Enviado por Juan Upegui el lun 07/09/2009 a las 14:28
Como ustedes saben la censura, al menos la previa, está prohibida por nuestra hermosa Convención Americana de los Derechos Humanos de 1969. En efecto, la disposición del artículo 13 de la Convención garantiza varios derechos humanos: la libertad de expresión, la información, la libertad de prensa, etc. Esta fórmula, ha inspirado los textos de nuestras constituciones y en general, podría decirse que es un patrimonio común de las Américas. La prohibición de censura previa es pues, el pilar normativo sobre el cual construir un régimen ad hoc de la libertad de expresión para el caso concreto de los blogs jurídicos o políticos.
Asímismo, la prohibición de la censura previa supone, al menos en términos lógicos, la posibilidad de una censura posterior. Posterior, precisamente al ejercicio de la libertad de expresión, esto es, a la publicación.
Esta posibilidad puede parecer un sinsentido en el caso de la publicación de un periódico, de un programa de televisión o de un libro (las medidas de recoger los ejemplares o las posibles grabaciones son por lo general ineficaces y además patéticas). Una situación similar en principio parecería absurda en el caso de publicación bajo la forma de un post, en un blog jurídico, o en un video que se cuelgue en YouTube, o en general en cualquier medio de difusión de la Internet. Sin embargo, bien visto el asunto, no lo es tanto, pues, en este medio, lo que ha estado accesible y público puede ya no estarlo, ya porque sea retirado voluntariamente, porque se ordene su retiro, porque sea bloqueado desde los motores de búsqueda, etc.
Este parece ser el caso de la particularmente célebre Jueza argentina Servini de Cubria. En la República Argentina, esta funcionaria judicial ha entrado al hall de la fama, o de la infamia (vaya uno a saber) por sus recurrentes alegatos judiciales contra la prensa, pero no como juez, sino como parte.
El último capítulo de la saga se está escribiendo ahora, en una causa que la juez adelanta contra Google y Yahoo en la denominación .ar, por la supuesta violación de sus derechos a la intimidad, habeas data y relacionados, bajo el argumento de que la información personal que le concierne circulaba en la red sin que ella hubiese prestado su consentimiento previo y expreso.
En el procedimiento cautelar logró que se ordenara a las demandadas la supresión de las entradas de su nombre, que pudieran ser identificadas por los motores de búsqueda. Esta situación llevó a Hernán Casciari, periodista del diario argentino “La Nación” a introducir una presentación de la causa con esta genialidad:
“Cuando la mujer se buscaba en Google, no encontraba lo que quería ver. Igual que la bruja del cuento de Blancanieves, el espejito no le devolvía una respuesta alentadora. En vez de decir que era guapa y buena, los textos hablaban del Yomagate, de su amistad con el poder y de las docenas de juicios políticos en su contra. En octubre del año pasado ordenó que Google y Yahoo eliminaran de sus bases de datos las informaciones que pudieran perjudicarla. Quiso romper el espejo.”
Y lo consiguió, aunque fuera momentáneamente, con la concesión en primera instancia de una medida cautelar. En efecto, Google y Yahoo se vieron judicialmente obligados a suprimir las entradas generadas con el nombre de la famosa juez, al menos en el espacio .ar. Censura seguro, pero posterior y hasta ahora, momentánea, pues la medida cautelar fue recientemente revocada en el mes de junio de 2009, bajo el argumento de la protección a la libertad de expresión.
El fondo del asunto aún está pendiente de resolución judicial.
Etiquetas: tribunales censura internet
Como ustedes saben la censura, al menos la previa, está prohibida por nuestra hermosa Convención Americana de los Derechos Humanos de 1969. En efecto, la disposición del artículo 13 de la Convención garantiza varios derechos humanos: la libertad de expresión, la información, la libertad de prensa, etc. Esta fórmula, ha inspirado los textos de nuestras constituciones y en general, podría decirse que es un patrimonio común de las Américas. La prohibición de censura previa es pues, el pilar normativo sobre el cual construir un régimen ad hoc de la libertad de expresión para el caso concreto de los blogs jurídicos o políticos.
Asímismo, la prohibición de la censura previa supone, al menos en términos lógicos, la posibilidad de una censura posterior. Posterior, precisamente al ejercicio de la libertad de expresión, esto es, a la publicación.
Esta posibilidad puede parecer un sinsentido en el caso de la publicación de un periódico, de un programa de televisión o de un libro (las medidas de recoger los ejemplares o las posibles grabaciones son por lo general ineficaces y además patéticas). Una situación similar en principio parecería absurda en el caso de publicación bajo la forma de un post, en un blog jurídico, o en un video que se cuelgue en YouTube, o en general en cualquier medio de difusión de la Internet. Sin embargo, bien visto el asunto, no lo es tanto, pues, en este medio, lo que ha estado accesible y público puede ya no estarlo, ya porque sea retirado voluntariamente, porque se ordene su retiro, porque sea bloqueado desde los motores de búsqueda, etc.
Este parece ser el caso de la particularmente célebre Jueza argentina Servini de Cubria. En la República Argentina, esta funcionaria judicial ha entrado al hall de la fama, o de la infamia (vaya uno a saber) por sus recurrentes alegatos judiciales contra la prensa, pero no como juez, sino como parte.
El último capítulo de la saga se está escribiendo ahora, en una causa que la juez adelanta contra Google y Yahoo en la denominación .ar, por la supuesta violación de sus derechos a la intimidad, habeas data y relacionados, bajo el argumento de que la información personal que le concierne circulaba en la red sin que ella hubiese prestado su consentimiento previo y expreso.
En el procedimiento cautelar logró que se ordenara a las demandadas la supresión de las entradas de su nombre, que pudieran ser identificadas por los motores de búsqueda. Esta situación llevó a Hernán Casciari, periodista del diario argentino “La Nación” a introducir una presentación de la causa con esta genialidad:
“Cuando la mujer se buscaba en Google, no encontraba lo que quería ver. Igual que la bruja del cuento de Blancanieves, el espejito no le devolvía una respuesta alentadora. En vez de decir que era guapa y buena, los textos hablaban del Yomagate, de su amistad con el poder y de las docenas de juicios políticos en su contra. En octubre del año pasado ordenó que Google y Yahoo eliminaran de sus bases de datos las informaciones que pudieran perjudicarla. Quiso romper el espejo.”
Y lo consiguió, aunque fuera momentáneamente, con la concesión en primera instancia de una medida cautelar. En efecto, Google y Yahoo se vieron judicialmente obligados a suprimir las entradas generadas con el nombre de la famosa juez, al menos en el espacio .ar. Censura seguro, pero posterior y hasta ahora, momentánea, pues la medida cautelar fue recientemente revocada en el mes de junio de 2009, bajo el argumento de la protección a la libertad de expresión.
El fondo del asunto aún está pendiente de resolución judicial.
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