberto Zelaya, Carlos Osvaldo Gerome, Gregorio Corach
y Facundo Cubas, todos ellos magistrados de la
justicia nacional, quienes asistieron a la cena de
mención y compartían la misma mesa que el Dr. Sagués.
3°) Que se le recibió declaración
testimonial a los doctores Facundo Cubas, Juez a cargo
del Juzgado Nacional en lo Criminal de Instrucción n°
49; Carlos Osvaldo Gerome, Juez de la Cámara Nacional
de Apelaciones en lo Criminal y Correccional de la
Capital Federal; Luis Alberto Zelaya, Juez a cargo del
Juzgado Nacional en lo Criminal de Instrucción n° 13 y
Gregorio Corach, Juez de la Cámara Nacional de
Apelaciones del Trabajo. Todos ellos manifestaron, en
primer lugar, haberse ubicado en el mismo sector de la
mesa que el doctor Sagués durante la cena y, en
segundo término, que tanto el señor miembro de este
Cuerpo como los restantes concurrentes no efectuaron
consideraciones acerca de la persona del doctor
Roberto José Marquevich o respecto de la situación
procesal de la Sra. Ernestina Herrera de Noble (conf.
fojas 45/47 y 56/57).
A su turno, el testigo Roberto Héctor
Polito señaló que el doctor Claudio Ramos Feijoo, Juez
a cargo del Juzgado Nacional de Primera Instancia en
lo Civil n° 2, le presentó durante el citado encuentro
al doctor Sagués con quien de inmediato, y con
anterioridad a que los asistentes tomaran ubicación en
la mesa, habría mantenido una conversación -según
Polito- en los siguientes términos: “me dijo [Sagués]
que era presidente del Colegio de Abogados de San
Isidro y también que integraba el Consejo de la
Magistratura. Yo le dije si sabía que ahí habían
concurrido jueces destituidos, Trovato, que iba a ir
Murature, que estaba Marquevich, y le pregunté algo
sobre el juicio a Marquevich. Y me sorprendió. Hizo un
comentario de tono insidioso hacia su persona y
descalificante. Y me dijo que el juicio lo veía mal...
Que se lo iba a enjuiciar...que no lo veía...
insidioso hacia su persona. No puedo decirlo con
términos exactos. Me pareció fuera de lugar”. Respecto
de la situación procesal de la señora Herrera de
Noble, agregó que “el doctor Sagués dijo que le
parecía un despropósito lo que había hecho el doctor
Marquevich” (conf. fojas 50)(el subrayado no pertenece
al original).
Asimismo, ante una pregunta formulada por
el señor miembro de este Jurado, Senador Sergio Adrián
Gallia, acerca de si el testigo podría precisar el
alcance de la afirmación que realizara: “comentario de
tipo insidioso”, el señor Polito sostuvo que se
refirió “Sobre la persona y la situación. Ambas. Sobre
la persona, no en buenos términos, además un
despropósito lo que hizo...” (conf. fojas 51). Agregó
también que no sabe si la conversación que mantuviera
con el doctor Sagués fue escuchada por el doctor Ramos
Feijoo.
Por último afirmó que en el mes de
diciembre de 2003 volvió a ver al doctores Sagués y
Ramos Feijoo en el Hipódromo de San Isidro, ocasión en
que ninguno de ellos lo habrían saludado y, asimismo,
que en la actualidad “...si yo veo a Sagués por la
calle no sé si lo recuerdo...” (conf. fojas 50/52).
4°) Que las partes informaron por escrito
en reemplazo del informe oral previsto por el art. 61
del Código Procesal Penal. El Dr. Mariano Maciel,
defensor oficial del juez Marquevich, considera que la
opinión del Dr. Sagués, al calificar la actuación del
juez Marquevich en relación a la Sra. Herrera de Noble
como un despropósito, “resulta sin duda demostrativa
de la actitud parcial en que se ya se habría
establecido el Dr. Sagués, por una parte en favor de
la situación de la encartada Herrera de Noble, y por
la otra, de crítica en desmedro del comportamiento en
ese proceso judicial del Dr. Roberto Marquevich”.
Por su parte el Dr. Sagués ratifica
“...lo informado oportunamente a fojas 4/5 y,
nuevamente, niego de manera categórica haber
efectuado, durante el encuentro que se llevara a cabo
en el domicilio del señor Gonzalo Aramburú,
consideraciones o comentarios de ninguna especie
acerca de la persona del doctor Roberto José
Marquevich, de su actuación como magistrado o sobre la
situación procesal de la Sra. Ernestina Herrera de
Noble. Ello, entiendo, fue refrendado por los señores
magistrados doctores Luis Alberto Zelaya, Carlos
Osvaldo Gerome, Gregorio Corach y Facundo Cubas (conf.
fojas 45/47 y 56/57). Por otra parte, no conozco al
señor Roberto Polito, no recuerdo que persona alguna
me lo presentara y, consecuentemente, niego haber
mantenido una conversación con él. Finalmente, no
concurrí al Hipódromo de San Isidro en el mes de
diciembre de 2003. A su vez, me permito remarcar que
el testigo solo se ha limitado a calificar mis
supuestas expresiones ‘de tono insidioso’ hacia la
persona del doctor Marquevich, sin poder
reproducirlas. Ha incurrido en inexactitudes tales
como que me había presentado como miembro del Consejo
de la Magistratura y como Presidente del Colegio
Público de Abogados de San Isidro, cargo que sólo
ocupé hasta el 31 de mayo de 2002. En suma, entiendo
que no existen elementos para sustentar un temor de
parcialidad, a lo que debo agregar que mi ánimo para
decidir en esta causa no se encuentra afectado en modo
alguno...”
5°) Que el artículo 10 del Reglamento
Procesal establece que “los miembros del Jurado
podrán ser recusados ...en los supuestos previstos por
el art.55 del Código Procesal Penal de la Nación”,
razón por la cual para resolver la recusación del
miembro de este Jurado, Dr. Guillermo Sagués, han de
examinarse los principios aplicables a la recusación
de los jueces.
Las causales de recusación, deben
interpretarse en forma restrictiva. Ello es así no
sólo por ser un acto de singular gravedad, dado el
respeto que se debe a la investidura de los
magistrados, sino también porque en la mencionada
cuestión debe atenderse tanto el interés particular
como el general, que puede verse afectado por el uso
inadecuado de este medio de desplazamiento de la
competencia para llegar a la situación de recusar
discrecionalmente a los jueces y generar -a la vez- un
innecesario desgaste jurisdiccional con la afectación
de los principios básicos de una razonable economía
procesal(Jurado de Enjuiciamiento, causa “Murature”,
resolución del 13/12/2001, cons.3°).
6°) Que dado que el recusante considera
que el Dr. Sagués habría adelantado su postura adversa
como integrante del Jurado, en relación a la causa
tramitada contra el juez Marquevich, corresponde
recordar que el prejuzgamiento se configura cuando el
juez formula, con anticipación al momento de la
sentencia, una declaración en forma precisa y fundada
sobre el mérito del proceso, o bien cuando sus
expresiones permiten deducir su actuación futura por
haber anticipado su criterio, de manera tal que las
partes alcanzan el conocimiento de la solución que
dará al litigio por una vía que no es la prevista por
la ley en garantía de los derechos comprometidos
(CS,Fallos: 313: 1277, voto de los jueces Levene,
Cavagna Martínez, Fayt y Belluscio).
7°) Que, por otra parte, es doctrina de
este Jurado que las pruebas deben ser valoradas con un
criterio de razonabilidad y justicia con miras a la
protección de los intereses públicos (conf. doctrina
del fallo de la causa n° 2 “Dr. Víctor Hermas Brusa s/
pedido de enjuiciamiento”, 30 de marzo de 2000).
Así, la circunstancia de presentarse un único testigo
del hecho invocado por el recusante obliga al órgano
juzgador a ponderar sus dichos con suma prudencia y
severidad.
8°) Que, bajo estos principios rectores,
la recusación promovida por el señor juez doctor
Roberto José Marquevich, contra el señor miembro de
este Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados de la
Nación, doctor Guillermo Ernesto Sagués, por entender
que ha manifestado extrajudicialmente su opinión
adversa hacia el juez acusado, resulta manifiestamente
improcedente ya que se sustenta en un testimonio sin
eficacia convictiva y no se aprecian otros elementos
que constituyan razones legítimas para fundar un temor
de parcialidad frente al caso concreto o para afirmar
la existencia de prejuzgamiento por parte del señor
miembro de este Cuerpo.
9°) Que, en efecto, los dichos del
testigo Polito, en primer lugar, sólo evidencian una
opinión y la calificación que unilateralmente le
asignara a las presuntas expresiones que habría
formulado el doctor Sagués respecto del doctor
Marquevich: “...Hizo un comentario de tono insidioso
hacia su persona [Marquevich] y descalificante”, “Me
pareció fuera de lugar”. En efecto, cabe recordar que
es inherente a la declaración testimonial que el
deponente se expida sobre modificaciones ocurridas
en el mundo exterior y advertidas por medio de
cualesquiera de los sentidos y que, consecuentemente,
debe limitarse a transmitir sus percepciones, pues sus
apreciaciones personales carecen de valor probatorio
(conf. Mario Oderigo, “Lecciones de Derecho Procesal
Penal”, Ed. Depalma, 1971, Tomo II, pág. 194; C.C.C.,
"J.A.", 1959-II, pág. 677, f. 554, citado por
Francisco D' Albora, “Curso de Derecho Procesal
Penal”, Ed. Abeledo - Perrot, 1982, T. I, pág. 193;
Jorge Clariá Olmedo, “Derecho Procesal Penal”,
Rubinzal - Culzoni Editores, 1998, Tomo II, pág.
313).
En segundo término, no resulta
concordante que el testigo, por un lado, describa con
preciso detalle el contexto en que se desarrolló el
encuentro, circunstancias de tiempo, lugar y modo, y,
por otro, no haya podido reproducir mínimamente las
presuntas expresiones “de tono insidioso” del doctor
Sagués que le habrían inspirado el estado de ánimo que
describe: “Me pareció fuera de lugar”, “No fue la
contestación que yo esperaba. Me asombré”, con la
finalidad de permitir a este Cuerpo evaluar su real
alcance.
10°) Que, del mismo modo, es menester
destacar que el testimonio del señor Polito también
incurre en aseveraciones inexactas que, en definitiva,
lo tornan inconsistente y sin convicción suficiente.
Así, sostiene que el señor miembro recusado se habría
presentado como miembro del Consejo de la Magistratura
y como Presidente del Colegio Público de Abogados de
San Isidro, cargo que -según informara- solo ocupó
hasta el 31 de mayo de 2002.
A su vez tampoco resulta coherente que
sostenga, por un lado, que en el mes de octubre de
2003 conoció al doctor Sagués en la cena realizada en
la casa del señor Aramburú, que posteriormente en el
mes de diciembre lo habría visto y reconocido en el
Hipódromo de San Isidro, pero que en la actualidad -a
90 días de aquella oportunidad- ya no lo recuerde.
Por último, la afirmación del testigo
acerca de que el doctor Sagués habría expresado “que
le parecía un despropósito lo que había hecho el
doctor Marquevich” en relación con la situación
procesal de la señora Herrera de Noble, debe ser
analizada lógicamente, ponderada en el contexto
general del testimonio recibido y valorada con rigor
crítico. En ese sentido, no puede atribuírsele el
valor probatorio a esos dichos que el recusante le
asigna, teniendo en cuenta la disminución de la fuerza
convictiva y la inconsistencia de la declaración
prestada, conforme quedara demostrado en los
considerandos anteriores.
11°) Que, en suma, el testimonio resulta
discordante y contradictorio y solo se limitó a
formular aseveraciones subjetivas carentes de
sustento, sin que su opinión sobre la manera en la que
se habría expresado el destinatario del pedido de
recusación baste para tener por acreditada la causal
invocada. Todo ello lleva a concluir que no existen en
la presente incidencia elementos fácticos que
constituyan razones suficientes para sustentar un
temor de parcialidad o para afirmar la existencia de
prejuzgamiento.
Por lo demás, no resulta ocioso señalar
que, según ha resuelto el Alto Tribunal, no
corresponde tener por válida la pretensión del
peticionario de crear a su voluntad y artificialmente
una situación que, aparentemente, encuadre en una
causal de recusación (doctrina de Fallos 313:428).
12°) Que, en tales condiciones, y
teniendo en cuenta el informe producido por el doctor
Guillermo Ernesto Sagués, la recusación interpuesta
debe ser rechazada, sin que se advierta compromiso de
su imparcialidad que pudiese afectar su recto
desenvolvimiento en este juicio de responsabilidad
política.
Por lo expuesto, corresponde rechazar la
recusación formulada por el señor juez Dr. Roberto
Marquevich contra el señor miembro de este Jurado Dr.
Guillermo Ernesto Sagués.
Fdo.: AUGUSTO CESAR BELLUSCIO, EDUARDO A. ROCA, SERGIO
ADRIAN GALLIA Y ENRIQUE PEDRO BASLA. Ante mi: SILVINA
G. CATUCCI, Secretaria General.

GUILLERMO SAGUES: DENUNCIA AL MINISTERIO DE JUSTICIA, SEGURIDAD Y DERECHOS HUMANOS, CGT Y ABUELAS DE PLAZA DE MAYO

HOMENAJE A LAS ABUELAS DE PLAZA DE MAYO EN EL COLEGIO PUBLICO DE ABOGADOS DE LA CAPITAL FEDERAL

SR. JULIO PIUMATO, SECRETARIO DE DERECHOS HUMANOS DE LA CGT Y DR. LUIS DUHALDE

DR. JORGE RIZZO, EX PRESIDENTE DEL CPACF Y PRESIDENTE DE "GENTE DE DERECHO" JUNATO A LA SRA. ESTELA DE CARLOTTO, PRESIDENTA DE "ABUELAS DE PLAZA DE MAYO"

DR. LUIS DUAHLDE, SECRETARIO DE DERECHOS HUMANOS DE LA NACION

SRA. DE CARLOTTO, PRESIDENTE DE "

ABUELAS DE PLAZA DE MAYO"

El tercero sentado desde la izquierda, de corbata amarilla y sonriendo es GUILLERMO SAGUES, Jefe del MOVIMIENTO RENOVADOR que gobierna el COLEGIO DE ABOGADOS DE SAN ISIDRO, REPUBLICA ARGENTINA, y que con su voto destituyo al Juez Federal de San Isidro, Dr. ROBERTO MARQUEVICH

SRA. HERRERO DE NOBLE RODEADA DE LOS "HIJOS" CUYA IDENTIDAD SE INVESTIGA HACE AÑOS.-

DR. ROBERTO MARQUEVICH, EX JUEZ FEDERAL DE SAN ISIDRO, QUIEN DETUVO A LA SRA. HERRERA DE NOBLE, ACTO PROCESAL QUE LE VALIO SU DESTITUCION

JURADO DE ENJUICIAMIENTO QUE DESTITUYO AL DR. MARQUEVICH

Ante la calificaciòn de "delitos de lesa humanidad" y la consecuente la imprescriptibilidad de los delitos relacionados con la desaparición y apropiacion de bebes durante el regimen militar que gobernó el país desde 1976 a 1983, y la causa seguida a la Sra. HERRERO DE NOBLE que es de publico conocimiento, considero que debería investigarse también a todos las personas que de una u otra manera influyeron y/o participaron en dicha causa para que se paralice y/o se obstruya en su curso normal.-

http://cortenla-casi.blogspot.com/2010/10/guillermo-sagues-y-el-grupo-clarin.html

Luego de haber leído la sentencia del Jurado de Enjuiciamiento que el día 8 de Junio de 2004 destituyó al Juez Federal de San Isidro, Dr. Roberto MARQUEVICH, me da la impresiòn que la misma no fue dictada conforme a Derecho.-

Sentencia completa en:

http://cortenla-casi.blogspot.com/2010/10/guillermo-sagues-fallo-completo.html

Asimismo, considero que la recusaciòn que hiciera el Dr. MARQUEVICH contra GUILLERMO SAGUES, tampoco fue resuelta conforme a Derecho:

Fallo completo en:

http://www.pjn.gov.ar/Publicaciones/00002/00024839.Pdf


Por tales motivos, y considerando que se podrían haber tratado de sentencias de tipo polìtico, pienso que a los autores de dicha destituciòn habría que investigarlos como posibles autores y/o complices y/o encubridores y/o cualquier otro tipo de participaciòn obstruccionista en la investigaciòn que estaba llevando a cabo el Dr. MARQUEVICH, que culminò con la detenciòn de la Sra. HERRERO DE NOBLE.-

Estas conductas podrían ser calificadas de delito de lesa humanidad y por lo tanto las acciones penales y civiles serían imprescriptibles.-

En virtud de lo expuesto, procederé en los proximos días a efectuar una presentaciòn ante la SECRETARIA DE DERECHOS HUMANOS, dependiente del MINISTERIO DE JUSTICIA, SEGURIDAD Y DERECHOS HUMANOS DE LA NACION, ante la Secretaría de Derechos Humanos de la CGT y ante las ABUELAS DE PLAZA DE MAYO, a los fines que se evalue la conducta de GUILLERMO SAGUES en particular, y el resto del Jurado de Enjuiciamiento, en general, con el fin de querellarlos penalmente, si corresponde, para que se los investigue conforme a Derecho.-

SERA JUSTICIA

EL TERRIBLE REY LEON

Habiase una vez...
En el reinado de San Isidro
una banda de rufianes
capitaneada por el Zorro sagaz
y su compañera la zorrina
Quienes intentaron judicializar
al Terrible Rey León de Saavedra
utilizando las zorrerias del poder
de esa comarca perteneciente
a la selva judicial del Casi

Modificado por Joombly

Desde lejos se escuchan voces
"calla Sancho , si los zorros ladran
es señal que cabalgamos"

Luego declaró el tanguero
verdugo noble y fiel con
título de Conjuez dependiente
y ser participe necesario
de las zorrerias del rey de los zorros

Luego DECLARÓ Y dijo
En mis cuarenta años de bailar y convivir
con el zorro
siento mal olor
me equivoqué de cueva
me convirtieron en Con- zorrino
rajemos
que hay mal olor
la zorrina en voz baja dijo
no es olor a zorrino
es que se pudrió todo
rajemos
fin

quien lo dijo
no lo dijo
lo dijeron
quienes
todos
El gran bonete dijo
este juego es constitucional
si es político no es jurídico
no me rompan
no figura en el códogo
veanlo a tinelli
y bailen por su sueños.-

Emilio S.