GOOGLE DENUNCIA CENSURA EN ARGENTINA

Google habla de intento de censura previa en Argentina

http://ediciondehoy.com.ar/general/google-censura-previa-argentina/

Internet en Argentina está pasando por momentos difíciles.

Al tiempo que el Gobierno Argentino está sentando las bases para una Agenda Digital que defina las estrategias en torno a la utilización de tecnologías de la información y las comunicaciones, y analizando cuales son los pasos a seguir para una mayor inclusión de la ciudadanía en la Sociedad de la Información, en algunos tribunales Argentinos se han visto recientemente, decisiones judiciales (medidas cautelares), que atentan tanto contra la libertad de expresión y acceso a la información como contra el desarrollo futuro de Internet en el país, impactando en el desarrollo y la inversión local en conectividad y servicios de la sociedad la sociedad de la información.
En algunos casos nos encontramos con acciones judiciales trabadas contra buscadores de Internet, que intentan responsabilizarlos por contenidos existentes en páginas Web de terceros, sobre las cuáles, claramente, éstos no tienen control y son totalmente ajenos a los contenidos que se publican.
Estas acciones, claramente, obedecen a la oportunidad que representa la falta de un marco legal específico que regule éstos temas y muchas veces, el desconocimiento técnico del funcionamiento de Internet y muchos de los servicios de la sociedad de la información.
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Un tema ya resuelto hace más de 12 años. La experiencia internacional.
La cuestión de la responsabilidad de los diferentes intermediarios de Internet, categoría que engloba a las empresas de telecomunicaciones, los proveedores de acceso a Internet (ISPs), los proveedores de Hosting (alojamiento de datos), las plataformas de la web 2.0 (blogs, plataformas de video, fotos y demás contenidos) y también los directorios y buscadores de Internet, ha sido un tema ampliamente debatido hace más de 12 años.
Como resultado de este debate se han fijado una serie de principios que protegen a los diferentes intermediarios de Internet por reclamos de contenidos que les son ajenos y sobre los cuáles no tienen posibilidad de tener control alguno.
En Argentina, estos principios también fueron acogidos en el proyecto de Ley de Comercio Electrónico, presentado por el entonces Senador Jorge Capitanich (Expediente Número 3812/06), con especial referencia a los buscadores y directorios. El proyecto establece que un intermediario de Internet tendrá conocimiento efectivo de qué contenido o información, que almacena, remite o referencia, es ilícito o de que lesiona bienes o derechos de un tercero, solamente cuando un órgano competente (un juez) haya declarado la ilicitud de tal contenido o información, ordenado su retiro o imposibilitado su acceso y que tal decisión haya sido debidamente notificada al intermediario de Internet.
A la luz de los recientes acontecimientos y a efectos de dotar de seguridad jurídica a los diferentes operadores de servicios de la sociedad de la información, resulta evidente la necesidad de fomentar un marco regulatorio acorde con las tendencias legislativas internacionales y adecuados a nuestra tradición jurídica de modo que orienten a nuestros magistrados en la resolución de temas con complejidades técnicas, desalienten el inicio de acciones judiciales estériles que no resuelven el problema de contenidos dañinos en Internet y que solo generan gastos innecesarios los diversos intermediarios de Internet (grandes y pequeños), generando interferencias no deseadas de mercado que pueden resultar en una contracción en la oferta de servicios o en una suba en los costos de los mismos, que al final del día terminará perjudicando a los usuarios.
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Derecho a la intimidad o censurada indiscriminada?
Funcionarios públicos, también han solicitado por la vía judicial a los principales buscadores de Internet la remoción de “todo resultado de búsqueda”, que pueda estar asociado con su nombre, eliminando así cualquier vinculación a medios periodísticos, páginas de opinión, publicaciones en línea, sitios del gobierno nacional donde exista información pública del funcionario o inclusive el mismo sitio Web del poder judicial donde el funcionario en cuestión desempeñe sus funciones (todos estos sitios totalmente ajenos a los buscadores que se demandan). Esta medida cautelar resulta a todas luces desproporcionada, ya que niega a toda la sociedad de la posibilidad de informarse sobre el actuar de una funcionario público, sin hacer un análisis previo de que contenidos pueden resultar difamatorios y ordenar específicamente la remoción de ciertos contenidos que puedan vulnerar los derechos del funcionario.
De esta manera, un funcionario judicial intenta de manera indirecta censurar todo contenido existente o por ser publicado que pueda estar relacionado con las tareas que desempeña cómo funcionario público, vulnerando derechos tan importantes como el acceso a la información, la libertad de prensa, la libertad de expresión, la abolición de la censura previa y la transparencia en la función pública. Resulta sorprendente que un funcionario judicial haya iniciado esta acción y que otro funcionario judicial la haya acogido en flagrante violación nuestra Constitución Nacional, la Convención Americana de Derechos Humanos (Pacto de San José de Costa Rica)1, también de rango constitucional, leyes nacionales que consagran a Internet amparada en el principio de Libertad de expresión, entre otras normativas.
Resulta interesante rescatar lo establecido en la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en particular los principios 5 y 10:
Principio 5. La censura previa, interferencia o presión directa o indirecta sobre cualquier expresión, opinión o información difundida a través de cualquier medio de comunicación oral, escrito, artístico, visual o electrónico, debe estar prohibida por la ley. Las restricciones en la circulación libre de ideas y opiniones, como así también la imposición arbitraria de información y la creación de obstáculos al libre flujo informativo, violan el derecho a la libertad de expresión.
Principio 10. Las leyes de privacidad no deben inhibir ni restringir la investigación y difusión de información de interés público. La protección a la reputación debe estar garantizada sólo a través de sanciones civiles, en los casos en que la persona ofendida sea un funcionario público o persona pública o particular que se haya involucrado voluntariamente en asuntos de interés público. Además, en estos casos, debe probarse que en la difusión de las noticias el comunicador tuvo intención de infligir daño o pleno conocimiento de que se estaba difundiendo noticias falsas o se condujo con manifiesta negligencia en la búsqueda de la verdad o falsedad de las mismas.
La Estrategia del Avestruz
¿Por qué la solicitud de remoción de un resultado de búsqueda, por si sola, no soluciona el problema de un contenido dañino a los intereses de una persona determinada y puede generar mayores problemas para la persona en cuestión?
Solicitar la remoción de una resultado de búsqueda a un motor de búsqueda determinado, sin remover el contenido del servidor o los servidores de Internet donde se encuentra alojado, no solucionará el problema, ya que el contenido lesivo seguirá estando disponible en la red y podrá ser ubicado por otros buscadores o a través de hipervínculos desde otras páginas, banners, e-mails y spam.
Las medidas cautelares que ordenan este tipo de remoción no solucionan el problema de la persona afectada, el contenido dañino sigue existiendo, los autores del mismo cada vez se sienten más impunes ya que la justicia está enfocando sus esfuerzos hacia el lugar equivocado, y se favorece la generación de buscadores específicos para contenidos ilegales. Las investigaciones que posibilitarían desmantelar redes de prostitución no se inician, a expensas de empresas establecidas que no tienen responsabilidad alguna ni control sobre éstos contenidos
Estas decisiones, además de generar grandes inconvenientes y costos a las empresas de Internet tienen un efecto distorsivo del mercado y sientan un precedente muy peligroso que puede redundar en el desaliento de la inversión en el sector. En un país donde necesitamos fomentar el desarrollo de Internet, decisiones como estas conspiran claramente contra estos objetivos.
Lo único que se está haciendo aquí es guardar el polvo bajo la alfombra. Se crea esta ilusión de que lo que no encuentro fácilmente no existe. De la misma manera que hace el avestruz que cuando algo lo aqueja esconde su cabeza en el piso, sin darse cuenta que deja a merced de sus predadores otras partes más vulnerables.
Ademas se trata de responsabilizar a alguien que no creó el contenido, que no tiene responsabilidad por su generación, que no tiene la capacidad ni le corresponde juzgar si un contenido determinado falta a la verdad u ofende a alguna persona determinada y que además está prestando un servicio muy valioso a la comunidad.
Asimismo, los buscadores resultan una herramienta fundamental para permitirles a los supuestos damnificados identificar donde se están y quines son los verdaderos generadores del problema.
Entre los principios que rigen el actuar de Google está el principio de que “es posible obtener ingresos actuando de forma ética”, y dentro de Google honramos éste principio brindándole a los usuarios diferentes herramientas para que su experiencia en Internet sea lo más placentera posible.
Asimismo, colaboramos con la justicia ante pedidos de remoción de contenidos dañinos o lesivos que sean acorde a derecho. Sin embargo, cuando detectamos que ciertas decisiones judiciales: (i) no tienen un fundamento adecuado; (ii) son de imposible cumplimiento (debido por ejemplo a un desconocimiento técnico); (iii) son desproporcionados para el fin buscado (Por ejemplo, se solicita eliminar “toda” referencia al mejor jugador de fútbol de todos los tiempos, para evitar que pueda accederse a “algún” contenido dañino, privando así a la sociedad toda de conocer su trayectoria); (iv) o afectan derechos de nuestros usuarios que son universalmente protegidos como el de la libertad de expresión, abolición de la censura previa, acceso a la información o privacidad, en esos casos nos arriesgamos a apelar estas decisiones, incluso cuando nos sería más simple obedecerlas.
Esto no se trata de una simple e injustificada desobediencia, sino es parte del proceso de educar a nuestros magistrados, legisladores y funcionarios sobre los nuevos desafíos legales y regulatorios que presenta este nuevo paradigma de la sociedad de la información, preservar a Internet como una plataforma libre y abierta para el intercambio de ideas e información, garantizar la libertad de expresión y el libre pensamiento y a su vez cumplir con el primero de nuestros principios “Lo más importante es pensar en el usuario”.
1 Artículo 13. Libertad de Pensamiento y de Expresión
1. Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento y de expresión. Este derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento de su elección.
2. El ejercicio del derecho previsto en el inciso precedente no puede estar sujeto a previa censura sino a responsabilidades ulteriores, las que deben estar expresamente fijadas por la ley y ser necesarias para asegurar:
a) el respeto a los derechos o a la reputación de los demás, o
b) la protección de la seguridad nacional, el orden público o la salud o la moral públicas.
3. No se puede restringir el derecho de expresión por vías o medios indirectos, tales como el abuso de controles oficiales o particulares de papel para periódicos, de frecuencias radioeléctricas, o de enseres y aparatos usados en la difusión de información o por cualesquiera otros medios encaminados a impedir la comunicación y la circulación de ideas y opiniones.
Por: Pedro Less AndradeGerente de Asuntos Gubernamentales y Políticas Públicas, Latinoamérica Google Inc.

CORRUPCION JUDICIAL ES IMPUNIDAD

COMUNICADO DE PRENSA DE "TRANSPARENCIA INTERNACIONAL"

LA CORRUPCIÓN JUDICIAL PROMUEVE LA IMPUNIDAD Y MENOSCABA EL ESTADO DE DERECHO,SEGÚN EL NUEVO INFORME DE TRANSPARENCY INTERNATIONAL

Nairobi/Londres 24 mayo 2007

La corrupción está socavando las bases de los sistemas judiciales a nivel mundial, negando a los ciudadanos el acceso a la justicia y el derecho humano básico a un juicio imparcial y justo, o incluso a veces, simplemente a un juicio, según el Informe Global de la Corrupción 2007: Corrupción en Sistemas Judiciales publicado hoy por Transparency International, la coalición global contra la corrupción.
“El trato equitativo frente a la ley es un pilar de las sociedades democráticas. Cuando las cortes ceden ante la corrupción por avaricia o conveniencia política, la balanza de la justicia se inclina y el ciudadano común se ve perjudicado,” declaró Huguette Labelle, Presidenta de Transparency International. “La corrupción judicial implica que la voz del inocente no es escuchada, mientras que los culpables son libres de actuar con impunidad.”
El nuevo Informe Global de la Corrupción concluye que una judicatura corrupta erosiona la capacidad de la comunidad internacional para enjuiciar el delito transnacional e inhibe el acceso a la justicia y el resarcimiento por violaciones de derechos humanos. Además, mina el crecimiento económico dañando la confianza de la comunidad de inversionistas y dificulta las iniciativas de reducción de la pobreza.
Cuando las cortes son corruptas, resulta perjudicado el ciudadano común
La corrupción judicial suele dividirse en dos categorías: interferencia política en el proceso judicial por parte del poder legislativo o el ejecutivo, y el soborno. La importancia de una judicatura independiente no se puede resaltar lo suficiente. Todos salen perdiendo cuando la justicia cede ante la corrupción, en particular las personas de escasos recursos, quienes se ven obligadas a desembolsar dinero que no tienen para pagar sobornos. La última encuesta global de TI sobre las posturas frente a la corrupción revela que en más de veinticinco países, al menos uno de cada diez hogares tuvo que pagar un soborno para obtener acceso a la justicia. En otros veinte países, más de tres de cada diez hogares informaron que a fin de obtener acceso a la justicia o un resultado “justo” en un tribunal, tuvieron que recurrir al soborno. En Albania, Grecia, Indonesia, México, Moldavia, Marruecos, Perú, Taiwán y Venezuela, el número es mayor.
El soborno a pequeña escala y la influencia política en la judicatura deterioran la cohesión social: instituir un sistema para los ricos y otro para los pobres divide a las comunidades.
“Si el dinero y la influencia son la base de la justicia, los pobres no pueden competir,” señaló Akere Muna, Vicepresidente de TI y Presidente de la Unión Panafricana de Abogados. “El soborno no sólo hace inasequible la justicia; sino que arruina la capacidad del sistema de justicia de luchar contra la corrupción y de servir como modelo para la independencia y rendición de cuentas.”
Según una encuesta realizada en 2002, en Pakistán el 96 por ciento de los encuestados que habían acudido a las cortes menores tuvieron que involucrarse en prácticas corruptas, mientras que en Rusia se estima que cada año se gastan aproximadamente US $210 millones en sobornos dentro de las cortes de derecho.
Inclinar la balanza de la justicia
La corrupción en la judicatura abarca cualquier influencia indebida sobre la imparcialidad de los procedimientos y dictámenes judiciales y puede extenderse al soborno de los jueces a cambio de fallos favorables o de no emitir decisión alguna. La corrupción judicial incluye el mal uso del poder y fondos judiciales, como cuando un juez contrata a familiares para ocupar puestos de personal de la corte o manipula contratos de equipamiento y construcción de juzgados. Puede además incidir en la adjudicación sesgada de casos y en otros procedimientos previos al juicio, como cuando los secretarios judiciales corruptos “pierden” expedientes y pruebas. Puede influir cualquier juicio o conciliación judicial, así como la aplicación -o no- de laudos y sentencias judiciales.
En el Informe Global de la Corrupción 2007 se estipula que pese a décadas de reformas para proteger la independencia judicial, la presión para fallar a favor de intereses políticos sique siendo intensa. Aunque a escala mundial muchos jueces efectivamente actúan con integridad, los problemas persisten. El deterioro de estándares internacionales se evidencia en países como Argentina y Rusia, donde los poderes políticos han aumentado su influencia sobre el proceso judicial en años recientes.
Y para los jueces que se resisten a ser comprometidos, la represalia política puede ser expedita y severa. Los procedimientos injustos o inefectivos para disciplinar y destituir a jueces corruptos puede terminar usándose en cambio para eliminar a jueces independientes. En Argelia, los jueces considerados demasiado independientes son transferidos a localidades remotas. En Kenya, como parte de una campaña anticorrupción que fue ampliamente percibida como un artificio de conveniencia política, se presionó a los jueces para que dimitieran sin habérseles informado sobre los alegatos que pesaban contra ellos.
La omisión a nominar a funcionarios judiciales con base en el mérito puede dar lugar a la selección de una judicatura flexible y susceptible a la corrupción. Los jueces “problemáticos” pueden ser reasignados a otras jurisdicciones o retirados de casos delicados que a su vez serán transferidos a jueces más complacientes -táctica usada por el ex Presidente peruano Alberto Fujimori.
La interferencia de políticos o empleados civiles también puede servir de fachada “legal” para instrumentar el desfalco, nepotismo, amiguismo y decisiones políticas ilegítimas. Dicha interferencia puede ser tan flagrante como la amenaza física e intimidación y tan sutil como la manipulación de nominaciones, sueldos y condiciones de servicio judiciales.
El soborno, el otro lado oscuro de la corrupción judicial, puede ocurrir a lo largo y ancho de la estructura del proceso judicial. Según lo demuestran los informes de 32 países en el Informe Global de la Corrupción, los jueces pueden aceptar sobornos para aplazar o acelerar casos, aceptar o rechazar apelaciones, influir a otros jueces o simplemente para decidir un caso de un modo determinado. Los funcionarios de la corte pueden demandar sobornos por servicios que deberían ser gratuitos; los abogados pueden cobrar “cuotas” adicionales para acelerar o atrasar casos, o para derivar a clientes a jueces conocidos por su disposición al soborno. Entre los factores que afectan la susceptibilidad de un juez se incluye el sueldo precario. Las condiciones laborales inseguras, incluidos los procesos de
ascenso y transferencia injustos y la falta de capacitación continua, provocan la vulnerabilidad al soborno en los jueces y personal de la corte.
Los procesos judiciales opacos que fomentan el soborno también pueden impedirles a los medios y la sociedad civil el monitoreo de la actividad en los tribunales y la exposición de la corrupción judicial.
Soluciones: independencia, transparencia, recursos adecuados y rendición de cuentas
No existe una solución única para luchar eficazmente contra estos problemas. Hay que emplear todo un abanico de soluciones que ofrezca un enfoque integral.
El Informe Global de la Corrupción 2007 ofrece recomendaciones detalladas para promover la independencia y rendición de cuentas judiciales, alentar la integridad individual, aumentar la aplicación efectiva de la ley y salvaguardar la judicatura contra la influencia política. Las nominaciones y destituciones de jueces y fiscales deben ser transparentes, independientes del poder ejecutivo y legislativo, y basarse en la experiencia y el desempeño. Los periodistas deben contar con la libertad necesaria para monitorear y opinar sobre procedimientos jurídicos y comunicar información fidedigna en materia de leyes, cambios propuestos en la legislación y procedimientos y fallos de la corte al público.
El papel supervisor de la sociedad civil es de importancia imperativa. Al monitorear y emitir opiniones sobre la selección de jueces, disciplina y códigos de conducta judiciales, el manejo de casos de las cortes y la toma de decisiones de los jueces, la sociedad civil puede atraer atención hacia los puntos débiles sistémicos que facilitan la corrupción y poner a los gobiernos sobre aviso de que se les reclamará el cumplimiento de sus promesas anticorrupción.
Transparency International ofrece recomendaciones específicas para el fortalecimiento de la independencia judicial y la lucha contra la corrupción judicial, entre ellas:
Nombramientos judiciales
1. Un órgano de nominación judicial independiente debe establecerse en el seno del proceso de selección judicial. 2. Las nominaciones judiciales deben basarse en el mérito y aplicar criterios de elección claros y ampliamente publicitados; los candidatos deben contar con un historial de competencia e integridad. 3. La sociedad civil, incluidas las asociaciones profesionales vinculadas a actividades judiciales, deben ser consultadas sobre el mérito de los candidatos. Términos y condiciones
4. Los sueldos judiciales deben reflejar la experiencia, desempeño y desarrollo profesional; se deben ofrecer pensiones justas al momento de jubilación. 5. Deben establecerse protecciones para salvaguardar los sueldos y condiciones laborales frente a la interferencia por parte del poder ejecutivo y legislativo. 6. Las transferencias judiciales deben basarse en criterios objetivos a fin de proteger a jueces independientes e imparciales. Rendición de cuentas y disciplina
7. Los jueces deben recibir inmunidad limitada por acciones relacionadas con el deber judicial. 8. Los alegatos contra jueces deben ser investigados rigurosamente, incluso por un órgano independiente. 9. El proceso de destitución debe ser transparente y justo, con estándares estrictos e implacables; si se determina que el alegato de corrupción tiene fundamento, el juez debe ser sujeto al enjuiciamiento. Transparencia
10. La judicatura debe ofrecerle al público información confiable acerca de gastos y actividades. 11. Se requiere de acceso a la información sobre leyes, cambios propuestos a la legislación, procedimientos de la corte, dictámenes y vacantes y nominaciones judiciales. 12. La fiscalía debe ejecutar procedimientos judiciales en público y publicar los motivos de sus decisiones. Se pueden encontrar recomendaciones adicionales en el Informe Global de la Corrupción 2007.
El trabajo de TI en la lucha contra la corrupción judicial
El Informe Global de la Corrupción 2007 también destaca las iniciativas nacionales de los capítulos de Transparency International encaminadas a reucir la corrupción judicial.
“La corrupción en la judicatura es un enfoque central de la iniciativa global anticorrupción debido a la poderosa y corrosiva influencia que puede ejercer una judicatura corrupta sobre el estado de derecho y sobre la sociedad en conjunto. El éxito en la lucha contra la corrupción judicial impulsará la confianza de los ciudadanos y los esfuerzos nacionales destinados a lograr la transparencia y rendición de cuentas,” afirma Cobus de Swardt, Director Ejecutivo interino de TI.
La labor de Transparency International con respecto a la lucha contra la corrupción en sistemas judiciales es diversa:
• Monitoreo de la asistencia de los jueces a la corte y la calidad de sus fallos • Apoyo en la identificación de candidatos para la magistratura a efectos de que las nominaciones sean transparentes y basadas en el mérito • Prestación de asesoría legal gratuita a víctimas de la corrupción mediante sus 16 Centros de Incidencia y Asesoría Legal en 12 países. En su trabajo contra la interferencia política y el soborno en la judicatura, TI se apoya en los muchos aliados dentro de distintos sistemas judiciales que están comprometidos con los objetivos comunes de la transparencia y la justicia equitativa frente a la ley.
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Transparency International es la organización de la sociedad civil que lidera la lucha contra la corrupción en el mundo

DRA. CARRIO: FRASES

REPORTAJE A CARRIO (FONTEVECCHIA) – PERFIL 4-10-09

En todo diálogo hay presupuestos morales, si no, no hay conversación. El fundamento moral del diálogo es que no hay sentimiento de venganza ni de uso, entonces, lo que la Argentina necesita es, en vez de hablar frívolamente, palabras profundas. Lo que necesita es un paso moral para crear los presupuestos éticos como nueva legitimidad, que habiliten el diálogo, el consenso, que habiliten una cosa seria y responsable. Si un violador la ha violado varias veces para conversar, la mujer debe suponer lo obvio: que la va a violar.

hay un momento en que la loca tiene razón. En el Rey Lear, que sería bueno que lo vuelvas a ver, el loco, como vos decís de mí “la loca sana”, es el que dice la verdad. Hay que ver el mejor texto político de Shakespeare.

—Siempre hay que alejarse del mal. Al mal se lo combate alejándose, no haciendo el mal, nunca siendo cómplice del mal.


—Hay una regla que aplicar: de los canallas hay que alejarse. Yo no puedo hacer una denuncia por asociación ilícita en serio, no puedo denunciarlos por enriquecimiento ilícito, y al mismo tiempo ir.

—El problema de la Argentina es que no cree que las convicciones puedan generar una gobernabilidad. Cree que la puede generar el viejo pacto corporativo que nos llevó al desastre. Cree que la puede lograr el acuerdo mafioso. Cree que la gobernabilidad la puede lograr el mandamás autoritario de un insignificante territorio de la Argentina. Garrido, Víctor Hugo, Biolcati son personas de ideologías distintas, quieren una Argentina de valores, republicana, pero creen que no se puede. Y ahí está la falla del argentino. Los americanos no sólo creían y querían, sino creían que era posible y trabajaron para ello. Hay una suerte de resignación histórica de los argentinos, brutal. De sus clases medias, de sus clases pobres, de sus clases ricas. Una resignación histórica a una Argentina de valores, civilizada, justa, desarrollada. La pregunta que se tiene que hacer es: ¿cuál es la legitimidad que desmorone el orden que nos lleva a la tragedia cada diez años? Y la verdad es que no hay que empujar a nadie, aunque sea insoportable, porque hay que tener paciencia democrática, hay que respetar los plazos institucionales, no hay que convertir ni “hondurizar” la Argentina, ni convertir en víctimas a los responsables. Pero sí es cierto que el gran problema de la Argentina es su futuro, porque si hoy suprimiéramos a Kirchner, el problema del futuro estaría completamente abierto y pendiente. Es ahí donde digo que la nueva legitimidad que se necesita es querer y creer que es posible. Eso es el orden de una convicción.

Las personas responsables se desgastan en la lucha. Las personas que se juegan, que son auténticas, que definen, generan… Lo otro, aquel que no expresa su pensamiento, es un ambiguo.

—A mí no me preocupa mi destino personal. Soy cristiana y kantiana

—Esto de navegar contra la corriente me encanta. Uno abre el camino. Yo quiero ver gobernando otra generación con otros valores. Yo creo en eso. Si uno no cree en lo que quiere, nunca consigue nada. La Argentina va para atrás porque no cree en lo que quiere. La fe política que tuvieron los pueblos que salieron es lo que nos falta a nosotros.
Es una obscenidad que siempre se esté hablando sólo de candidaturas, de especulación política. Además yo veo, sinceramente lo digo, la degradación democrática de la Argentina, cuya expresión más clara es este patrimonialismo corrupto menor. Está asociado a una falta de cultura, de formación, de sutileza. La falta de lenguaje, de cultura, de formación, la falta de discernimiento en la acción. Yo veo una clase política de una tosquedad, de una frivolidad en el juicio, de un prejuicio, que, la verdad, los países no salen así.

Los que creen que construyen poder sin legitimidad son incapaces de comprender la historia. Son ignorantes

—En 2001, en el foro de libertad de expresión en Washington, hablaban de la persecución a los periodistas, y yo dije que había dos cosas que había que solucionar: primero, la derogación de los delitos de injuria y calumnia, que tienen que ver con la persecución del periodismo libre; pero el segundo, la exigencia democrática del derecho al saber de la sociedad. Porque lo que los medios violan cuando no publican información es el derecho al saber de la sociedad. El problema de esta Ley de Medios es que Kirchner quiere controlar los medios para que nadie sepa nada.

Nuestro diagnóstico es que la cuestión argentina es cómo enfrentamos la degradación republicana, democrática y económico-social, producto de la ausencia de valores y de una corrupción ilimitada que fue de un modelo corporativo corrupto a un modelo patrimonialista. Es decir que va para atrás. Acá hay dos alternativas. Si estamos todos con esto de que la cuestión es su degradación democrática y republicana por corrupción, porque es por corrupción, estamos viviendo todos el Estado por izquierda;

Entonces, ¿cómo salimos? Con una nueva legitimidad que sería casi un pacto moral de algunos valores: no robar, no usar al otro, un nunca más a la corrupción, capacitación, reconstrucción del Estado y renuncia a los pactos corporativos para pasar a un pacto republicano en sí. Esto supone una nueva legitimidad moral y una nueva legitimidad republicana. Y ésta es la propuesta que nosotros le hacemos a la sociedad.

—La gente me respeta y me quiere; a lo mejor no me vota, pero me quiere. Otros no me quieren nada, obviamente. Mejor, porque si toda la gente nos quiere, estamos en problemas. Y es una figura no estrictamente política.



Hay que entender que las personas se constituyen en su infancia, en su adolescencia y en su juventud. Yo me constituí como maestra en Derecho Constitucional, y amé una utopía que en el fondo era la República,


Soy muy leal a las ideas, no puedo traicionar lo que les enseñé a mis alumnos.

—¿Seguís sin psicoanalizarte?
—Sí.
—Tanto que te dicen loca, ¿no pensás que pudieran tener un poco de razón y te agrada un poco ese papel?
—Al mismo tiempo que me lo dicen, me dicen que tengo razón. El problema es de los otros. Vos tenés una gran contradicción en tu escrito, porque soy una loca sana, y al final tuve razón. Si los locos son los que tienen la razón, ése es un problema que lo tienen que resolver ustedes. Yo me quedo con la razón.
—Leíste “Elogio de la locura”, de Erasmo.
—Sí.
—¿Te gusta identificarte con la locura?
—La locura frente a una cultura de resignación y de decadencia es un acto de lucidez. Es poder pensar sin prejuicios y es maravillosa. A mí esos agravios me parecen divinos.

—Algunos en la Argentina creen que el cáncer se cura con un geniol, y cuando eso pasa, vuelve el cáncer. Nosotros queremos curar el cáncer y extirpar el cáncer que nos mata es sacar la corrupción, la degradación democrática. El pensamiento menor implica que extirpemos el cáncer y que con él me vaya yo. Está bien. Ahora, si lo que están buscando es un Geniol para seguir con la Argentina de siempre, basta con ir al programa cómico de Tinelli.

CENSURA A LA PRENSA

Miguel Julio Rodríguez Villafañe (PRENSA RED)
La sociedad toda debe exigir que los periodistas logren tener un ámbito de trabajo adecuado y respetuoso de su persona, profesionalidad y función.
"Con lo que decís y filmás, te reviento de un piedrazo". La cronista televisiva escucha la amenaza y alcanza a correr junto con el camarógrafo para evadir la agresión física y verbal de algunos participantes de una protesta gremial municipal, en la Ciudad de Córdoba. Al llegar a su canal, el informe que la empresa envió a la oficina central en Buenos Aires dijo: "No pasó nada; no hubo daño a la cámara ni al vehículo".
El hecho narrado dejó en claro la poca importancia que se le da, a veces, a las personas que ejercen el periodismo. Para determinados sectores empresariales, el periodista no es un valor de mercado relevante; es más importante la preservación de la filmadora y demás bienes materiales, que ocuparse de las consecuencias de los sufrimientos físicos y espirituales vividos por quienes ejercen la profesión de informar.
En el mismo sentido –inaceptable– un referente de un importante gremio de Córdoba, para estupor de muchos, manifestó a un grupo de periodistas: "Perdón muchachos, pero si no se va contra ustedes no somos noticia". Se pretendía justificar de esa manera las agresiones producidas por parte de activistas a algunos periodistas y a un fotógrafo de un medio gráfico, al cubrir una marcha gremial.
El perdón no era una disculpa o un acto de arrepentimiento, sino la profecía de un accionar tenido por válido, que hiere la conciencia social y el respeto que merece el trabajo periodístico.
Mientras tanto, los agresores se tapan los rostros y en la clandestinidad que da impunidad, actúan en un vale todo. Aún así, se obliga a filmar y registrar sólo los pies o de lejos, porque se amenaza gravemente a camarógrafos y fotógrafos.
Las escuchas clandestinas y las cámaras ocultas se dirigen, más cada día, a no dejar nada de la vida de los periodistas sin auscultar. Es la antesala de aprietes para condicionar su trabajo y a veces, incluso su vida privada.
Por su parte, la política los ha tomado como blanco dilecto, buscando disciplinar al periodismo independiente. Siempre encuentran en periodistas operaciones de desestabilización y mentiras. Son objeto de insultos y amenazas, legales y de las otras. Desde deportistas que los balean y agravian, a políticos que actúan injuriando y condicionando la tarea de informar.
Una presencia incómoda
A su vez, gobernantes y funcionarios de distintos rangos, partidos de todos los ámbitos, no trepidan en señalar a periodistas con nombre propio, en verdaderas arengas públicas y culpabilizarlos de supuestos daños sufridos por su información, sin reparar que de esa manera se pone en peligro la vida y la integridad física del informador y de su familia. El periodista, a diferencia de los funcionarios públicos, no tiene custodia personal, ni asistencia policial especial y pueden ser blanco fácil de fanáticos y oportunistas, que buscan congraciarse con el poder de turno.
Asimismo, muchos gobernantes en nuestro país, en una inaceptable postura degradante para los informadores, han llegado a sostener que, antes que a los periodistas, se "prefiere a los fotógrafos, porque no hacen preguntas". Y, obedeciendo a una virtual política de silencio, muchos de ellos no hablan directamente con la prensa.
La excepción son los actos públicos, y en esas oportunidades los diálogos son a los empujones y a la carrera. Diálogos éstos que, del modo que se dan, se prestan más a humoradas o manifestaciones intrascendentes, que a comentarios serios y adecuados. De esta manera, también se falta el respeto a la tarea periodística, que no puede cumplirse adecuadamente.
En definitiva, se pretende que el periodismo asuma el papel de un mero público que aplauda o consienta pasivamente respecto de lo que se le dice, sin cuestionar, ni preguntar, en nombre de la sociedad que representa para informar.
Mientras tanto, todavía se demanda penalmente, por calumnias e injurias, a los periodistas por hacer conocer sobre actividades de interés público. Se sigue utilizando el Código Penal para acallar a la prensa y amenazarla con prisión.
La Argentina ha sido intimada en el caso "Kimel, Eduardo", fallado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en mayo de 2008, a que se proceda a dejar de incriminar la opinión. Existe en este momento un proyecto en ese sentido del Poder Ejecutivo nacional, enviado al Congreso de la Nación. Es de desear que pronto se sancione.
A lo referido, hay que agregar el peligro que existe, hoy como nunca, cuando el periodismo investiga e informa sobre graves violaciones de derechos humanos, narcotráfico, trata de personas, corrupción gubernamental y demás delitos que atacan gravemente a la sociedad. El desafío es enorme; hay que evitar que el miedo paralice y debemos acompañarlos activamente. No se los puede dejar con la sensación de soledad en la lucha.
Por su parte y como un lamentable dato de la realidad, se ha precarizado demasiado la situación laboral de muchos periodistas profesionales, lo que hace que, en algunos casos, resulten ser ellos el fusible que se hace saltar con facilidad, cuando su accionar periodístico informativo molesta a algunos intereses. Aparece entonces la autocensura o su otra cara oscura, la sobreactuación periodística a favor de los poderosos.
No se puede permitir el uso subalterno de la profesión periodística, pero habrá que trabajar los caminos éticos y del derecho no penal, para que se asuman las responsabilidades que correspondieren.
La sociedad toda debe exigir que los periodistas logren tener un ámbito de trabajo respetuoso de su persona, profesionalidad y función. Esos hombres y mujeres representan implícitamente a las personas y la comunidad, en el ejercicio integral del derecho humano a la información; por lo que, además, la tutela adecuada del ejercicio digno de dicha profesión es una garantía para todos.
Miguel Julio Rodríguez Villafañe es abogado constitucionalista especialista en derecho de la información.

"LA PARALISIS JUDICIAL ES CORRUPCION"

Ricardo Monner Sans
“La parálisis judicial también es corrupción”

http://www.elargentino.com/nota-13477-La-paralisis-judicial-tambien-es-corrupcion.html

04-11-2008

Es el ojo crítico de la Justicia argentina. El abogado se hizo eco de una denuncia de Veintitrés y presentó el caso en los Tribunales. Dice que ese trabajo lo deberían hacer los fiscales y advierte: “Todavía prosperan poco las denuncias contra el poder”.

Por Franco Mizrahi

El abogado preside la Asociación Civil Anticorrupción pero actúa, muchas veces, como si fuera un fiscal de la Nación. Es que Ricardo Monner Sans suele transformar en investigación judicial aquello que denuncian los medios. Lo hizo en los ’90, cuando cobró relevancia mediática con un sinfín de acusaciones contra el gobierno menemista, entre las que resaltó la radicada por la venta ilegal de armas a Ecuador y Croacia. También en los últimos años, con algunos funcionarios K sospechados, como Felisa Miceli y la bolsa de dinero encontrada en el baño de su oficina. Y ahora, de nuevo, de la mano de Veintitrés, con las revelaciones sobre los fiscales de San Isidro Pablo Quiroga y Raúl Pleé y sus maniobras irregulares en la Justicia (ver recuadro).“Pero ese es trabajo que deberían hacer los propios fiscales. Para eso les pagan”, dispara el abogado. Y comenta: “Mi hijo mayor me advirtió de la importancia que sugería la tapa de la revista y la compré. Como tenía muy buenas referencias probatorias, mi obligación ciudadana era plantearla como tema de investigación. Y así fue: mi denuncia quedó radicada en el Juzgado Federal 1 de San Isidro”.–¿Cómo continúa el proceso?–El trámite a uno se le termina escapando de las manos. Es una terrible crítica que hay que hacerle a nuestro Código Procesal Penal. El expediente sólo puede ser revisado por las partes y por el fiscal. No por el denunciante. Esto le viene como anillo al dedo a los ocupantes del poder: es una valla de contención para los que pretenden apelar.–¿Cómo elaboró su denuncia?–La denuncia tiene absolutamente todo lo que dice la nota. Lo único que hice fue darle formato jurídico. Son cosas que no pueden quedar sin investigar. Aunque también es cierto que es difícil conocer todos los casos de corrupción galopante que hay. En todo caso, me genera un interrogante. Si la denuncia de la revista es cierta, ¿existieron otros casos donde no hubo unmedio que los denuncie? ¿Puede ser esto una importante aguja pero dentro de un gran pajar?–Lo grave, además, es que se trata de fiscales y son ellos los que deben encargarse de investigar en la Justicia...–Es que una vez más se descubre lo que no era así en mis tiempos. Si hoy los delitos no fueran denunciados gracias a información confidencial anónima o por investigaciones periodísticas, el promedio de fiscales y jueces no estaría haciendo nada.–¿Por qué?–Es la pregunta del millón. ¿No investigan porque no se enteran o porque no se quieren enterar? En nuestro país, el Poder Judicial siempre fue el más débil. Ya en la primera versión constitucional era el que menos cantidad de artículos tenía. Por otro lado, hay que considerar que es un poder sin autonomía de vuelo. Su financiamiento depende de lo que voten el Legislativo y el Ejecutivo. Y esa posibilidad de apriete sirve para que el Poder Judicial esté “tranquilo”.–¿Alguna vez vivió esos “aprietes”?–No puedo ser un buen contestador. A mí no me han pedido dinero ni favores políticos.–¿Pero existen?–Diría que el actual nivel de parálisis judicial, como que nadie haya tomado este caso más que yo, también es corrupción.–¿Cómo se revierte eso?–Hace muchos años dije que había que pensar la elección directa de fiscales, es decir, a través del voto popular. Como también planteé que había que ensayar en serio los juicios por jurado. No digo que no pensé la elección popular de jueces también. Pero para llegar a eso, primero hay que realizar la experiencia con los fiscales.–¿Cuál es hoy la relación entre el Estado y la Justicia?–Si por Estado se entiende Poder Ejecutivo, hay contemplaciones. Como cuando descubro que Romina Picolotti enviaba a su mucama a Córdoba en avión privado y me pregunto si la jueza (María Romilda) Servini de Cubría está avanzando en la causa. O cuando noto que la Justicia no llama a declarar a Martín Balza en la causa de Río Tercero y el kirchnerismo lo designa embajador en Colombia, cuando el 80 por ciento de las armas salió de la jurisdicción del Ejército.–¿No rescata de la gestión K los cambios en la Corte Suprema?–Hacía rato que no había una Corte Suprema de este buen nivel. Son todos independientes, excepto una persona que tiene el teléfono directo de la Casa Rosada y cuyo nombre no voy a decir. Además, todos dictaron fallos notables. Pero a la Corte, hay que decirlo, llega un mínimo porcentaje de lo que pasa por abajo. Entonces, cuánto vale aplaudir aquello. La realidad hace imposible que todos los pleitos terminen en esa instancia.–¿Qué opina de la pelea entre el miembro de la Corte Eugenio Zaffaroni y Néstor Kirchner?–Puedo decir que me encanta la independencia de Zaffaroni, es muy edificante. Ya lo había percibido cuando Kirchner se sumó a la ola de críticas contra la Cámara Criminal, que tuvo una acción garantista con Omar Chabán, y Zaffaroni sentenció: “El Presidente no puede opinar públicamente de eso”. Kirchner no podía transmitir temor al Poder Judicial. No sé si Zaffaroni quiso establecer la hipótesis de su retirada. Pero no sería el primero en irse por cansancio moral.–¿La misma renovación de la Corte se vislumbra en el Consejo de la Magistratura?–Si el Consejo de la Magistratura no tuviera formas muy arbitrarias de seleccionar a sus miembros, creo que daría una sensación de higiene mucho más trascendente y no la sensación de miedo que hoy se tiene por parte de los jueces. En el anterior Consejo había falencias y lentitudes pero mayor ecuanimidad, mayor sentido de la ponderación, menor concepto de fundamentalismo.–¿La Justicia es un reflejo de la sociedad?–Sí, se retroalimentan. El modelo hace que la concentración de poder transforme al pueblo argentino en un actor muy pasivo.–¿Los jueces de hoy aplican las leyes?–Creo que sí. En el ámbito penal, considero que nuestro código tiene una excesiva cantidad de penas. En ese sentido, las leyes podrían aplicarse más si hubiera una mayor contracción al trabajo, mayor independencia práctica y si todo el estándar argentino mostrara una conducta ética desde arriba. El promedio de “no moralidad” es muy alto y, por eso, todavía prosperan poco las denuncias contra el poder.
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CENSURA A BLOGS POLITICOS

¿Prohibición de censura previa, permisión de censura posterior? Un caso en la Internet

Enviado por Juan Upegui el lun 07/09/2009 a las 14:28

Como ustedes saben la censura, al menos la previa, está prohibida por nuestra hermosa Convención Americana de los Derechos Humanos de 1969. En efecto, la disposición del artículo 13 de la Convención garantiza varios derechos humanos: la libertad de expresión, la información, la libertad de prensa, etc. Esta fórmula, ha inspirado los textos de nuestras constituciones y en general, podría decirse que es un patrimonio común de las Américas. La prohibición de censura previa es pues, el pilar normativo sobre el cual construir un régimen ad hoc de la libertad de expresión para el caso concreto de los blogs jurídicos o políticos.
Asímismo, la prohibición de la censura previa supone, al menos en términos lógicos, la posibilidad de una censura posterior. Posterior, precisamente al ejercicio de la libertad de expresión, esto es, a la publicación.
Esta posibilidad puede parecer un sinsentido en el caso de la publicación de un periódico, de un programa de televisión o de un libro (las medidas de recoger los ejemplares o las posibles grabaciones son por lo general ineficaces y además patéticas). Una situación similar en principio parecería absurda en el caso de publicación bajo la forma de un post, en un blog jurídico, o en un video que se cuelgue en YouTube, o en general en cualquier medio de difusión de la Internet. Sin embargo, bien visto el asunto, no lo es tanto, pues, en este medio, lo que ha estado accesible y público puede ya no estarlo, ya porque sea retirado voluntariamente, porque se ordene su retiro, porque sea bloqueado desde los motores de búsqueda, etc.
Este parece ser el caso de la particularmente célebre Jueza argentina Servini de Cubria. En la República Argentina, esta funcionaria judicial ha entrado al hall de la fama, o de la infamia (vaya uno a saber) por sus recurrentes alegatos judiciales contra la prensa, pero no como juez, sino como parte.
El último capítulo de la saga se está escribiendo ahora, en una causa que la juez adelanta contra Google y Yahoo en la denominación .ar, por la supuesta violación de sus derechos a la intimidad, habeas data y relacionados, bajo el argumento de que la información personal que le concierne circulaba en la red sin que ella hubiese prestado su consentimiento previo y expreso.
En el procedimiento cautelar logró que se ordenara a las demandadas la supresión de las entradas de su nombre, que pudieran ser identificadas por los motores de búsqueda. Esta situación llevó a Hernán Casciari, periodista del diario argentino “La Nación” a introducir una presentación de la causa con esta genialidad:
“Cuando la mujer se buscaba en Google, no encontraba lo que quería ver. Igual que la bruja del cuento de Blancanieves, el espejito no le devolvía una respuesta alentadora. En vez de decir que era guapa y buena, los textos hablaban del Yomagate, de su amistad con el poder y de las docenas de juicios políticos en su contra. En octubre del año pasado ordenó que Google y Yahoo eliminaran de sus bases de datos las informaciones que pudieran perjudicarla. Quiso romper el espejo.”
Y lo consiguió, aunque fuera momentáneamente, con la concesión en primera instancia de una medida cautelar. En efecto, Google y Yahoo se vieron judicialmente obligados a suprimir las entradas generadas con el nombre de la famosa juez, al menos en el espacio .ar. Censura seguro, pero posterior y hasta ahora, momentánea, pues la medida cautelar fue recientemente revocada en el mes de junio de 2009, bajo el argumento de la protección a la libertad de expresión.
El fondo del asunto aún está pendiente de resolución judicial.
Etiquetas: tribunales censura internet

JUSTICIA PROSTITUIDA

Del otro lado de la acera está el veterano penalista Sergio García Quintero, un ex juez de prestigio que conoce además de primera mano la realidad de los juzgados nicaragüenses.

Para él la justicia está prostituida y en este caso recordó la frase de un magistrado que hace algunos años sostuvo que, ante la falta de dinero, la única salida es que “a los pobres los defienda Dios”.

Managua, 13 de noviembre, 2009 Actualizado 05:22 p.m.


Nacionales
Coima dicta justicia en los tribunales
Un mal que prospera

32% de hogares paga para agilizar sus trámites en los últimos dos años, revela estudio
Por: Octavio Enríquez

Hernán Estrada

LA PRENSA

Un diagnóstico financiado por las agencias de cooperación de Noruega, Dinamarca y Finlandia, realizado en julio pasado por la firma independiente CIET International, descubrió las coimas que los ciudadanos deben pagar en las instalaciones judiciales para agilizar sus trámites.

La medición se hizo en seis mil hogares distribuidos en 70 comunidades del país.

El estudio se titula “Percepción de la corrupción en Servicios Públicos Locales”, tales como los centros de salud, los tribunales, alcaldías y policías de tránsito.

La justicia es la que queda peor de todas las áreas evaluadas.

En las otras existe una disminución de los pagos no autorizados.

En el caso de los tribunales ocurre lo contrario. Hace 11 años, reseña el informe, apenas 22 de cada 100 hogares dijeron que daban coimas, pero ahora la cifra es de 32 y supone un reto enorme para las autoridades.

Los ciudadanos sienten que deben pagar en su mayoría entre 100 y 500 córdobas (24 por ciento), mientras el 17 por ciento asegura que paga entre mil y 3 mil córdobas y otro 17 por ciento dice que paga más de 3 mil córdobas.

Retrato de la corrupción
¿En qué se diferencia la corrupción de los últimos presidentes de Nicaragua?Según el diagnóstico sobre la corrupción en Nicaragua, elaborado por un equipo de consultores entre ellos el decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Centroamericana, doctor Manuel Aráuz, las conductas de la corrupción han mutado según la administración de turno, pero lo normal ahora es que nadie ve corrupción.Los funcionarios consultados no quisieron hablar del tema y, pese a las investigaciones periodísticas, dentro del Gobierno los empleados públicos perciben que reina la política de “cero tolerancia a la corrupción”.La investigación menciona el riesgo para la transparencia que supone un presupuesto paralelo al Estado, como ha sido el caso denunciado de la millonaria cooperación venezolana. Una conclusión trágica es que el peso político de los involucrados influye en la justicia, y eso ha sido igual a lo largo de varios administraciones.¿Cómo fue la corrupción de la administración Chamorro? El diagnóstico responde que se vio en “la desmedida voracidad por la apropiación de lo público por parte de funcionarios gubernamentales, asociados a emergentes grupos empresariales”.Con el ex gobernante Arnoldo Alemán fue la época en cambio de lo ostentoso. “Pululaba el entendimiento de que el nombramiento en un cargo de alta responsabilidad gubernamental representaba la concesión de una patente de corso para hacer y deshacer. Fue el tiempo del derroche”, se lee en el documento. En relación con el ingeniero Enrique Bolaños la corrupción fue más elaborada y hubo tráfico de influencias, aunque dio ejemplos de combatir la corrupción.

POCO CRÉDITO EN GENERAL


Así las cosas, el lector entiende perfectamente por qué 63 de cada 100 hogares perciben corrupción en los juzgados capitalinos, 43 de cada 100 en los departamentales y 31 cuando se trata de municipios y comarcas.

La corrupción en la capital continúa siendo mayor que en los departamentos, pero se ha reducido el margen y de una percepción 42 por ciento contra 26 por ciento en 2006, ahora se pasó a 34 contra 31 por ciento.

“Evitar pagos no autorizados disminuiría la percepción de corrupción en 31 de cada mil hogares usuarios”, se lee en el estudio que fue presentado delante el Procurador General de la República, Hernán Estrada, y el embajador de Noruega en el país.

Las estadísticas no son totalmente del agrado del abogado del Estado, quien destacó los otros datos de la medición en que se percibe cifras de coimas menos grandes que en el Poder Judicial. En las alcaldías, por ejemplo, sólo 11 de cada 100 hogares dicen que tuvieron que pagar por el trámite, dos lo hicieron en los centros de salud, 16 en la escuela primaria pública.

LAS “MORDIDAS”


La otra que sale reprobada es la Policía de Tránsito. Los números indican que aumentó el porcentaje de ciudadanos que debieron pagar para verse librados de una multa. Conocidas como mordidas, esta práctica común fue admitida por 24 de cada 100 hogares.

“Independientemente de la posición política que el diario de usted represente, es importante para que sea una información positiva, que proyecte también la otra parte, y es que hay una voluntad claramente de este Gobierno de satisfacer los derechos de mucha gente que habían estado insatisfechos, no sólo en materia de salud, sino también de justicia. ¿Que hay que hacer algo en esta materia? Pues sí. El Presidente está comprometido con esta tarea”, agregó el Procurador.

Estrada celebró la objetividad del informe y anunció una comisión gubernamental que buscará mejorar, según él, la percepción de corrupción como país y que estaría integrada por ministros de Estado.

REALIDAD EN LOS JUZGADOS


Pero una cosa es como ve la situación el abogado del Estado. Del otro lado de la acera está el veterano penalista Sergio García Quintero, un ex juez de prestigio que conoce además de primera mano la realidad de los juzgados nicaragüenses.

Para él la justicia está prostituida y en este caso recordó la frase de un magistrado que hace algunos años sostuvo que, ante la falta de dinero, la única salida es que “a los pobres los defienda Dios”.

Esa corrupción se da a todos los niveles. Existen en los pasillos de la Corte y en las otras dependencias estatales, allegados a los magistrados que les informan sobre determinados casos en los que luego pueden negociar con las partes involucradas.

“Andan vendiendo la justicia a domicilio. El destino del juicio está señalado desde que comienza. Hay magistrados de la Suprema que tienen gente que está atenta a juicios grandes para informarles lo que está ocurriendo, son utilizados como puentes y ofrecen protección a cambio de una colaboración”, añadió el abogado.

LA POLÍTICA


Los intereses económicos presionan mucho al sistema y también lo hace lo político. El caso más reciente, la sentencia que dio vía libre a la reelección del presidente Ortega. García Quintero se queja y analiza que si ha llegado a un punto muerto es por los intereses políticos que pululan en el ambiente.




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2009
Nov 13
02:39p.m
holman hol dice:
Este hernancito es un descarado, sinverguenza, un hombre de lo mas mentiroso, y matrero.Es bueno inventando historias, y siguiendole el juego a Daniel, por que en el fondo ni sandinista es, lo que es un aprovechado, por que en una borrachera se le salio decir que lo que hacia era seguirle el juego a Daniel y la Chamuca.
2009
Nov 13
01:50p.m
Casimiro Cervantes Solórzano dice:
Las diferentes instancias del Poder Judicial, se llevaron la palma de la corrupción, ya que el 63% respondió que es en las judicaturas, magistraturas, registros públicos, etc., donde tienen que pagar "mordidas" para acelerar los trámites de sus gestiones judiciales o inscripción de instrumentos públicos. En los Registros de la Propiedad, si no hay "mordidas" nunca sale el testimonio inscrito y se corre el riesgo que la propiedad la vuelvan a vender. En cuanto a que ha disminuido la corrupción en los ministerios y entes autónomos, eso es una farsa, porque está institucionalizada. Desde el momento mismo que no se someten a procesos de licitación pública las adjudicaciones de obras viales, portuarias, telecomunicaciones, etc., las coimas se concentran en los titulares de las unidades ejecutoras, personal de supervisión y asesores legales. Pero también el cobro de las "mordidas" está centralizada. Hay oficinas donde los contratistas y proveedores de bienes y servicio al Estado, pasan dejando en efectivo el monto de lo pactado y de ahí pasa a la caja central de la tesorería general del FSLN. De aquí salen los "honorarios" para los diputados que venden sus bonos al mejor postor en la Asamblea Nacional.
2009
Nov 13
01:20p.m
Guillermo Rocha dice:
Aqui la corrupcion esta a lo maximo. Eso no es ningun secreto. Viene el señor que mide la luz, le digo que me cobre la mitad del recibo y que le pago a el la mitad de eso que me cobre, y lo hace. Viene el del agua, igual. Voy a los juzgados, le pago a la secretaria, soy el primero en la fila. Un policia me para por andar fumado de mariguana, viendome salir de una taverna el policia, que hasta me quede dormido en el timon mientras el iba a apuntar mi placa, le di 300 varas y hasta me dijo donde quedaba un prostibulo cerca. Asi funciona este pais! Por cieto, DONDE ESTA MI maldito VOTO!!!!?
2009
Nov 13
01:18p.m
coimeado dice:
A mi me ha tocado pagar a mi abogado hasta dos mil córodbas para que el secretario de juez, agilice un proyecto de sentecia en lo civil, de los juzgados de managua estos secretario ganan muy bien el pueblo de nicargua les paga muchos beneficos por vía convenio y todavía no los llena, esto todos los abogados lo saben y nadie hace nada. la justicia en NIc. es una una cloaca
2009
Nov 13
12:51m
NICA dice:
Hernan! solo ver tu cara pareciera que te andas cagando, cara delada!!!j.ja.jajajajaj
2009
Nov 13
12:41m
zaranda dice:
Pues el estudio este, involucra a los gobiernos anteriores, y déjeme decir que estábamos mucho pero, se nota que se esta trabajando para mejorar y borrar la corrupción. la prensa no pone todo, porque el nuevo diario hay más información, no se, me parece que solo se fijan en lo más malo y les vale gorro lo bueno
2009
Nov 13
12:28m
Karla M dice:
para mi si se ha avanzado, en los lugares del gobierno ya no se tiene que pagar para que le hagan un tramite, eso lo mira cualquiera, pero ustedes no hay como vean un avance del gobierno, que triste estar tan ciego o hacerse los ciegos.
2009
Nov 13
12:23m
Marvin R dice:
No se como no les da vergüenza a los señores de la prensa, bueno si la conocieran, como es posible que otro periódico saco en que se ha mejorado, pero este ni por J@der.
2009
Nov 13
12:20m
pinol dice:
Jajaja, son unos salvajes la noticia buena les alcanzo en una línea, por favor. El veneno que tiran ustedes es vulgar, ni la disimulan, solo son buscar lo malo, bueno si de todas formas para eso les pagan, para decir mentiras.
2009
Nov 13
12:15m
pancho dice:
Este diario es una porquería, solo sirve a los intereses de la derecha, como es posible que no pusieron nada positivo, por lo menos el nuevo diario es un poquito más objetivo.
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