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jueves, 30 de julio de 2009

CONSEJO DE LA MAGISTRATURA Y EL DR. JORGE RIZZO




Video sobre la "clase magistral" que dio el Dr. Jorge G. Rizzo -relacionada con el Consejo de la Magistratura de la Naciòn - a los periodistas del diario "Ambito Financiero"






Dr. Jorge G. Rizzo
Presidente del Colegio Pùblico de Abogados de la Capital Federal
Presidente de "Gente de Derecho"

Publicado en "Ambito Financiero" el 28 de Julio de 2009.-



Abogados piden más representación

El presidente del Colegio Público de Abogados de Buenos Aires, Jorge Rizzo, reclamó una nueva reforma del Consejo de la Magistratura porque la que promovió Cristina de Kirchner no remedió los problemas que vienen de origen.


Tras las elecciones del 28 de junio, el debate por el funcionamiento y la estructura del Consejo de la Magistratura se ha reinstalado, impulsado por la oposición. Jorge Rizzo, presidente del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal, considera que en torno a este tema «lo que veo es una histeriqueada (sic) muy grande y los únicos que estamos aportando argumentos en serio somos nosotros».
Agregó que la discusión hay que «sacarla del marco político; ésta no es una pelea entre el oficialismo y la oposición, es una institución de la patria que todos juntos tenemos que ver cómo hacerla funcionar y si no funciona habrá que llamar a una reforma constitucional y hacerla desaparecer».
En una crítica a los distintos sectores enfatiza lo que aparece como una explicación del porqué del debate sobre el Consejo: «Los jueces, el oficialismo y la oposición quieren controlar el Consejo».
Aquí sus argumentos en diálogo con este diario:
Periodista: ¿Cómo evalúa el funcionamiento del Consejo de la Magistratura desde la reforma de 2006?
Jorge Rizzo: Tiene los mismos problemas que tenía el anterior, no funciona como esperábamos que funcione. Creo que la reforma, más allá de algunas cosas puntuales, no vino a solucionar nada, embarulló algunas otras y entonces el Consejo demora los tiempos que demoraba el anterior y por ahí más.
P.: ¿Por qué cree que no funciona como esperaban?
J.R.: Hay que remontarse un poco más atrás. Lo que pasa es que el Consejo fue importado por la Argentina de Europa, como siempre importamos todo el continente sin importarnos cuáles son los contenidos. La incorporación de legisladores, ya en el año 98, cuando el Consejo empezó a funcionar, fue una equivocación. Nosotros consideramos que es preferible que haya representantes del Congreso y no legisladores propiamente dichos, porque es una intromisión de la política en un área técnico-jurídica. Cuando se produce la reforma empieza a haber un componente marcadamente político. Hoy tenemos que son seis representantes del Congreso más la representante del Poder Ejecutivo, siete políticos sobre trece miembros, estamos hablando de una componente del 60%.
P.: ¿Cuál debería ser la estructura del Consejo?
J.R.: Nosotros creemos que lo ideal sería ir a una gran reforma consensuada, en donde los estamentos estemos representados de manera igualitaria. Estamos dando como ejemplo el Consejo de la Ciudad de Buenos Aires, en donde hay tres representantes desde la política que los elige la Legislatura, tres representantes de los jueces de la Ciudad y tres representantes de los abogados. Esto equilibra las fuerzas y nadie tiene derecho a controlar al Consejo. Pasó cuando se eligió al presidente del Consejo, en un acuerdo entre los políticos que forman parte del cuerpo, y se votó al Dr. Bunge cuando nadie esperaba esa designación.
P.: ¿Es posible replicar ese modelo de la Ciudad?
J.R.: Sí, por supuesto. Por ahí no tres, tres y tres, estamos estudiándolo. He mandado a hacer un proyecto de ley del que van a participar los hermanos González Arzac; Alberto García Lema, que es el presidente del Tribunal de Disciplina, que es una especie de padre del Consejo de la Magistratura porque fue el miembro informante en la Constituyente el 94; el consejero de la Magistratura de la Ciudad, Eugenio Cozzi; mi vicepresidente, Laura Calógero, y yo voy a trabajar personalmente, con lo cual formamos un buen equipo como para hacer un proyecto serio.
P.: El proyecto que están elaborando, ¿qué ejes contempla?
J.R.: Tenemos varias premisas. La primera es que no sean legisladores, sino representantes de la cámaras y que haya partes igualitarias entre abogados, jueces y políticos. Cuando digo esto también la Constitución habla de hombres de ciencia, y un representante del Poder Ejecutivo tiene que haber, lo que hay que definir es el números de los miembros, pero en igualdad de condiciones entre todas las partes. En segundo lugar consideramos que no puede ser presidente del Consejo el presidente de la Corte, y mucho menos por ley. Otro punto es que la partida del Poder Judicial la maneje el Consejo y no la Corte, y finalmente que los abogados y todos los miembros del Consejo puedan participar de todas las comisiones con voz y voto.
P.: ¿Cuál es el fundamento del planteo de inconstitucionalidad hecho por el Colegio que ya llegó a la Corte?
J.R.: Nos oponemos a la cantidad de miembros que nos sacaron a nosotros. Nos tienen que devolver los miembros. El único amparo (N. de la R.: el Colegio presentó un amparo en 2006) que se puede tratar en la Corte es el nuestro porque tenemos legitimación activa, porque nosotros planteamos que hemos sido damnificados puntualmente en nuestro estamento.
P.: Desde la oposición y desde los magistrados hay distintos argumentos para cuestionar el funcionamiento del Consejo, ¿cree que sería conveniente unificar un criterio para que el Gobierno acepte dar el debate?
J.R.: Lo que pasa es que nosotros estamos en una posición intermedia jurídica, no estamos haciendo partidocracia, estamos tratando al Consejo como una razón de Estado; queremos que se optimice como institución de la República que es. Los jueces, el oficialismo y la oposición quieren controlar el Consejo; nosotros no tenemos interés de controlarlo, tenemos el interés de que se elija a los mejores jueces y que cuando hay que destituir a un juez porque está en causal de destitución no se pierda tiempo.
P.: Usted dice que el Consejo no funciona como debiera, ¿hay jueces que deberían haber sido removidos?
J.R.: Hubo jueces que debieron haber sido removidos y se los pasó a jubilación porque se presentaban, renunciaban y se les daba la jubilación. También considero que el pueblo tiene derecho a enterarse cuando un magistrado ha incurrido en mal desempeño o en algún tipo de actividad ilícita. Seguramente con menos de los que hacen falta, pero más de los que quisieran muchos que se limite la remoción.
P.: ¿La demora en el nombramiento de los jueces, también es responsabilidad del Consejo?
J.R.: Creo que eso es más imputable al Congreso y al Ejecutivo que al Consejo en sí mismo. Sé que hay unos cuantos casos de ternas que están esperando los candidatos que el Ejecutivo publique el edicto final y no sale. Pero no hay duda de que los procedimientos son demasiado engorrosos; hay concursos que duran dos años.
P.: ¿En qué afectó a los abogados haber perdido representatividad en el Consejo.-
J.R.: No sólo perdimos eso. Por ejemplo, no estamos en la Comisión de Selección, cuando los abogados concurrimos habitualmente para participar en los concursos para la designación de nuevos jueces. El control y la fiscalización que queremos tener es muy importante porque podemos colaborar mucho más con el matriculado nuestro estando en las comisiones y participando activamente. Creo que es un handicap muy grande con respecto a, por ejemplo, los magistrados que sí están representados y que pueden nombrar con mayor probabilidad a gente que viene de la carrera judicial que a los que vienen de la profesión. La fiscalización es muy importante porque hace a la transparencia del Consejo. Y la posibilidad de que las minorías nuestras también estén representadas. Calculen que tenemos un solo representante por Capital Federal; entonces, la minoría no está representada.-
P.: Desde el punto de vista del contralor, la presencia de legisladores, ¿no le da más transparencia al Consejo?.-
J.R.: No creo. No se puede ser parte de dos poderes. El Consejo de la Magistratura en alguna u otra manera forma parte del Poder Judicial. O estoy en el Ejecutivo o estoy en el Judicial, o estoy en el Congreso o estoy en el Consejo de la Magistratura. Ésta es una idea nuestra, pero que no la tomamos del aire, sino que es la concepción original que se tuvo cuando se creó el organismo.-
P.: ¿Por qué cree que el Gobierno no quiere abrir el debate sobre el Consejo?.-
J.R.: Es algo lógico, es una ley que impulsó la Presidente de la Nación cuando era senadora. Quiero suponer que hizo todos los estudios pertinentes con conciencia y considera que su ley es buena. Yo no puedo creer que haya impulsado de la forma que lo hizo una norma sin haber hecho los análisis pertinentes.-
P.: Con el nuevo escenario político, ¿cree que puede haber algún cambio?.-
J.R.: El nuevo escenario político indica que hay un Poder Ejecutivo y un Congreso que si la oposición se junta y quiere tratar esta ley, la Presidente si quiera la veta y no se trata hasta el año siguiente porque no hay dos tercios para nadie. Esto es Constitución nacional, lo que estoy aplicando. Entonces la oposición lo que tiene que hacer es convencer al Gobierno y a los diputados oficialistas para que esta ley salga, y esto se hace con argumentos. Lo que veo es una histeriqueada (sic) muy grande y los únicos que estamos aportando argumentos en serio somos nosotros. Veo como los jueces quieren que el presidente de la Corte presida el Consejo, y a mí me parece un disparate. En primer lugar porque considero que nadie puede ser presidente por ley, debe ser elegido entre los pares. Cómo una ley va a decir quién tiene que ser el presidente. En segundo lugar, cómo el presidente de la Corte va a ser el mismo del Consejo, cuando son instituciones de la República que muchas veces tienen intereses contrapuestos. Hay que sacarlo del marco político; ésta no es una pelea entre el oficialismo y la oposición, es una institución de la patria que todos juntos tenemos que ver cómo hacerla funcionar y si no funciona habrá que llamar a una reforma constitucional y hacerla desaparecer. Pero no se puede hacer política con esto. Mientras esté en la Constitución hay que respetarlo y optimizarlo, y eso se logra transparentándo.-
Entrevista de Guillermo Gammacurta y Pablo Jiménez

sábado, 25 de julio de 2009

LEY 24.270 - IMPEDIMENTO DE CONTACTO - FALLO EJEMPLAR DEL TRIBUNAL DE CASACION PENAL DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES




FOTOS DE PADRES DEL MUNDO, QUE PELEAMOS Y LUCHAMOS POR TENER UN SANO VINCULO CON NUESTROS HIJOS, DECIMOS.....:
¡NO A LAS FALSAS DENUNCIAS!

¡NO AL "LAVADO DE CEREBRO DE NUESTROS HIJOS!


¡NO A LA DESIDIA E INCOMPETENCIA DE JUECES Y MAGISTRADOS !


























Placa en la puerta del Edificio de los Tribunales de Familia de San Isidro, lugar donde los Jueces del Tribunal Nº 2 (Abad, Halbide y Ruiz) imparten (In) Justicia diariamente en forma irresponsable, ineficiente e inepta ante el silencio y la complicidad de las autoridades del Colegio de Abogados de San Isidro

¿Por què esa maldita manìa de querer separar al Padre de sus Hijos?

¿Por què las falsas denuncias?

¿Por què los "lavados de cerebros" a los chicos?


¿Por què muchos Jueces y Magistrados son còmplices de esta barbarie y bestialidad judicial?


¿Por què, por què, por què......?








































Palacio de Justicia de la ciudad de La PLata, Argentina






El Dr. Víctor Horacio Violini, Juez de la Sala III del Tribunal de Casación Penal de la Provincia de Buenos Aires, máximo Tribunal Penal del 1° Estado Argentino, dictó sentencia el 4-10-2007 en la causa: “"P., M. J. s/ recurso de casación".-
Su colega, el Dr. Ricardo Borinsky, adhirió en un 100% a dicho fallo.-






Resumen del caso:

Una madre impedía el contacto del padre con su hijita en base a falsas denuncias (violencias, adicciones, etc.) y “lavado de cerebro” a la niña.-







Un Juez de la ciudad de Tres Arroyos la condenó a 8 meses de prisión por tal delito (art. 1° de la Ley 24.270 – Impedimento de contacto).-

La madre apeló, pero sin resultado.-








En el fallo señalado, se destaca que la madre intentó justificar su conducta “en razón de agresiones y violencias ejercidas por parte del padre .....hacia la misma...Pero las amenazas de muerte, las conductas violentas y supuestas adicciones y conductas delictivas.....no sólo no lograron ser acreditados de modo alguno, sino que quedaron desvirtuados por las declaraciones recibidas en la causa por numerosos testigos....”.-

Se destaca en el fallo lo afirmado “por la psicóloga Elsa Magdalena García Montaña quien fue conteste con las citadas declaraciones y que.....su especialidad sicología le permitió destacar la intención de A. de ser papá de sus hijos, fue muy clara cuando dijo que los menores habían sido ‘usados para resolver conflictos de pareja’ (sic), habiéndosele sustraído los niños al denunciante.....”.-

El Juez sigue afirmando que: “En cuanto al "interés superior del niño" al que tantas veces alude la parte (la madre) para justificar la conducta de P., argumentando que su accionar sólo tuvo en cuenta la protección de los menores, nada más lejos de la verdad.....la niña tenía una actitud retraída, al dibujar al grupo familiar no dibujaba a su padre, sí al abuelo, la abuela ysu tío, aseverando en tal sentido que "[...] la menor se adapta alpensamiento del adulto si se habla mal del padre va a hablar mal del padre. Es decir, se identificó con el pensamiento de la madre por temor de quien habla mal de su padre"( fs. 11 vta./12). Ello da respuesta a la defensa cuando citando jurisprudencia alega que no puede configurarse el delito "cuando es la niña la que no quiere ver al padre": la razón de tal actitud surge prístina y convierte en inaplicables los precedentes que invoca.”.-





Mis conclusiones sobre el fallo comentado:



Queda demostrado en los párrafos en letra coloorada que el SAP (“Síndrome de Alineación Parental” o “lavado de cerebro” al hij@ en contra del padre) existe, aunque algunos no lo quieran ver.-
Queda demostrado que las falsas denuncias existen, aunque algunos Jueces y Magistrados tampoco las quieran ver.-
Queda demostrado, también, que los Mercenarios del Derecho existen, aunque algunos Abogados no los quieran ver.-
Queda demostrado, además, que la Ley 24.270 es de obligación obligatoria por ser Ley de la Nación Argentina dictada por el Congreso de la Nación, aunque algunos Jueces y Asesores de Menores no la quieran ver.-




Queda demostrado, también, que el SAP no es una “coartada para pedófilos” como algunos lo quieran ver (diario PAGINA/12).-
Queda demostrado que los Padres seguiremos luchando contra toda forma de desvinculación de nuestros Hijos, aunque algunos no nos quieran ver.-

SERA JUSTICIA





FALLO COMPLETO




A C U E R D O
En la ciudad de La Plata, Provincia de Buenos Aires, sede de la Sala III delTribunal de Casación Penal, a los 4 días de octubre de dos mil siete sereúnen en acuerdo ordinario los señores jueces doctores Víctor HoracioViolini y Ricardo Borinsky, con la presidencia del primero de los nombrados(arts. 47 y 48 de la ley 5827), a los efectos de resolver la causa Nº 5017(registro de Presidencia Nº 19.383) caratulada "P., M. J. s/ recurso decasación", conforme al siguiente orden de votación: VIOLINI-BORINSKY.A N T E C E D E N T E SEl Juzgado en lo Correccional N° 1 de Tres Arroyos en lo que interesadestacar condenó a M. J. P. a la pena de ocho meses de prisión de ejecucióncondicional, con costas, por considerarla autora responsable del delito deimpedimento de contacto de los hijos menores con su padre no conviviente,agravado en los términos del art. 1° segundo párrafo de la ley 24.270.
Contra dicho pronunciamiento, la defensa particular interpuso recurso decasación (fs. 20/51 vta.), con cita de los artículos 14, 16, 18, 19, 28, 33,75 incs. 22 y 24 de la Constitución Nacional y de diversos Pactos yConvenciones a ella incorporados; 10, 13, 14, 15, 25, 42, 56, 57, 168 y 171de la Constitución Provincial; 34 inc. 3°, 40, 41 y 76 bis del Código Penal;1, 3, 5, 105, 106, 210, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 404 del CódigoProcesal Penal y 1º de la ley 24.270.
a) En primer lugar ataca la resolución que en su momento revocó lasuspensión de juicio a prueba, por entender que resulta nula, al habercercenado el debido proceso legal, el derecho de defensa, el beneficioregulado en el art. 76 bis del Código Penal y carecer de motivaciónsuficiente. Así las cosas, sostiene que las reglas de conducta impuestas asu defendida al momento del otorgamiento del instituto mencionado, no han sido incumplidas en momento alguno, adunando a ello que las conductas mencionadas por la asistente social no fueron realizadas por la imputada y que, además, en modo alguno podrían justificar la revocación del beneficio citado. Que el "a-quo" no ha analizado, al momento de resol-ver la revocación del instituto en cuestión, la circunstancia de que la defen-sa haya solicitado oportunamente la sustitución de la asistente social porhaber percibido en la misma parcialidad cuestión que tampoco habría sidoresuelta en su momento en tiempo y forma . Sumado a ello que la Fiscalíatampoco habría solicitado en forma efectiva la revocación de la suspensióndel juicio a prueba, sino que sólo requirió la intervención de un profesional de la salud, cuestión tampoco considerada. Es entonces que el juzgador sólo se habría remitido a receptar los informes de la asistente social, des-oyendo lo manifestado por las partes y, consecuentemente, violentando lo establecido en los arts. 168 y 171 de la Constitución Provincial y 106 del Código Procesal Penal al igual que el derecho de acceso a la justicia. Que así las cosas, denuncia a su vez, violación al principio de congruencia al no existir coincidencia entre la resolución judicial y el objeto de las peticiones que la delimitan. Seguidamente, entiende que en cuanto a la entidad que debe alcanzar el incumplimiento para ameritar la revocación, la ley ha establecido diversas opciones antes de disponer la misma; y que por lo expuesto, corresponde casar la resolución recurrida y, consecuentemente, dejar sin efecto el debate realizado y la sentencia dictada.
b) En segundo lugar, ahora en relación a la sentencia en cuestión, denunciala errónea interpretación por parte del sentenciante del art. 1º de la ley24.270, ello así por cuanto asimila o toma como sinónimos los verbos"impedir u obstruir" descriptos en el artículo aludido. Así las cosas,entiende la recurrente, que existe una distinta graduación normativa de lasacciones típicas aludidas respecto del delito en cuestión que deben servaloradas de distinto modo al momento de imponer la sanción penal y aplicar los art. 40 y 41 del Código Penal. Que al efectuar la asimilación de los verbos enunciados, no sólo ha incurrido en falta de fundamentación legal sino que ha violentado el derecho de defensa, a la igualdad y a unasentencia justa. Denuncia, asimismo, que la sentencia recae sobre hechos no denunciados al iniciarse la presente causa pues la denuncia que motiva la presente fue realizada el 21 de agosto de 2001, debiéndose juzgarse los delitos cometidos hasta esa fecha y no, como en autos, supuestas conductas ocurridas durante el año 2002.
Seguidamente, considera que la conducta desplegada por su asistida procesal resulta ser atípica, por cuanto la figura penal del artículo en cuestión exige que tal accionar haya sido efectuado con dolo por lo cual,contrariamente a lo expuesto, el sentenciante sostuvo que la accióndesplegada por la actora ha sido realizada en forma "voluntaria", pero sinhacer alusión según el recurrente al elemento "doloso" de esa voluntad. Aduna a ello que de la declaración de la imputada, surgiría con claridad lano intencionalidad de una conducta que conlleve un resultado delictivo.Sostiene que existió contradicción en los dichos de A., entre otras cosas,en cuanto a que el horario de visita a los menores no debía afectar elhorario escolar, circunstancia tal que sí habría ocurrido según lo habríareconocido el mismo. Que ninguno de los testigos aportados por A. pudodesacreditar lo expuesto por P. junto a M. y L. P., a cuanto a que el Sr. A.concurría de modo violento golpeando puertas y ventanas, motivo por el cual nadie querría abrir la puerta. Consecuentemente con ello, tampoco pudo probarse en autos que la "obstrucción" haya sido ilegal.
Que subsidiariamente a la atipicidad planteada precedentemente, entiendeque conforme a la preexistencia de una convivencia violenta y de imposiblecontinuación de la pareja acreditada por la pruebas de autos , la imputadase encontraba ante la presencia de una causal de justificación, a saber, elestado de necesidad.
Que en relación a las atenuantes impuestas, y de no prosperar loanteriormente expuesto, sostiene que el "a-quo" ha expresado atenuantes que no han sido aplicados a la escala penal y , a su vez, no ha consideradootros de vital importancia. Que entre estos últimos, la defensa hacereferencia a la carencia de antecedentes, la naturaleza de la acción encuanto a la existencia de obstrucción y no impedimento y los fineshumanitarios conjuntamente con la tutela de los niños que habría llevado a P. a la conducta desplegada. Que por lo expuesto, solicita se reduzca lapena impuesta a su mínimo legal.
En lo referido a las pautas aumentativas de la pena, el dato de "lapluralidad de los hijos" resultaría incontrastable, en tanto los dañoscausados no fueron debidamente estipendiados, motivo por el cual propugna la eliminación de la misma.
En punto a la ley 24.270, refiere que la sanción establecida en ella nosoluciona en lo mas mínimo el conflicto suscitado a su vez que violenta elderecho de propiedad y libertad dado que, entre otros argumentos a los quehace referencia, como la pena importa disminución de un bien jurídico eneste caso la libertad ambulatoria la disminución excesiva de ella impuestapor el artículo en cuestión supera los límites de forma impuestos por normas y principios constitucionales (art. 16, 18, 19, 75 inc. 22 de la Constitución Nacional), solicitando, consecuentemente, la inconstitucionalidad de la mencionada ley.
Concedido el recurso por el "a quo" (fs. 52 y vta.) y radicado en la Salacon debida comunicación a las partes (fs. 61 y 68), el Fiscal ante esteTribunal postuló su rechazo (fs. 62/63) por adolecer de múltiples defectosque lo harían insuficiente. Primeramente, porque en relación a lasolicitada nulidad de la resolución que revoca la suspensión del juicio aprueba, dicho decisorio no fue acompañado en autos, no surgiendo dato alguno sobre el mismo de las constancias acompañadas, ni intimación del "a-quo" para que sea agregada. Subsidiariamente, entiende que en relación al pretendido cambio de calificación legal, el recurrente sólo expone unaapreciación personal relativa a la valoración de las pruebas recolectadas enautos, cuestiones de hecho y prueba que se encontrarían vedadas en estainstancia, estando solo su conocimiento reservado a las instanciasprocesales ordinarias.
Así, el Tribunal se encuentra en condiciones de resolver, decidiendoplantear y votar las siguientes

C U E S T I O N E S:1º) ¿Es admisible el recurso de casación interpuesto? En caso afirmativo:2º) ¿Es procedente el recurso en tratamiento?
3º) ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?

V O T A C I Ó NA la primera cuestión planteada, el señor Juez doctor Violini dijo:El recurso satisface los requisitos de tiempo y forma, la parte se encuentralegitimada para recurrir y la sentencia objeto del recurso es definitivacorrespondiendo, en consecuencia, declarar admisible el presente recurso de casación (artículos 448, 450, 451, 454 inc. 1º, 456, 464 inc. 3º y 465 del Código Procesal Penal).
Voto POR LA AFIRMATIVA.
A la primera cuestión planteada, el señor Juez doctor Borinsky dijo:Adhiero al voto de mi colega preopinante, por sus fundamentos y, enconsecuencia, VOTO POR LA AFIRMATIVA.
A la segunda cuestión planteada, el señor Juez doctor Violini dijo:Por razones metodológicas, alteraré el orden de tratamiento de losagravios.1. La parte impugna la ley 24.270 por reputarla inconstitucional, al violara su juicio los preceptos de rango superior referidos a la racionalidad,proporcionalidad, retribución de la pena y legalidad. Sostiene también quetal norma no es útil para salvaguardar el interés superior del niño, yplantea diversas propuestas generales para solucionar los conflictosderivados de problemáticas análogas a la planteada en autos, muchas deaquéllas fundadas en una aparente "incapacidad" de la magistratura localpara actuar adecuadamente ante tales hechos. También cuestiona la norma por avanzar sobre competencias propias de la provincia.
Sin perjuicio de otras consideraciones que podrían formularse y en el límitede lo pertinente para resolver las cuestiones ventiladas en la presentecausa, valga recordar que la declaración de inconstitucionalidad de unadisposición legal es un acto de suma gravedad institucional, ya que lasleyes debidamente sancionadas y promulgadas, esto es, dictadas de acuerdo con los mecanismos previstos en nuestra Ley Fundamental, gozan de una presunción de legitimidad que opera plenamente y que obliga a ejercer dicha atribución con sobriedad y prudencia, únicamente cuando la repugnancia de la norma con la cláusula constitucional sea manifiesta, clara e indudable (CSJN, M. 896. LXXI, "Martínez, José A. s/ robo agravado", sent. del 6 VI 1989).
La Convención de los Derechos del Niño, ratificada por la ley 23.849 eintegrada a nuestra Constitución Nacional por el art. 75 inc. 22, en su art.9 inc. 3 indica que: "Los Estados parte respetarán el derecho del niño queesté separado de uno o ambos padres a mantener relaciones personales ycontacto directo con ambos padres de modo regular, salvo si ello escontrario al interés superior del niño".
Si bien la norma penal, de orden nacional, objetivamente parece protegerlos derechos de mantener el contacto de los padres no convivientes con sushijos, no se puede dejar de lado que el fin último es el de afianzar unaadecuada comunicación filial, ya que lo importante es la consolidación delos sentimientos de los menores con su padre o madre y de esta forma lograr la cohesión afectiva y eficaz de los vínculos familiares y lograr eldesarrollo de una estructura sólida y equilibrada del psiquismo de losmenores.De los fundamentos del proyecto de la ley 24.270 (ver Diario de Sesiones dela Cámara de Diputados de la Nación, reunión Nº 18 del 13 X 1993, pág.2416), se desprende que esta norma deriva de la suscripción de laConvención de los Derechos del Niño antes mencionada para paliar el vacío legal que hasta ese momento existía. En efecto, allí se indica expresamente que "se pasará a sancionar a aquellos que vulneren el inobjetable derecho de los menores a mantener contacto con sus padres" (Cám. Nac. Crim. y Corr., sala V, "Ottaviano, Lorena L.", res. del 13 IX 2005).
En consecuencia, se puede afirmar sin dudas que la ley 24.270 ha determinado la existencia de un nuevo tipo penal, correspondiendo ello a la competencia exclusiva del Congreso Nacional; y que siempre el interés que debe prevalecer es el del niño, desplazando así el de los padres, ello con sustento en las normas de orden supra nacional, constitucional y laintención del legislador.
Por lo expuesto y en lo que debe ser materia de tratamiento en la presente,no se advierte el vicio denunciado.
2. Los defensores impugnan la resolución que en su momento revocó lasuspensión de juicio a prueba. Entienden que resulta nula, al habercercenado el debido proceso legal, el derecho de defensa, el beneficioregulado en el art. 76 bis del C.P. y por carecer de motivación suficiente;requiriendo que se deje sin efecto el debate realizado y la sentenciadictada.Pero nuevamente sin perjuicio de otras consideraciones, advierto con losprincipales a la vista que el agravio es tanto insuficiente comoextemporáneo. Lo primero, desde que se dirige a la resolución dictada a fs.188 y vta. por el Juez en lo Correccional, sin preocuparse siquiera por lodecidido a fs. 222 y vta. por la Cámara de Apelación y Garantías en loPenal que la confirma. Y lo segundo y definitorio es que ese auto norecurrido en tiempo y forma se encontraba entonces firme al realizarse laaudiencia de debate en los presentes autos, por lo que el planteo que ahorase reedita fue correctamente rechazado por improcedente (arg. arts. 205, 206 y concs., del Código Procesal Penal).
Los argumentos acerca que se trataría de una nulidad absoluta y por lo tanto oponible en cualquier etapa del proceso se sustentan sólo en la opinión de quien los expone, quedando por tanto indemostrados.
3. En otro tramo de su escrito, los recurrentes se abocan a atacar lasentencia dictada en autos, donde se tuvo por probado "[...] que entremediados del año 2000 y los meses de Abril y Mayo del año 2002, la Sra. M. J. P. en su condición de progenitora de los menores M. de la P. y F. A., ilegalmente ha impedido y obstruido en forma voluntaria el contacto de losniños con su padre no conviviente, Sr. L. A. A." (fs. 7 vta.).
a) En lo relativo al principio de congruencia, no evidencia la parte ni seadvierte ninguna violación, ya que nada tiene que ver en el tema la fecha en que se radicara la denuncia, si la imputada (tal como lo admiten los propios quejosos) fue indagada en base a los hechos que finalmente integraron la requisitoria fiscal, sobre los que se alegó ampliamente y sobre los que finalmente recayera condena, no viéndose afectado de modo alguno el derecho de defensa (arg. art. 18 de la Constitución Nacional)
b) En cuanto a la supuesta asimilación que habría efectuado el "a-quo" delos verbos "obstruir" e "impedir" que constituyen el núcleo de la accióntípica, no logra la parte demostrar la influencia que podría tener lasubsunción de la conducta de P. en uno u otro supuesto a los fines de lacalificación legal del ilícito, desde que la penalidad es única (ello en lahipótesis que la imputada no haya ejecutado ambas acciones, tal comodescribe el sentenciante la materialidad de la infracción).
Los efectos teóricos que podrían proyectarse sobre el monto de la penalidada imponer, según la procesada haya "impedido" o sólo "obstruido" el contacto de los hijos menores con su padre no conviviente es harina de otro costal, sobre lo que no emito opinión alguna ya que la defensa sólo elabora una serie de hipótesis al respecto que no relaciona con los hechos acreditados en la causa.
Obiter dictum: Según el Diccionario de la Real Academia Española (22ºedición) las acepciones del verbo "obstruir" en lo que interesa son"estorbar el paso, cerrar un conducto o camino Impedir la acción Impedir la operación de un agente, sea en lo físico, sea en lo inmaterial",y la de "impedir" es "estorbar, imposibilitar la ejecución de algo"; de loque para nada surge la marcada diferencia con la que machacan losrecurrentes.c) También alega la parte la "atipicidad" de la conducta desplegada por P.,por cuanto el art. 1º de la ley 24.270 exige que el accionar allí descriptohaya sido efectuado con dolo, mientras que el juzgador sostuvo que la acción desplegada por la imputada ha sido realizada en forma "voluntaria", pero sin hacer alusión según el recurrente al elemento "doloso" de esa voluntad.
Aduna a ello, que de la declaración de la imputada, surgiría con claridadla no intencionalidad de una conducta que conlleve un resultado delictivo.Paralelamente y en base a los hechos que enuncia, afirma que tampoco pudo probarse en autos que la "obstrucción" haya sido ilegal.
En subsidio, sostiene la parte que conforme a la preexistencia de unaconvivencia violenta y de imposible continuación de la pareja afamada a suentender por lo acreditado en autos, la imputada se encontraba ante lapresencia de una causal de justificación, a saber, el estado de necesidad.c.1) Los esforzados defensores realizan una extensa argumentación tendiente a la demostración de los extremos antes aludidos, pero no logran evidenciar que el razonamiento de origen exhiba fisura lógica alguna, desde que el recurso muestra, sin dificultad, una oposición a la base fáctica, mediante el desarrollo de una construcción propia que acomoda los hechos a los intereses de su parte (tergiversando unos y silenciando otros), eninadecuada técnica para demostrar la absurda y arbitraria valoración de laprueba denunciada; lo que impone en consecuencia su rechazo (artículos 210, 373, 448, 451 y 456 del Código Procesal Penal).
c.2) Tales deficiencias se advierten a poco que se tenga en cuenta que lapropia imputada al prestar la declaración reglada en el art. 308 delceremonial admitió indirectamente el hecho materia de imputación, perointentando justificarlo en razón de agresiones y violencias ejercidas porparte del padre de sus hijos hacia la misma, agregando que proponía lapresencia de terceros en las visitas de aquél por seguridad hacia su persona y la de los niños, poniendo de resalto que no impidió el contacto del Sr. A. con sus hijos menores y agregando copias simples de denuncias hechas en contra del progenitor de M. de la P. y F. En la audiencia amplió estas manifestaciones, haciendo hincapié en la violencia que pre-suntamente sufriera de parte de A., el temor sufrido en estas circunstan-cias, como así también las molestias efectuadas por aquél, achacándole al mismo la comisión de distintos delitos y la falta de preocupación para con los hijos.
Pero las amenazas de muerte, las conductas violentas y supuestas adicciones y conductas delictivas que dieron lugar a la formación de sendos procesos por denuncias de P., no sólo no lograron ser acreditados de modo alguno, sino que quedaron desvirtuados por las declaraciones recibidas en la causa por numerosos testigos que sin éxito intenta descalificar la defensa que acompañaron al denunciante en reiteradas oportunidades en ocasión de realizar las visitas pautadas, corroborado por la psicóloga Elsa Magdalena García Montaña quien fue conteste con las citadas declaraciones y que según lo consignado por el "a-quo" en el veredicto "[...] su especialidad sicología le permitió destacar la intención de A. de ser papá de sus hijos, fue muy clara cuando dijo que los menores habían sido ‘usados para resolver conflictos de pareja’ (sic), habiéndosele sustraído los niños al denunciante A., al omitir su progenitora el contacto entre éste y los menores. También resaltó que en el contexto de la pareja P. A. lo importante era el grupo familiar de M. J. P., el que calificó de ‘dominante’ (sic). En su declaración, la compareciente destacó el perfil no violento de A., el que fuera achacado por P. e invocado como motivo de separación de los cónyuges y de omisión de contacto con los menores M. de la P. y F." (fs. 10).
A su turno, la Asistente Social Stella María Rocca manifestó que P. habíareferido ejercicio de violencia por parte de A., pero sin embargo sostuvoque dicha violencia rodeaba a la relación de pareja, siendo esto coincidentecon lo manifestado por la Psic. García Montaña cuando se refirió a la "unión de sus componentes por la hostilidad".
Todo lo expuesto llevó al sentenciante a tener por acreditado que M. J. P.omitió dolosamente el contacto de sus hijos menores con su padre noconviviente: he allí el elemento subjetivo cuya deficiente consideracióninfundadamente denunció la defensa.
c.3) Profundamente relacionado con lo antes expresado se encuentra laeximente de responsabilidad cuya existencia quedó descartada en lasentencia. Es que los letrados defensores alegan un supuesto estado denecesidad justificante no sólo a favor de la imputada sino involucrando ensu alcance a los hijos menores, fundándolo centralmente en la conductaviolenta de P. (agresiones, amenazas, daños a cortinas y ventanas, etc.), alque intentaron endilgarle también ser consumidor de estupefacientes y haber provocado por medio de una golpiza a la madre el nacimiento prematuro de su hijo F. Pero ninguna consideración me merecen estos argumentos, desde que como se dijera nada de ello se encuentra mínimamente acreditado en estas actuaciones.
Sobreabundando: curiosamente, tales hechos sólo encuentran correlato en lo expresado –además de la imputada por su padre, madre y hermano (los que conforman el "grupo familiar dominante" al que se refirió la Psic. García Montaña). Y con los principales a la vista, no puedo dejar de acotar a modo de reflexión que también observo la intervención que les cupo en las circunstancias en que las visitas se frustraban o cuando directamente los niños eran retirados del lugar determinado para los encuentros, conanterioridad o concomitantemente a los mismos.
En cuanto al "interés superior del niño" al que tantas veces alude la partepara justificar la conducta de P., argumentando que su accionar sólo tuvo en cuenta la protección de los menores, nada más lejos de la verdad. Si loexpuesto no bastara basta para desestimar la pretensión, traigo a colaciónla conducta de M. de la P. descripta por la profesional antes citada sinemitir opinión sobre las secuelas psíquicas que pudieran resultar, por nocorresponder cuando afirma que la niña tenía una actitud retraída, aldibujar al grupo familiar no dibujaba a su padre, sí al abuelo, la abuela ysu tío, aseverando en tal sentido que "[...] la menor se adapta alpensamiento del adulto si se habla mal del padre va a hablar mal del padre.
Es decir, se identificó con el pensamiento de la madre por temor de quienhabla mal de su padre"( fs. 11 vta./12). Ello da respuesta a la defensacuando citando jurisprudencia alega que no puede configurarse el delito"cuando es la niña la que no quiere ver al padre": la razón de tal actitudsurge prístina y convierte en inaplicables los precedentes que invoca.
Para concluir, comparto la opinión final del sentenciante en cuanto a la"ausencia de mal alguno que hubiere que evitar" en la inteligencia del inc. 3º del art. 34 del Código Penal.
4. a) La recurrente sostiene que el "a-quo" habría expresado atenuantes que no han sido aplicados a la escala penal y, a su vez, no ha considerado otros de vital importancia, tales como la carencia de antecedentes, la naturaleza de la acción en cuanto a la existencia de obstrucción y no impedimento y los fines humanitarios conjuntamente con la tutela de los niños que habría llevado a P. a la conducta desplegada. Que por lo expuesto, solicita se reduzca la pena impuesta a su mínimo legal.
Al contrario de lo afirmado, la carencia de antecedentes fue expresamentevalorado por el sentenciante, y en cuanto a que los extremos meritados como minorantes no se habrían reflejado en el monto de la sanción impuesta, no pasa de ser una opinión personal careciente de todo otro sustento.
Lo mismo puede predicarse de las circunstancias que la parte estima quedebieron ser consideradas al mismo efecto; las que agrego no fueroninvocadas en tal carácter en el momento procesal oportuno (sólo se refirióal "buen concepto" en su alegato; integrando los hechos que ahora intentahacer valer como atenuantes, parte de los fundamentos en que intentabaacreditar la causal de justificación que recibiera tratamiento en elapartado anterior).
b) En lo referido a las pautas aumentativas de la pena, reconoce que ladescripta como "la pluralidad de los hijos" resultaría inobjetable, más sedesconforma con la valoración en tal carácter de los daños causados a losmenores.La parte intenta evidenciar su tesis cuestionando lo informado por lapsicóloga García Montaña confrontándolo con los informes del desempeñoescolar de M. de la P. y F., pero no logra demostrar que el contenido deéstos en el mejor de los casos sea capaz de desplazar los desarrollos quesobre el aspecto impugnado realiza el sentenciante a lo largo de suveredicto. A mayor abundamiento: al respecto, la propia defensa admite que "[...] los niños reciben la consulta de una renombrada especialista localen menores [...]" (fs. 47 vta.).
Y lo relativo a la diferencia entre "impedimento" y "obstrucción" yarecibió respuesta en su momento.
Entonces, tal como viene planteada la queja no puede progresar.
5. Los agravios de naturaleza constitucional dependían del éxito de losprecedentemente tratados, por lo que su rechazo me exime de toda otraconsideración sobre el particular.
Voto por la negativa.
A la segunda cuestión planteada, el señor Juez doctor Borinsky dijo:Por sus fundamentos, adhiero al voto del doctor Violini y VOTO POR LANEGATIVA.A la tercera cuestión planteada, el señor Juez doctor Violini dijo:Tal como han quedado resueltas las cuestiones precedentes, corresponde yasí lo propongo al Acuerdo:
1. Declarar admisible el recurso de casación interpuesto a fs. 20/51 vta.
2. No hacer lugar a la pretendida inconstitucionalidad de la ley 24.270.
3. Rechazar por improcedente el recurso en tratamiento, con costas.
4. Regular los honorarios de los doctores Maximiliano Ruiz y MarceloAlejandro David por la labor desarrollada ante esta instancia, en un 30% de la suma fijada para cada uno de ellos en la sentencia recurrida.
Rigen los artículos 18, 19, 75 incs. 22 y 24 y concs. de la ConstituciónNacional; 10, 15, y concs. de la Provincial; 34 inc. 3°, 40, 41 y 76 bis delCódigo Penal; 1º, 106, 201, 205, 206, 210, 373, 448, 450, 451, 454 inc. 1º,456, 464 inc. 3º, 465, 530 y 531 del Código Procesal Penal; 1º de la ley24.270 y 28 "in fine" del decreto ley 8904/77.

Así lo voto.
A la tercera cuestión planteada, el señor Juez doc-tor Borinsky dijo:
Adhiero al voto del doctor Violini, por sus fundamentos.Así lo voto.
Por lo que no siendo para mas, y dándose por finalizado el Acuerdo, elTribunal decide dictar la siguiente

S E N T E N C I AI. DECLARAR admisible el recurso de casación interpuesto a fs. 20/51 vta.II. No hacer lugar a la pretendida inconstitucionalidad de la ley 24.270.III. RECHAZAR, por improcedente, el recurso en tratamiento, con costas.IV. Regular los honorarios de los doctores Maximiliano Ruiz y MarceloAlejandro David por la labor desarrollada ante esta instancia, en un 30% de la suma fijada para cada uno de ellos en la sentencia recurrida.Rigen los artículos 18, 19, 75 incs. 22 y 24 y concs. de la ConstituciónNacional; 10, 15, y concs. de la Provincial; 34 inc. 3°, 40, 41 y 76 bis delCódigo Penal; 1º, 106, 201, 205, 206, 210, 373, 448, 450, 451, 454 inc. 1º,456, 464 inc. 3º, 465, 530 y 531 del Código Procesal Penal; 1º de la ley24.270 y 28 "in fine" del decreto ley 8904/77.
Regístrese y remítase a la Mesa Única General de Entradas para sunotificación y oportuno archivo.
RICARDO BORINSKY – VÍCTOR HORACIO VIOLÍN

viernes, 24 de julio de 2009

JUSTICIA COUNTRY: PELICULA "LA ZONA"























Notas del director, Sr. Rodrigo Pla.-

La Zona es la historia de un asalto a mano armada y de la cacería de un hombre, pero sobre todo es la historia de una sociedad rota, dividida, la historia de dos mundos que se temen y se odian entre sí. ¿Qué hacer cuando la ineficiencia y corrupción de quien debe ejercer la justicia nos deja desamparados? ¿Qué hacer en un mundo donde algunos hombres, pocos, son impúdicamente ricos y la gran mayoría desesperadamente pobres? ¿Qué hacer con el terror del que se aísla detrás de un muro y con la frustración del que vive del otro lado? La Zona pretende ser una llamada de atención, una advertencia ante una forma de futuro posible, una forma de vida que cada vez está más cerca.

Al rodearse de muros, los residentes de la Zona prohíben a los otros la entrada, sin darse cuenta de que el mismo muro significa el encierro para ellos. En beneficio de la protección pierden también el derecho esencial a la privacidad, a la intimidad sacrificada en los circuitos cerrados que vigilan a todos, un precio excesivamente alto para una seguridad que nunca será definitivamente segura. No importa el tamaño de la fortaleza, no importa la altura de la muralla; mientras el desequilibrio exista, siempre habrá alguien que se salte las reglas.

El punto de vista es el de un muchacho muy joven, Alejandro, residente de la Zona, que se verá obligado a enfrentarse a un mundo más amplio que el de la comodidad de su propia vida.

A partir de los sucesos de violencia que se presentan en la Zona y la posterior relación con el ladrón, tendrá la necesidad de cuestionarse todo.

A través del conocimiento de ambas caras del conflicto, iniciará un camino personal que le llevará a forjar sus principios éticos y a encontrar, en medio de ese caos, su propia visión de la justicia: “… tal vez este lado y el otro lado son el mismo, somos la misma cosa. Tal vez debería existir una forma de justicia que nos amparara a todos sin convertirnos en enemigos, sin obligarnos al odio y a la miseria humana”. La ley debe existir como forma de regular la convivencia en una sociedad; incluso el que delinque debe tener un marco de justicia para que se decida su castigo.

En el trabajo de la imagen consideré importante explotar el uso de las cámaras de circuito cerrado para generar la sensación de vigilancia permanente y el clima de paranoia constante que se vive a la espera de un “inminente” ataque.

Paranoia de los residentes que les conducirá a una opinión peligrosamente totalizadora que no permite en su seno la diversidad de pensamiento, toda acción que contradiga a la mayoría será rápidamente controlada. El uso de diferentes texturas en la imagen me permitió crear una vía para distinguir el afuera y el adentro, enfatizando en el interior de la Zona, un mundo idílico, limpio, tan perfecto que se vuelve un decorado falso e hipócrita.



Rodrigo Plá
Premios


Premios Luigi de Laurentis y CinemAwerine al Mejor Director (Rodrigo Plá) en el Festival de cine de Venecia.
Premio Airel (México) a la Mejor Co-actuación Masculina (Mario Zaragoza)
Mejor Guión, Festival Internacional de Cine de Atenas.
Mejor Film, Premio Ecuménico del jurado, Festival Internacional de cine de Bratislava.
Premio India Catalina de Oro al Mejor Director y Mejor Fotografía, Festival de cine de Cartagena.
Premio del público a la mejor película, Festival Internacional de Cinede Fribourg.
Premio del público dentro de la competencia Iberoamericana, Festival de cine de Miami.
Pemio del púbico al mejor director, Festival de nuevo cine de Montreal.
Pemio Corazon, a la Mejor realización, Festival de cine Latino de San Diego.
Premio del público a la mejor realización, Festival Internacional de cine de San Francisco.
Premio San Jordi a la mejor actriz española (Maribel Verdú).
Premio al mejor actor (Carlos Barden), Unión española de actores.
Mejor actor (novel) Festival de cine de Estocolmo
Premio Fipresci al mejor director en el Festival internacional de Cine de Toronto.
Premio Transilvania Trophy al mejor director en el Festival Internacional de cine de Transilvania.


Sinopsis

Alejandro es un adolescente que vive en una Zona residencial cerrada, autosuficiente y con una fuerte seguridad privada. Tanto su familia como el resto de los residentes, obligados por la creciente delincuencia, el miedo a la violencia y la falta de ley, han elegido ese lugar como último reducto de paz. Durante una madrugada, tres intrusos logran entrar en el lugar para robar en una casa. Durante el ataque es asesinada una anciana, pero dos de los ladrones son abatidos por la guardia privada. El tercer ladrón logra escapar y permanece prófugo en el interior de la Zona. Después de una áspera deliberación y conscientes de la corrupción e ineficiencia reinante, la mayoría de los vecinos de la Zona deciden hacer justicia por sí mismos.

En el sótano de su casa, el joven Alejandro se encuentra, por sorpresa, con el ladrón, Miguel, un joven de su misma edad que, asustado, reconoce su delito y pide ayuda. Mientras la búsqueda continúa, las opiniones de los vecinos del interior de la Zona comienzan a dividirse. Tras muchas vacilaciones, Alejandro decide ayudar a Miguel. Sin embargo, la creciente tensión y el miedo de los vecinos de la Zona, sumados a la presión que ejerce la policía desde el exterior, dificultarán su propósito.
En medio de todos estos acontecimientos, Alejandro se verá obligado a crecer y a encontrar su propia visión del mundo.
España - México
Calificación: SAM 16 AÑOS
Duración: 91 min.
Año: 2007

martes, 21 de julio de 2009

1º CONGRESO MUNDIAL DEL SAP...¿QUIEN DIJO QUE EL SAP NO EXISTTE?

Hace 4 años denunciè pùblicamente que mis hijas eran vìctimas del SAP:
A los Jueces del Tribunal de Familia Nº 2 de San Isidro, Argentina, jamàs les importò las denuncias que hice sobre el SAP que afectaba a mis hijas.-
Hoy puedo decir que me las "robaron" lavàndoles el cerebro.-
¡Sì, el SAP existe!





























Estimad@s amig@s tod@s:

Me place informarles que los primeros videos del 1er Congreso Internacional sobre Alienación Parental en Menores ya están disponibles.-

Por favor compartan esta información con todos sus amigos, compañeros, familiares y demás contactos a quienes pudieran también ser de interés y de utilidad.

Reciban un cordial saludo.

Dr. Víctor Armando Marín Cantú
Director de Comunicación y DifusiónAsociación Mexicana de Padres de Familia Separados.