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lunes, 23 de noviembre de 2009

LA CORRUPCION MATO UN PAPA - CRONICA DE UN CRIMEN ANUNCIADO


Cuando al Poder mafioso se le opone un obstàculo en su sendero de crimen, impunidad y violencia, reacciona.-
Juan Pablo I habìa empezado a pasar el rastrillo en el basural del Vaticano, y no le permitieron seguir hacièndolo.-
Mi homenaje a un hombre ìntegro, valiente y honesto.-
ROBERTO TERRILE






















LOS SEIS PRINCIPALES SOSPECHOSOS DEL ASESINATO DEL SANTO PADRE



Paul Casimir Marcinkus (alias: el Gorila)
Nació el 15 de enero de 1922 en Cicerón, Illinois, y se ordenó sacerdote en 1947. Recibió el Doctorado en derecho canónico en la Universidad Gregoriana, Roma y fue puesto en la sección inglesa de la oficina del Ministro de Asuntos Exteriores del Vaticano, Roma.
Después de los viajes de deber en Canadá y Bolivia, en 1959 fue designado en el departamento del Ministro de Asuntos Exteriores, Roma.
En 1964 fue el guardaespaldas del Papa Pablo VI, adquiriendo el apodo, "el Gorila". Después de acompañar al Papa por varios viajes se había convertido también en su traductor personal y consejero de seguridad. Marcinkus se hizo amigo personal del secretario del Papa, el Padre Pasquale Macchi.
Varios años más tarde, fue nombrado obispo por el Papa Pablo VI , e inmediatamente fue nombrado secretario del Banco del Vaticano. ¡Marcinkus no tenía ninguna experiencia bancaria anterior! Pp. 102-105.
En 1973 fue investigado por el F.B.I. por su participación directa en el lavado de dinero de la mafia por el Banco del Vaticano.
El 28 de septiembre de 1978, Marcinkus encontró que debía ser substituido como jefe del Banco del Vaticano por Msgr. Abbo, el 29 de septiembre.
El 29 de septiembre, a las 6:45 de la mañana. Marcinkus en el patio cercano al Banco del Vaticano dijo que había encontrado al Papa Jean Pablo muerto. La residencia de Marcinkus no era dentro de Vaticano; esto es a 20 minutos de allí. No conocían que él fuera un madrugador. Su presencia en el Vaticano a aquella hora nunca ha sido explicada.
El 28 de septiembre de 1981, el Papa Juan Pablo II promovió a Marcinkus a arzobispo y pro presidente de la Comisión Pontifical del Estado de la Ciudad de Vaticano (un cargo de gobernador virtual). Él conservó su puesto como el jefe del Banco del Vaticano.
A pesar del motivo y el acceso, Yallop no coloca a Marcinkus en lo alto de la lista de sospechosos.



Michele Sindona (alias: el Tiburón)



Nació el 8 de mayo de 1920 en Sicilia, donde recibió un grado de ley en la Universidad Messina. Durante WWII, compró alimento en el mercado negro de Palermo y lo pasó de contrabando (con la ayuda de la Mafia) a Messina.
En 1946 se fue de Sicilia a Milán con las cartas de introducción del arzobispo de Messina. En Milán, trabajó para una firma consultora de negocios y contabilidad; su especialidad fue trabajar por las leyes fiscales complejas de Italia. Tenía clientes de la Mafia y había sido confiado como un siciliano. Según Yallop, Sindona era, él mismo, un miembro de la Mafia. P.308.
En 1957, la familia Gambino se acercó a Sindona y sus primos sicilianos, los Inzerillos, para lavar el dinero que ellos comenzaban a hacer con la heroína. Poco después de esta reunión, Sindona compró su primer banco. Por los años 1960, Sindona siguió comprando bancos en grandes cantidades, para lavar el dinero para la Mafia, y falsificar eslabones financieros con el Vaticano. Pp. 106-113.
Escogido por el Papa Pablo VI para actuar como consejero financiero del Vaticano y mover algo el dinero del Vaticano hacia fuera de Italia (para impuestos y relaciones públicas). En 1973, el primer ministro Andreotti aclamó Sindona como "el salvador de la lira" y el embajador estadounidense lo llamó "el Hombre del Año. "
En 1974, el castillo de naipes de Sindona comenzó a deshacerse por fracasos bancarios en Europa y EE UU (Banco Nacional Franklin de Nueva York por ser el más espectacular), y pérdidas masivas para el Banco del Vaticano. Una orden de detención es emitida para Sindona, pero, advertido por sus amigos, él escapó a Ginebra (donde se hizo ciudadano suizo). Pp. 134-140.
En 1974, Sindona fue arrestado en EE UU donde comenzó una larga batalla por su extradición. Él conservó a Juan Mitchell (famoso por el Watergate) como abogado para representarlo, y fue declarado culpable en ausencia por malversar fondos sobre 23 cuentas. Un tribunal de Milán lo condenó a años 3-1/2 de prisión.
Sindona no respeta un contrato en vida del Ayudante del Fiscal público estadounidense, John Kenney, el principal acusador de su extradición (nunca realizada), así como de los empleados anteriores quienes sabían demasiado (los contratos que habían sido realizados).


El 11 de julio de 1979, Giorgio Ambrosoh, un abogado que había investigado a Sindona y había acumulando evidencia contra él durante 5 años fue asesinado. Dentro de los 10 días, los otros dos hombres que se asociaron estrechamente con la investigación también fueron matados a tiros.
En agosto de 1979, Sindona arregló un falso secuestro . Volvió a Nueva York el 16 de octubre. El objetivo evidente de este acontecimiento organizado era la transferencia de sumas de dinero para "el rescate". La Mafia, incluyendo a la familia Gambino, fue implicada. Pp.282-283.
En febrero de 1980, finalmente Sindona fue a juicio sobre los cargos que contenían el derrumbamiento del Banco Nacional Franklin. El 27 de marzo, Sindona fue declarado culpable sobre 65 cuentas, incluyendo fraude, conspiración, perjurio, extractos de cuentas falsos, y malversaciones de fondos bancarios. Mientras se esperaba la condena, él intentó suicidarse acuchillando sus muñecas y tomando una dosis de digitalis. Sin embargo, se recuperó, y el 13 de junio de 1980 fue condenado a 25 años de prisión y una multa de $200,000. Le dieron 2-1/2 años adicionales por arreglar su propio secuestro.
En enero de 1982, una acusación fue emitida en Palermo, Sicilia, en donde Sindona y los 65 miembros de las familias Gambino, Inzerillo, y Spatola fueron acusados de controlar $600 millones al año por el comercio de heroína entre Sicilia y EE UU.
En vista de todo, él estuvo de pie para perder, y su indiferencia hacia la vida humana quedó demostrada. Sindona está muy alto en la lista de sospechosos por el asesinato de Yallop.






Licio Gelli


Nació el 21 de abril de 1919 en Pistoia, Italia, y no tuvo ninguna educación formal más allá de la media de los adolescentes. No era Católico.
Luchó en el ejército de Franco contra los Comunistas en España, y tenía un odio de toda la vida hacia los Comunistas.
Era un Oberleutnant en las SS en Italia y trabajó para los Nazis como "un oficial de enlace" durante WWII. Jugó de ambos lados de la cerca, ayudando a veces a los partidarios.
Gelli alquilado de a alguien quien podría permitírselo. Después de la guerra, ayudó a los Nazis a que escaparan a Sudamérica. Sus honorarios eran 40 % de su dinero. Desarrolló contactos importantes en Sudamérica y se hizo amigo cercano de Juan Peron. El Jefe Klaus Barbie, ex Gestapo, quien se instaló en Bolivia, y Geffi se hicieron socios en el negocio. Espiando para los comunistas, asistió a funcionarios del Vaticano y la inteligencia estadounidense. La parte de sus honorarios de espiar para Italia era el cierre del archivo que el servicio secreto tenía sobre él. Su especialidad era la información: expedientes secretos sobre banqueros, políticos, etc.
En 1963, se unió a la logia Masónica, y pronto formó otra logia secreta "Raggruppamento Gelli - P2. " El "P" significó la Propaganda, una logia histórica del siglo 19. Primero introdujo a los miembros jubilados mayores de las fuerzas armadas, luego cabezas de servicio activas. Su red eventualmente cubrió la estructura de poder entera de Italia; su objetivo: el control de la derecha. P2 debía funcionar como un estado dentro de un estado. Si los Comunistas habían sido elegidos para impulsar, debía ser un golpe. Tenía el apoyo activo y el estímulo de la Agencia Central de Información. El puño de miembros influyentes era un secreto que sólo sabía Gelli. Dos de los miembros en P2 eran Michele Sindona y Roberto Calvi.
Por su amigo, Umberto Ortolani, ganó la afiliación con los Caballeros de Malta y el Sepulcro Santo.
En los comienzos de 1979, Mino Pecorelli, un periodista (y disgustado miembro del P2 quien antes había publicado la lista de Francmasones) comenzó a chantajear a Geffi sobre un robo de $2.5 mil millones de réditos del aceite del gobierno italiano y comenzó a publicar pequeños tramos de información, incluyendo la información sobre los Francmasones. El 20 de marzo de 1979, Pecorelli fue matado a tiros, el Estilo mafia.
En 1981, una incursión en la casa de Gelli (en busca de la evidencia de su participación con Sindona) ganó una lista de 962 miembros del P2. El escándalo consiguiente derribó al gobierno italiano. En 2 meses, Gelli fue detenido, enjuiciado, y condenado a 4 años en la prisión y una multa de 16 mil millones de liras. Sin embargo, sus abogados elevaron una petición y él quedó libre bajo fianza, y otra vez en el negocio bancario.
En 1981, Gelli vivió en Montevideo, Uruguay y, al parecer, obteniendo grandes sumas del dinero de Calvi. La esposa de Calvi declaró que Gelli no se identificaba por su nombre, pero que se llamaba asimismo por su sobrenombre especial “Luciani” (el apellido del Papa Juan Pablo I) .
En 1982, Gelli devuelto a Europa desde Sudamérica para obtener misiles Exocet en el mercado negro para Argentina en su Guerra de las Islas Malvinas con Gran Bretaña. Más tarde entró en Suiza con un pasaporte falso y fue detenido intentando una transferencia de $55 millones en su cuenta en Uruguay, pero en 1983 se escapó de la prisión suiza, y en 1984, vivía en un rancho, a pocas millas de Montevideo, Uruguay.
Gelli es colocado por Yallop en los primeros lugares de la lista de sospechosos de posibles asesinos. Por la proximidad en Sudamérica a Ortolani y Calvi en las semanas justo antes de la muerte del papa.





Umberto Ortolani


Durante WWII era el jefe de las 2 unidades del servicio de inteligencia militar en Italia. Especialidad: contraespionaje. Era abogado, un alto funcionario en el P2 y un Católico con muchos amigos influyentes del Vaticano. Recibió un secreto que terminó en la elección de Montini como el Papa Pablo VI. Ahora es ciudadano de Brasil. Es colocado por Yallop alto en la lista de sospechoso. Él había estado en proximidad en Sudamérica a Gelli y Calvi durante las semanas antes del asesinato. Tenían acceso a cada parte de la Ciudad de Vaticano y tenían muchos amigos allí.



Roberto Calvi (alias: " Il Cavaliere " - el caballero)




Nació el 13 de abril de 1920 en Milán, Italia y se educó en la Universidad Bocconi. Luchó por Mussolini y entró teniendo una cuenta después de la guerra. En 1947 fue a trabajar para el Banco Ambrosiano en Milán (el bancodel Arzobispo Montini), y en 1963 fue promovido a Gerente Central del Banco Ambrosiano.
Calvi y Sindona eran amigos. Sindona le presentó a Calvi al Obispo Marcinkus en 1971. Como Sindona, Calvi lavó el dinero de la Mafia y compró bancos en grandes cantidades . Una de las ramas de Banco Ambrosiano en Nassau lo tiene a Marcinkus en su Junta Directiva. El Banco Ambrosiano y el Banco de Vaticano han sido entrelazados, permitiendo operaciones ilegales conjuntas. Calvi era el General de Oficial pagador de P2.
En 1977, con Sindona en el exilio y la lucha contra la extradición de EE UU, comenzó a chantajear a Calvi para tomar un interés más activo a su actividad. Comenzó un lavado muy público de la actividad sucia de Calvi, que condujo a una investigación oficial de Calvi.
En 1978, pasando las vacaciones y scoping de ocasiones anticipadas de negocio en Sudamérica, Calvi se enteró de la muerte del Papa Pablo VI. Consciente de que el nuevo papa todavía estaría enfadado sobre el papel de Calvi en la entrada en funciones en 1972 del Banco Cattolica del Veneto, Calvi comprendió que estaba en una posición precaria. Como las noticias del Banco del Vaticano, las investigaciones lo alcanzaron, él estaba convencido de que el nuevo papa estaría con él. Durante este tiempo, se movió en los alrededores - Uruguay, Perú, y Argentina, Gelli y Ortolani estaban también cerca en Sudamérica. El autor afirma que Calvi habló de la realidad nueva con el Papa Juan Pablo I con Gelli, quien le tranquilizó diciéndole que el problema sería resuelto. Pp. 178-79.
El 29 de enero de 1979, el Juez Alessandrini, quien investigaba el caso de Banco Ambrosiano, fue asesinado, y el 27 de abril de 1982, fue ordenado el asesinato de Roberto Rosone, el gerente general del Banco Ambrosiano quien intentaba limpiarlo. La tentativa fracasó; Rosone sólo fue herido en las piernas. Se cree que Calvi ordenó el golpe.
El 9 de junio de 1982, el autor entrevistó a Calvi por teléfono. Calvi se puso muy inquieto cuando se enteró que el tema central era el Papa Juan Pablo I. El 17 de junio, el cuerpo de Roberto Calvi fue encontrado colgando del Puente de Blackfriars en Londres, (en lo que ha sido llamado "un suicidio acrobático"). En esos días una pérdida de $1.3 mil millones fue descubierta en el Banco Ambrosiano de Milán.
Él es colocado muy alto en la lista de sospechosos de asesinato por Yallop. Nótese la proximidad en Sudamérica a Gelli y Ortolani justo antes de la muerte del papa.








Juan Patrick Cody
En 1965 era cardenal de Chicago, Illinois. Según Fr. Andrés Greeley (y otros), Cody era un administrador muy difícil y exigente.
En 1970, Cody invirtió ilegalmente $2 millones en acciones Penn Central. Unos días más tarde la empresa quebró. Cody, de modo similar, había abandonado sus puestos anteriores, la diócesis de Nueva Orleans y Ciudad de Kansas, con deudas.
Él guardó expedientes sobre sacerdotes y monjas sospechadas de deslealtad y sacerdotes sumariamente despedidos. Cerraron muchas escuelas, el dinero canalizado a una amiga (mujer) y en varios otros caminos se hicieron tan impopular con el clero que ellos formaron una especie de sindicato, la Asociación de Sacerdotes de Chicago. Roma ha sido presentada una solicitud repetidamente con sus quejas y preocupaciones(interéses) - en vano.
Cody había pasado tiempo en Roma, trabajando al principio en el Colegio Norteamericano y posteriormente en la Secretaría de Estado, y se había congraciado con Pío XII y el futuro Pablo VI.
Al principio de los años 1970, la mayor parte de las inversiones del Banco del Vaticano en la bolsa estadounidense habían sido canalizadas por el Banco Illinois Continental, en Chicago. Cody y Marcinkus eran amigos y trabajaron estrechamente juntos sobre muchas de las transacciones bancarias. Cody canalizó mucho dinero de Chicago a Roma, algo usado en Polonia. Esto ha sido muy apreciado por Wojtyla, el pronto futuro papa polaco, Juan Pablo II.
Hacia 1976, los problemas con Cody eran tan conocidos que el Papa Pablo VI le ofreció un puesto en la curia romana. Cody lo rechazó.
En julio de 1978 (semanas antes de la muerte del Papa Pablo VI) Cody aceptó un coadjutor (un obispo, quien en realidad controlaría la diócesis); A Cody le permitirían quedarse como la cabeza titular. Él, con ira, lo rechazó.
Cuando Juan Pablo se hizo Papa, Cody comprendió que este papa podría insistir en su alejamiento, donde su precursor tenía cabida. Esta era, de hecho, la intención del papa Juan Pablo I.
El Papa Juan Pablo II le permitió al Cardenal Cody quedarse en Chicago hasta su muerte.
Enero de 1981. Un Jurado Federal sirvió a Cody con unas citaciones, exigiendo ver sus registros financieros. Él rechazó el pedido. En septiembre, cuando todavía no había cooperado, el Chicago Sun Times publico una historia que perfila una gran colección de crímenes serios que supuestamente el cometió.
Abril de 1982. Cody murió, y con él, la investigación sobre sus crimenes.
Cody no está alto en la lista de sospechosos del asesinato del Papa.

Jean Villot



Era el Ministro de Asuntos Exteriores al Papa Pablo VI y el Secretario intermedio del Papa Juan Pablo I, pero podia ser considerado un substito. Después de la muerte del papa Juan Pablo I, Villot asumió el papel de chambelán, prácticamente actuando como el jefe de la Iglesia.
Inmediatamente después de la muerte del Juan Pablo, Villot quitó del dormitorio del papa su botella de medicina, papeles que él sostenía en sus manos, cristales y zapatillas. Estos artículos nunca han sido vistos otra vez.
Villot tomó el control total de los acontecimientos inmediatamente después de la muerte del Papa. Él efectuó declaraciones falsas a la prensa. Dos de las decisiones más importantes eran: no se debía hacer ninguna autopsia y el conclave para elegir al Papa siguiente ocurriría lo antes posible: el 14 de octubre (a dos semanas de la muerte del papa Juan Pablo I). Este apresurado conclave desvió la atención de la muerte inoportuna y sospechosa de Papa Juan Pablo I hacia el entusiasmo y el suspenso de quien sería el próximo papa.
En marzo de 1979. Villot murió. A pesar de su comportamiento sospechoso después de la muerte del Papa Juan Pablo I, Villot no lo coloca alto en la lista de sospechosos de asesinato - aunque él fuera muy posiblemente un cómplice en el encubrimiento. P.256




¿QUIÉN MATÓ AL PAPA?
Hoy está comprobado que Juan Pablo I estaba bien de salud. Lo confirma su médico personal, el doctor Da Ros: "El Papa no ha pasado nunca 24 horas en cama, ni una mañana o una tarde en cama, no ha tenido nunca un dolor de cabeza o una fiebre que le obligase a guardar cama. Gozaba de una buena salud; ningún problema de dieta, comía todo cuanto le ponían delante, no conocía problemas de diabetes o de colesterol; tenía sólo la tensión un poco baja".
Tener la tensión un poco baja es, para muchos médicos, "un seguro de vida".
También se sabe que Juan Pablo I no murió de infarto, porque "no hubo lucha con la muerte". Con el tiempo el propio Vaticano ha reconocido que el primero en encontrarlo no fue monseñor Magee, su secretario, sino sor Vincenza, la monja que lo cuidaba.
Según el relato de esta hermana, "el Papa estaba sentado en la cama, con las gafas puestas y unas hojas de papel en las manos. Tenía la cabeza ladeada hacia la derecha y una pierna estirada sobre la cama. Iniciaba una leve sonrisa".
¿Qué tenía en las manos? "Evidentemente no tenía el Kempis, como dijo el Vaticano, un libro demasiado grueso para ser sostenido entre los dedos. Los apuntes que tenía eran unas notas sobre la conversación de dos horas que el Papa había tenido con el secretario de Estado, cardenal Villot, la tarde anterior", dice López Sáez.
En ella, el Papa le había adelantado a su número dos los importantes cambios que pensaba hacer en la Curia. Y ése fue el detonante de su muerte.
¿Cuál fue el arma del crimen? "A pesar de que el Vaticano lo niega, a Juan Pablo I se le hizo la autopsia y por ella se supo que había muerto por la ingestión de una dosis fortísima de un vasodilatador. Se trata de una medicina absolutamente contraindicada para quien tiene la tensión baja, como tenía el Papa. Eso encaja con la forma en la que se encontró el cadáver: No hubo lucha con la muerte, como corresponde a una provocada por sustancia depresora y acaecida en profundo sueño", explica don Jesús.
La medicación, que no le fue recetada por su médico personal, como él mismo reconoce, se le obligó a tomar o se le inyectó. La mística Erika, en un libro del famoso teólogo y después cardenal Urs von Balthasar, asegura haber tenido una revelación en la que vio a alguien que le inyectaba la medicina al Papa. Y Juan Pablo II le concede la birreta a Von Balthasar sabiendo que, además, la propia Erika dice en el libro que "el Santo Padre lo sabe y lo cree" [que su antecesor fue asesinado].
Por su parte, el ex embajador francés, Roger Peyrefitte, autor de La sotana roja, asegura que al Papa le puso la inyección letal el mafioso Brucciato −después murió en un atentado contra Roberto Rossone, vicepresidente del Banco Ambrosiano− acompañado de dos monseñores de la Curia.
Según López Sáez, "nadie sabe exactamente quién mató al Papa. Todo apunta a la Logia masónica P2. No se puede responsabilizar a una persona en concreto, aunque hay quien señala al entonces presidente del IOR (Banco del Vaticano), monseñor Marcinckus, y al entonces Secretario de Estado, el francés cardenal Villot".
En cualquier caso se trata, según López, "de una muerte provocada en el momento oportuno". ¿Por qué? Los folios que tiene en la mano el Papa muerto contenían el nuevo organigrama de la Curia y de la Iglesia italiana: dimisión de Villot y del arzobispo de Milán, monseñor Colombo; traslado a Milán de Casaroli; Benelli, nuevo Secretario de Estado; Poletti, vicario de Roma, a Florencia, y Felici, nuevo vicario de Roma".
Juan Pablo I, horas antes había presentado el organigrama a Villot y éste le dijo: "Usted es libre para decidir y yo obedeceré. Pero sepa que estos cambios supondrían una traición a la herencia recibida de Pablo VI".Y Juan Pablo I le replicó: "Ningún Papa gobierna a perpetuidad".
Está comprobado que el Luciani era un Papa que "estaba en el camino de la profecía". Es decir, "un Papa que no quiere ser jefe de Estado, que no quiere escoltas ni soldados, que quiere una renovación profunda de la Iglesia y, además, gobernar con los obispos. Un Papa de los pobres que quiere promover en el Vaticano un gran instituto de caridad, para hospedar a los sin techo de Roma", cuenta el padre López Sáez.
En definitiva, al Papa le matan porque quiere revisar la estructura de la Curia, publicar varias encíclicas (sobre la colegialidad o la mujer en la Iglesia), destituir al presidente del IOR, reformar el banco vaticano y enfrentarse abiertamente con la masonería y con la mafia que campean por sus fueros en la Curia romana.
Según López Sáez, "lo determinante fue el asunto del IOR, porque la Curia intenta evitar la quiebra del Ambrosiano y la decisión del Papa la iba a precipitar. Ellos querían un Papa que evitase esa quiebra".
Pero, aunque quitaron de en medio a Juan Pablo I, su sucesor, Juan Pablo II, no pudo evitar la quiebra del Ambrosiano y, además, destituyó a su presidente, monseñor Marcinckus.
"La diferencia es que Juan Pablo I quiere echar a los mercaderes del templo, mientras Juan Pablo II expulsa a unos (masonería) para echarse en brazos del Opus Dei. La Obra fue la institución que salió ganadora y a la que el pontificado del Papa Wojtyla le resultó más rentable: una prelatura personal, un santo y el control del poder en Roma".
En cualquier caso, el Papa Luciani sabe que va a enfrentarse con poderosos enemigos. En varias ocasiones asegura, según el padre Sáez, que su pontificado será corto y que ya sabe el nombre de su sucesor.
Unas veces, le llama "el extranjero" y otras, "el que estaba sentado frente a mí en el cónclave", es decir, Wojtyla.
¿Por qué sabía Juan Pablo I ya antes de morir y antes de celebrarse el cónclave el nombre de su sucesor? "Porque Juan Pablo II era el candidato del cardenal Villot y de la Curia, deseosa de volver a controlar el poder. No en vano los curiales decían: 'Hemos perdido tres cónclaves (el de Juan XXIII, el de Pablo VI y el de Juan Pablo I), pero no el cuarto' ".
El padre López Sáez cree, al igual que la mística Erika, que "el Papa sabe". Más aún, cree que su última obra poética, Tríptico romano, es una respuesta velada a su libro, que envió al Papa con acuse de la Secretaría de Estado.
Por eso, en tres simples folios, Juan Pablo II habla de la Capilla Sixtina y del próximo cónclave. "Es una forma de responderme a mí y a los cardenales que van a estar en el próximo cónclave. Viene a decir 'algo hay'...Y si responde es para que los cardenales electores lo tengan en cuenta, elijan en consonancia y reparen la injusticia histórica que se ha cometido con el Papa Luciani".
Eso es una de las cosas que más le duele al fundador de la Comunidad de Ayala. "Juan Pablo I no era un papa débil e indeciso como lo pintan desde el Vaticano. Está en juego no sólo la causa y las circunstancias de su muerte, sino también su figura y su testimonio".
De hecho, en este momento hay dos procesos abiertos en torno al Papa Luciani. El primero es civil, reabierto en Roma por el fiscal Pietro Saviotti. "Le he mandado el fiscal todos mis datos y documentos. Espero que se esclarezca la verdad y se haga justicia", dice López.
El segundo proceso es la beatificación de Juan Pablo I. El padre López no quiere oír hablar de este tipo de proceso: "El Papa Luciani no necesita milagros para ser santo. A Juan Pablo I hay que beatificarle como mártir, tras una profunda investigación sobre su muerte y recuperar su imagen distorsionada".

GARCIA BELSUNCE: DEFENDIDA POR LA DINASTIA SAGUES


El abogado ADRIAN MURCHO, integrante de la "DINASTIA SAGUES", y quien lleva adelante el juicio que me iniciara la mujer de GUILLERMO SAGUES por injurias, defiende a integrantes de la familia GARCIA BELSUNCE.-
Justo es recordar, que ademàs el COLEGIO DE ABOGADOS DE SAN ISIDRO, protege a los Jueces de Familia, al ex juez Ochoa, a los Molina Pico, etc.-
¡Una pinturita!
¿Serà por eso que el COLEGIO DE ABOGADOS DE SAN ISIDRO, manejado hace años por la "DINASTIA SAGUES", me sancionò hace años cuando en un escrito judicial expresè "estar asqueado de la Justicia prostituìda por el poder econòmico de los countries"?

Nota completa en:





EL DR. ROMERO VICTORICA Y EL CASO GARCIA BELSUNCE
COMENTARIOS....¡IMPERDIBLES!







Sociedad
Caso garcia belsunce

Familia de María Marta pediría tareas sociales para no ir a juicio
El cuñado Guillermo Bártoli y sus hermanos John Hurtig y Horacio García Belsunce, imputados por encubrimiento, podrían solicitar mañana la probation. Lo mismo harían la masajista, el médico y un vecino.
Por Gabriela Oprandi





Video sobre el caso



Seis de los siete imputados por encubrir el crimen de María Marta García Belsunce, ocurrido en el country El Carmel de Pilar el 27 de octubre de 2002, están evaluando la posibilidad de que se suspenda el juicio, a cambio de realizar tareas comunitarias.
Guillermo Bártoli, cuñado de María Marta; su hermano Horacio García Belsunce y su medio hermano John Hurtig; la masajista Beatriz Michelini; el médico que llegó en la primera ambulancia, Juan Gauvry Gordon y el vecino del country Sergio Binello podrían aprovechar la audiencia que se realizará mañana a las 10 de la mañana en los tribunales de San Isidro para pedir la probation, o suspensión de juicio a prueba.
Según trascendió, los letrados ya tendrían pereparado el escrito.
Constantino Hurtig, el séptimo imputado y padrastro de la mujer asesinada, “todavía no piensa en la presentación”, comentó a PERFIL su abogado Adrián Murcho, quien lo representa desde el lunes pasado.
Murcho explicó que si bien aún no consideran la “probation”, sabe que es una posibilidad que tiene su defendido, porque el delito en el que está imputado Hurtig tiene una pena que no supera los seis años. “Por ahora no lo hemos decidido, pero vamos a esperar para ver qué pasa en la audiencia del lunes ante el tribunal”, dijo Murcho.
La probation es una medida que tiende a evitar el encarcelamiento, y surge como un tratamiento que la Justicia impone a quienes han cometido infracciones con penas menores a los seis años.
Recién en abril del año pasado la Corte Suprema de Justicia estableció que este requerimiento se puede aplicar en penas que superen los seis años de prisión. Según comentaron allegados a la causa, los familiares de María Marta que se presentarán ante el Tribunal Oral en lo Criminal Nº 1 de San Isidro, tienen opiniones diversas sobre cómo afrontar este proceso, que los divididen.
Antes, todos eran representados por los abogados del estudio jurídico de Alejandro Novak, y a último momento se sumaron nuevos abogados.
Horacio García Belsunce ahora es representado por Inés Mendoza, una defensora oficial.
El padrastro de María Marta será defendido por Murcho, que asumió recién esta semana.

Los otros imputados.
Por su parte, Eduardo Ludueña, el abogado de la masajista Beatriz Michelini, comentó a la agencia de noticias Télam, que pedirá la probation para su clienta porque “a pesar de que es inocente, no tiene problemas en cumplir con una tarea solidaria”.
En cambio, Gabriel Becker, abogado del médico Juan Gauvry Gordon, afirmó que él prefiere que su defendido sea sometido a debate porque confía en que “será absuelto”, pero el médico prefiere hacer trabajos comunitarios y tal vez se sume al pedido del resto.
“Una probation en este caso sería un mensaje pésimo para la sociedad”, afirmó.
En la audiencia de mañana, la primera previa al jucio que se cree se realizará en el mes de octubre, los jueces del tribunal y las partes deberán acordar la cantidad de testigos que serán llamados a declarar en el debate y también las pruebas que se van a agregar.


sábado, 21 de noviembre de 2009

CORRUPCION JUDICIAL EN SAN ISIDRO

Fuimos los primeros en apoyar al Dr. Gregorio Dalbòn en este caso.-
El Colegio de Abogados de San Isidro y la Asociaciòn de Magistrados y Jueces de San Isidro, salieron a condenar al Dr. Dalbòn y "encubrieron" al Juez Ochoa.-
A ellos tambièn les contestamos en defensa del Dr. Dalbòn.-
Del Juez Ochoa, ellos no dijeron nada.-
Pasò un año y medio, y Clarìn publicò la verdad.-
Mientras sigamos encubriendo la CORRUPCION la IMPUNIDAD seguirà vigente
ROBERTO TERRILE






LA TRAMA DE UN ENGAÑO



Simuló su muerte para zafar de un juicio y ahora apareció
Increíble maniobra con pericias y cadáveres truchos
Un vigilador estaba acusado de atropellar a un nene en un country.
Iban a juzgarlo, pero su abogado dijo que había muerto y paró todo.
Con la causa a punto de prescribir, reconocen que estaba vivo.




Nota publicada en:


Crónica de una farsa que duró casi cinco años


Acorde a una historia increíble, un final que está a la misma altura: después de casi cinco años, un vigilador privado a quien la Justicia había dado por muerto (con lo que evitó enfrentar un juicio), apareció vivo y pidió que lo eximan de prisión.
Durante todo este tiempo, el expediente del caso se fue llenando de reconocimientos falsos, estudios de ADN truchos y hasta de cadáveres cambiados.
Ahora, cuando el caso que se le imputaba está por prescribir, el acusado dejó su casa de Santiago del Estero (donde estuvo todo este tiempo) y, sostenido por empresarios vinculados a empresas de seguridad, regresó para ponerse nuevamente a derecho.
Todo empezó la noche del 19 de marzo de 2005, cuando Nicolás Juan, de 4 años, fue atropellado por un carro de golf.
El vehículo lo manejaba Juan Carlos Díaz, un vigilador del country en el cual se produjo el accidente

Dos años más tarde, esa causa por "lesiones culposas" llegó a juicio oral.

Hasta ahí nada extraño, sólo era una caso por un delito más bien "liviano" dentro del menú que describe el Código Penal.


Pero el día del juicio, los abogados del vigilador (la defensa estaba patrocinada por el prestigioso estudio Romano Duffau) anunció que su cliente había muerto y por lo tanto pedían que la audiencia se suspendiera.


Como prueba presentaban un certificado de defunción de un NN.
A pesar de eso, el entonces juez de San Isidro Fernando Ochoa hizo lugar a ese pedido y comenzó un escándalo que terminó con una grotesca escena -frente a las cámaras de televisión- entre el juez y el abogado de la familia del nene atropellado, Gregorio Dalbón.

EL JUEZ OCHOA






DR. GREGORIO DALBON
ABOGADO DE LA FAMILIA DEL NENE HERIDO

Según sus abogados, Díaz se había tirado de un tren el 20 de enero de 2008.

El supuesto cuerpo del vigilador estaba desfigurado y no había testigos.
Los familiares de Díaz lo reconocieron sin que se lo mostraran.
La autopsia no tenía ni fotos ni huellas ni muestras dentales.
Por eso se le pidió un examen de ADN.
El estudio informaba que el cuerpo era de Díaz, pero lo llamativo era que lo habían contrastado con un hermano político del custodio, que no tenía ningún lazo de sangre con él.
Como Ochoa se excusó de seguir con la causa, el expediente recorrió varios juzgados y luego le cayó a la jueza Emma Prada.
En paralelo, a Ochoa se le inició un juicio político, pero en ese momento presentó la renuncia.
El trámite se dilató hasta hace menos de un mes, cuando finalmente le permitieron renunciar.
De esta manera, no enfrentará el jury y podrá jubilarse.
"En ese momento no sabíamos qué sucedía. Detrás de Díaz, un tipo que no sabía leer, había toda una estructura que lo defendía. El trabajaba para una empresa de seguridad de un mayor retirado del Ejército, de apellido Peña. Pensamos que lo habían matado para que no dijera algo que sabía, pero al final no fue así. Ahora, gente que conoce a los empleadores de Díaz nos sugirió que el tipo marcaba casas para que luego fueran robadas. Y que si llegaba a ser interrogado ante un Tribunal, podía cantar lo que sabía. Por eso lo protegieron", le explicó a Clarín el padre del nene, Walter Juan.
Luego de que se determinara la irregularidad del ADN, el abogado querellante pidió la exhumación del cadáver.
Pero una nueva sorpresa lo esperaba.
En el lugar donde debía estar el cuerpo de Díaz, hallaron el de una anciana.
Y en una segunda excavación, en la tumba de otra persona que murió en la misma fecha arrollado por un tren, había un hombre con lesiones diferentes a las que tenía el supuesto cadáver del custodio.
"Todo el tiempo aparecían pruebas falsas para poder cerrar la causa y sostener que Díaz estaba muerto. Era increíble que sólo a nosotros nos llamara la atención lo que pasaba", relata el abogado Gregorio Dalbón.
Aunque la muerte de Díaz no estaba comprobada, recién en agosto de 2008 la Justicia emitió la orden de captura.
Este año, ante la insistencia de la familia, la jueza Prada mandó una comisión policial para que lo buscara en la casa de sus padres, en Santiago del Estero.
Hace dos meses, un grupo de policías llegó al lugar y se encontró con un hombre que dijo llamarse "Juan Carlos Díaz", pero que aseguró no tener ningún problema con la Justicia.
Los policías lo dejaron ir sin identificarlo ni tomarle las huellas solicitadas por Prada.
A las pocas semanas, cuando volvieron a buscarlo por otro pedido de la jueza, el hombre ya no estaba.
El martes de esta semana, cuando faltan tres meses para que la causa por la lesiones del chico prescriba, entró en el juzgado de Prada un pedido de eximición de prisión para Díaz, firmado por su nuevo abogado,Agustín García.
"El fue aconsejado a desaparecer, creo que se lo sugirieron sus antiguos empleadores. Quizá fue el títere de algo mayor. Pero ahora se presenta para esclarecer todo", señaló García, sin querer informar quién paga ahora sus honorarios.

jueves, 19 de noviembre de 2009

GOOGLE DENUNCIA CENSURA EN ARGENTINA











Internet en Argentina está pasando por momentos difíciles.



Al tiempo que el
Gobierno Argentino está sentando las bases para una Agenda Digital que defina las estrategias en torno a la utilización de tecnologías de la información y las comunicaciones, y analizando cuales son los pasos a seguir para una mayor inclusión de la ciudadanía en la Sociedad de la Información, en algunos tribunales Argentinos se han visto recientemente, decisiones judiciales (medidas cautelares), que atentan tanto contra la libertad de expresión y acceso a la información como contra el desarrollo futuro de Internet en el país, impactando en el desarrollo y la inversión local en conectividad y servicios de la sociedad la sociedad de la información.
En algunos casos nos encontramos con
acciones judiciales trabadas contra buscadores de Internet, que intentan responsabilizarlos por contenidos existentes en páginas Web de terceros, sobre las cuáles, claramente, éstos no tienen control y son totalmente ajenos a los contenidos que se publican.
Estas acciones, claramente, obedecen a la oportunidad que representa la falta de un marco legal específico que regule éstos temas y muchas veces, el desconocimiento técnico del funcionamiento de Internet y muchos de los servicios de la sociedad de la información.
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Un tema ya resuelto hace más de 12 años. La experiencia internacional.
La cuestión de la responsabilidad de los diferentes intermediarios de Internet, categoría que engloba a las empresas de telecomunicaciones, los proveedores de acceso a Internet (ISPs), los proveedores de Hosting (alojamiento de datos), las plataformas de la web 2.0 (blogs, plataformas de video, fotos y demás contenidos) y también los directorios y buscadores de Internet, ha sido un tema ampliamente debatido hace más de 12 años.
Como resultado de este debate se han fijado una serie de principios que protegen a los diferentes intermediarios de Internet por reclamos de contenidos que les son ajenos y sobre los cuáles no tienen posibilidad de tener control alguno.
En Argentina, estos principios también fueron acogidos en el proyecto de Ley de Comercio Electrónico, presentado por el entonces Senador Jorge Capitanich (Expediente Número 3812/06), con especial referencia a los buscadores y directorios. El proyecto establece que un intermediario de Internet tendrá conocimiento efectivo de qué contenido o información, que almacena, remite o referencia, es ilícito o de que lesiona bienes o derechos de un tercero, solamente cuando un órgano competente (un juez) haya declarado la ilicitud de tal contenido o información, ordenado su retiro o imposibilitado su acceso y que tal decisión haya sido debidamente notificada al intermediario de Internet.
A la luz de los recientes acontecimientos y a efectos de dotar de seguridad jurídica a los diferentes operadores de servicios de la sociedad de la información, resulta evidente la necesidad de fomentar un marco regulatorio acorde con las tendencias legislativas internacionales y adecuados a nuestra tradición jurídica de modo que orienten a nuestros magistrados en la resolución de temas con complejidades técnicas, desalienten el inicio de acciones judiciales estériles que no resuelven el problema de contenidos dañinos en Internet y que solo generan gastos innecesarios los diversos intermediarios de Internet (grandes y pequeños), generando interferencias no deseadas de mercado que pueden resultar en una contracción en la oferta de servicios o en una suba en los costos de los mismos, que al final del día terminará perjudicando a los usuarios.
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Derecho a la intimidad o censurada indiscriminada?
Funcionarios públicos, también han solicitado por la vía judicial a los principales buscadores de Internet la remoción de “todo resultado de búsqueda”, que pueda estar asociado con su nombre, eliminando así cualquier vinculación a medios periodísticos, páginas de opinión, publicaciones en línea, sitios del gobierno nacional donde exista información pública del funcionario o inclusive el mismo sitio Web del poder judicial donde el funcionario en cuestión desempeñe sus funciones (todos estos sitios totalmente ajenos a los buscadores que se demandan). Esta medida cautelar resulta a todas luces desproporcionada, ya que niega a toda la sociedad de la posibilidad de informarse sobre el actuar de una funcionario público, sin hacer un análisis previo de que contenidos pueden resultar difamatorios y ordenar específicamente la remoción de ciertos contenidos que puedan vulnerar los derechos del funcionario.
De esta manera, un funcionario judicial intenta de manera indirecta censurar todo contenido existente o por ser publicado que pueda estar relacionado con las tareas que desempeña cómo funcionario público, vulnerando derechos tan importantes como el acceso a la información, la libertad de prensa, la libertad de expresión, la abolición de la censura previa y la transparencia en la función pública. Resulta sorprendente que un funcionario judicial haya iniciado esta acción y que otro funcionario judicial la haya acogido en flagrante violación nuestra Constitución Nacional, la Convención Americana de Derechos Humanos (Pacto de San José de Costa Rica)1, también de rango constitucional, leyes nacionales que consagran a Internet amparada en el principio de Libertad de expresión, entre otras normativas.
Resulta interesante rescatar lo establecido en la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en particular los principios 5 y 10:
Principio 5. La censura previa, interferencia o presión directa o indirecta sobre cualquier expresión, opinión o información difundida a través de cualquier medio de comunicación oral, escrito, artístico, visual o electrónico, debe estar prohibida por la ley. Las restricciones en la circulación libre de ideas y opiniones, como así también la imposición arbitraria de información y la creación de obstáculos al libre flujo informativo, violan el derecho a la libertad de expresión.
Principio 10. Las leyes de privacidad no deben inhibir ni restringir la investigación y difusión de información de interés público. La protección a la reputación debe estar garantizada sólo a través de sanciones civiles, en los casos en que la persona ofendida sea un funcionario público o persona pública o particular que se haya involucrado voluntariamente en asuntos de interés público. Además, en estos casos, debe probarse que en la difusión de las noticias el comunicador tuvo intención de infligir daño o pleno conocimiento de que se estaba difundiendo noticias falsas o se condujo con manifiesta negligencia en la búsqueda de la verdad o falsedad de las mismas.
La Estrategia del Avestruz
¿Por qué la solicitud de remoción de un resultado de búsqueda, por si sola, no soluciona el problema de un contenido dañino a los intereses de una persona determinada y puede generar mayores problemas para la persona en cuestión?
Solicitar la remoción de una resultado de búsqueda a un motor de búsqueda determinado, sin remover el contenido del servidor o los servidores de Internet donde se encuentra alojado, no solucionará el problema, ya que el contenido lesivo seguirá estando disponible en la red y podrá ser ubicado por otros buscadores o a través de hipervínculos desde otras páginas, banners, e-mails y spam.
Las medidas cautelares que ordenan este tipo de remoción no solucionan el problema de la persona afectada, el contenido dañino sigue existiendo, los autores del mismo cada vez se sienten más impunes ya que la justicia está enfocando sus esfuerzos hacia el lugar equivocado, y se favorece la generación de buscadores específicos para contenidos ilegales. Las investigaciones que posibilitarían desmantelar redes de prostitución no se inician, a expensas de empresas establecidas que no tienen responsabilidad alguna ni control sobre éstos contenidos
Estas decisiones, además de generar grandes inconvenientes y costos a las empresas de Internet tienen un efecto distorsivo del mercado y sientan un precedente muy peligroso que puede redundar en el desaliento de la inversión en el sector. En un país donde necesitamos fomentar el desarrollo de Internet, decisiones como estas conspiran claramente contra estos objetivos.
Lo único que se está haciendo aquí es guardar el polvo bajo la alfombra. Se crea esta ilusión de que lo que no encuentro fácilmente no existe. De la misma manera que hace el avestruz que cuando algo lo aqueja esconde su cabeza en el piso, sin darse cuenta que deja a merced de sus predadores otras partes más vulnerables.
Ademas se trata de responsabilizar a alguien que no creó el contenido, que no tiene responsabilidad por su generación, que no tiene la capacidad ni le corresponde juzgar si un contenido determinado falta a la verdad u ofende a alguna persona determinada y que además está prestando un servicio muy valioso a la comunidad.
Asimismo, los buscadores resultan una herramienta fundamental para permitirles a los supuestos damnificados identificar donde se están y quines son los verdaderos generadores del problema.
Entre los principios que rigen el actuar de Google está el principio de que “es posible obtener ingresos actuando de forma ética”, y dentro de Google honramos éste principio brindándole a los usuarios diferentes herramientas para que su experiencia en Internet sea lo más placentera posible.
Asimismo, colaboramos con la justicia ante pedidos de remoción de contenidos dañinos o lesivos que sean acorde a derecho. Sin embargo, cuando detectamos que ciertas decisiones judiciales: (i) no tienen un fundamento adecuado; (ii) son de imposible cumplimiento (debido por ejemplo a un desconocimiento técnico); (iii) son desproporcionados para el fin buscado (Por ejemplo, se solicita eliminar “toda” referencia al mejor jugador de fútbol de todos los tiempos, para evitar que pueda accederse a “algún” contenido dañino, privando así a la sociedad toda de conocer su trayectoria); (iv) o afectan derechos de nuestros usuarios que son universalmente protegidos como el de la libertad de expresión, abolición de la censura previa, acceso a la información o privacidad, en esos casos nos arriesgamos a apelar estas decisiones, incluso cuando nos sería más simple obedecerlas.
Esto no se trata de una simple e injustificada desobediencia, sino es parte del proceso de educar a nuestros magistrados, legisladores y funcionarios sobre los nuevos desafíos legales y regulatorios que presenta este nuevo paradigma de la sociedad de la información, preservar a Internet como una plataforma libre y abierta para el intercambio de ideas e información, garantizar la libertad de expresión y el libre pensamiento y a su vez cumplir con el primero de nuestros principios “Lo más importante es pensar en el usuario”.
1 Artículo 13. Libertad de Pensamiento y de Expresión
1. Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento y de expresión. Este derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento de su elección.
2. El ejercicio del derecho previsto en el inciso precedente no puede estar sujeto a previa censura sino a responsabilidades ulteriores, las que deben estar expresamente fijadas por la ley y ser necesarias para asegurar:
a) el respeto a los derechos o a la reputación de los demás, o
b) la protección de la seguridad nacional, el orden público o la salud o la moral públicas.
3. No se puede restringir el derecho de expresión por vías o medios indirectos, tales como el abuso de controles oficiales o particulares de papel para periódicos, de frecuencias radioeléctricas, o de enseres y aparatos usados en la difusión de información o por cualesquiera otros medios encaminados a impedir la comunicación y la circulación de ideas y opiniones.
Por: Pedro Less AndradeGerente de Asuntos Gubernamentales y Políticas Públicas, Latinoamérica Google Inc.

CORRUPCION JUDICIAL ES IMPUNIDAD




COMUNICADO DE PRENSA DE "TRANSPARENCIA INTERNACIONAL"


LA CORRUPCIÓN JUDICIAL PROMUEVE LA IMPUNIDAD Y MENOSCABA EL ESTADO DE DERECHO,SEGÚN EL NUEVO INFORME DE TRANSPARENCY INTERNATIONAL


Nairobi/Londres 24 mayo 2007


La corrupción está socavando las bases de los sistemas judiciales a nivel mundial, negando a los ciudadanos el acceso a la justicia y el derecho humano básico a un juicio imparcial y justo, o incluso a veces, simplemente a un juicio, según el Informe Global de la Corrupción 2007: Corrupción en Sistemas Judiciales publicado hoy por Transparency International, la coalición global contra la corrupción.
“El trato equitativo frente a la ley es un pilar de las sociedades democráticas. Cuando las cortes ceden ante la corrupción por avaricia o conveniencia política, la balanza de la justicia se inclina y el ciudadano común se ve perjudicado,” declaró Huguette Labelle, Presidenta de Transparency International. “La corrupción judicial implica que la voz del inocente no es escuchada, mientras que los culpables son libres de actuar con impunidad.”
El nuevo Informe Global de la Corrupción concluye que una judicatura corrupta erosiona la capacidad de la comunidad internacional para enjuiciar el delito transnacional e inhibe el acceso a la justicia y el resarcimiento por violaciones de derechos humanos. Además, mina el crecimiento económico dañando la confianza de la comunidad de inversionistas y dificulta las iniciativas de reducción de la pobreza.
Cuando las cortes son corruptas, resulta perjudicado el ciudadano común
La corrupción judicial suele dividirse en dos categorías: interferencia política en el proceso judicial por parte del poder legislativo o el ejecutivo, y el soborno. La importancia de una judicatura independiente no se puede resaltar lo suficiente. Todos salen perdiendo cuando la justicia cede ante la corrupción, en particular las personas de escasos recursos, quienes se ven obligadas a desembolsar dinero que no tienen para pagar sobornos. La última encuesta global de TI sobre las posturas frente a la corrupción revela que en más de veinticinco países, al menos uno de cada diez hogares tuvo que pagar un soborno para obtener acceso a la justicia. En otros veinte países, más de tres de cada diez hogares informaron que a fin de obtener acceso a la justicia o un resultado “justo” en un tribunal, tuvieron que recurrir al soborno. En Albania, Grecia, Indonesia, México, Moldavia, Marruecos, Perú, Taiwán y Venezuela, el número es mayor.
El soborno a pequeña escala y la influencia política en la judicatura deterioran la cohesión social: instituir un sistema para los ricos y otro para los pobres divide a las comunidades.
“Si el dinero y la influencia son la base de la justicia, los pobres no pueden competir,” señaló Akere Muna, Vicepresidente de TI y Presidente de la Unión Panafricana de Abogados. “El soborno no sólo hace inasequible la justicia; sino que arruina la capacidad del sistema de justicia de luchar contra la corrupción y de servir como modelo para la independencia y rendición de cuentas.”
Según una encuesta realizada en 2002, en Pakistán el 96 por ciento de los encuestados que habían acudido a las cortes menores tuvieron que involucrarse en prácticas corruptas, mientras que en Rusia se estima que cada año se gastan aproximadamente US $210 millones en sobornos dentro de las cortes de derecho.
Inclinar la balanza de la justicia
La corrupción en la judicatura abarca cualquier influencia indebida sobre la imparcialidad de los procedimientos y dictámenes judiciales y puede extenderse al soborno de los jueces a cambio de fallos favorables o de no emitir decisión alguna. La corrupción judicial incluye el mal uso del poder y fondos judiciales, como cuando un juez contrata a familiares para ocupar puestos de personal de la corte o manipula contratos de equipamiento y construcción de juzgados. Puede además incidir en la adjudicación sesgada de casos y en otros procedimientos previos al juicio, como cuando los secretarios judiciales corruptos “pierden” expedientes y pruebas. Puede influir cualquier juicio o conciliación judicial, así como la aplicación -o no- de laudos y sentencias judiciales.
En el Informe Global de la Corrupción 2007 se estipula que pese a décadas de reformas para proteger la independencia judicial, la presión para fallar a favor de intereses políticos sique siendo intensa. Aunque a escala mundial muchos jueces efectivamente actúan con integridad, los problemas persisten. El deterioro de estándares internacionales se evidencia en países como Argentina y Rusia, donde los poderes políticos han aumentado su influencia sobre el proceso judicial en años recientes.
Y para los jueces que se resisten a ser comprometidos, la represalia política puede ser expedita y severa. Los procedimientos injustos o inefectivos para disciplinar y destituir a jueces corruptos puede terminar usándose en cambio para eliminar a jueces independientes. En Argelia, los jueces considerados demasiado independientes son transferidos a localidades remotas. En Kenya, como parte de una campaña anticorrupción que fue ampliamente percibida como un artificio de conveniencia política, se presionó a los jueces para que dimitieran sin habérseles informado sobre los alegatos que pesaban contra ellos.
La omisión a nominar a funcionarios judiciales con base en el mérito puede dar lugar a la selección de una judicatura flexible y susceptible a la corrupción. Los jueces “problemáticos” pueden ser reasignados a otras jurisdicciones o retirados de casos delicados que a su vez serán transferidos a jueces más complacientes -táctica usada por el ex Presidente peruano Alberto Fujimori.
La interferencia de políticos o empleados civiles también puede servir de fachada “legal” para instrumentar el desfalco, nepotismo, amiguismo y decisiones políticas ilegítimas. Dicha interferencia puede ser tan flagrante como la amenaza física e intimidación y tan sutil como la manipulación de nominaciones, sueldos y condiciones de servicio judiciales.
El soborno, el otro lado oscuro de la corrupción judicial, puede ocurrir a lo largo y ancho de la estructura del proceso judicial. Según lo demuestran los informes de 32 países en el Informe Global de la Corrupción, los jueces pueden aceptar sobornos para aplazar o acelerar casos, aceptar o rechazar apelaciones, influir a otros jueces o simplemente para decidir un caso de un modo determinado. Los funcionarios de la corte pueden demandar sobornos por servicios que deberían ser gratuitos; los abogados pueden cobrar “cuotas” adicionales para acelerar o atrasar casos, o para derivar a clientes a jueces conocidos por su disposición al soborno. Entre los factores que afectan la susceptibilidad de un juez se incluye el sueldo precario. Las condiciones laborales inseguras, incluidos los procesos de
ascenso y transferencia injustos y la falta de capacitación continua, provocan la vulnerabilidad al soborno en los jueces y personal de la corte.
Los procesos judiciales opacos que fomentan el soborno también pueden impedirles a los medios y la sociedad civil el monitoreo de la actividad en los tribunales y la exposición de la corrupción judicial.
Soluciones: independencia, transparencia, recursos adecuados y rendición de cuentas
No existe una solución única para luchar eficazmente contra estos problemas. Hay que emplear todo un abanico de soluciones que ofrezca un enfoque integral.
El Informe Global de la Corrupción 2007 ofrece recomendaciones detalladas para promover la independencia y rendición de cuentas judiciales, alentar la integridad individual, aumentar la aplicación efectiva de la ley y salvaguardar la judicatura contra la influencia política. Las nominaciones y destituciones de jueces y fiscales deben ser transparentes, independientes del poder ejecutivo y legislativo, y basarse en la experiencia y el desempeño. Los periodistas deben contar con la libertad necesaria para monitorear y opinar sobre procedimientos jurídicos y comunicar información fidedigna en materia de leyes, cambios propuestos en la legislación y procedimientos y fallos de la corte al público.
El papel supervisor de la sociedad civil es de importancia imperativa. Al monitorear y emitir opiniones sobre la selección de jueces, disciplina y códigos de conducta judiciales, el manejo de casos de las cortes y la toma de decisiones de los jueces, la sociedad civil puede atraer atención hacia los puntos débiles sistémicos que facilitan la corrupción y poner a los gobiernos sobre aviso de que se les reclamará el cumplimiento de sus promesas anticorrupción.
Transparency International ofrece recomendaciones específicas para el fortalecimiento de la independencia judicial y la lucha contra la corrupción judicial, entre ellas:
Nombramientos judiciales
1. Un órgano de nominación judicial independiente debe establecerse en el seno del proceso de selección judicial. 2. Las nominaciones judiciales deben basarse en el mérito y aplicar criterios de elección claros y ampliamente publicitados; los candidatos deben contar con un historial de competencia e integridad. 3. La sociedad civil, incluidas las asociaciones profesionales vinculadas a actividades judiciales, deben ser consultadas sobre el mérito de los candidatos. Términos y condiciones
4. Los sueldos judiciales deben reflejar la experiencia, desempeño y desarrollo profesional; se deben ofrecer pensiones justas al momento de jubilación. 5. Deben establecerse protecciones para salvaguardar los sueldos y condiciones laborales frente a la interferencia por parte del poder ejecutivo y legislativo. 6. Las transferencias judiciales deben basarse en criterios objetivos a fin de proteger a jueces independientes e imparciales. Rendición de cuentas y disciplina
7. Los jueces deben recibir inmunidad limitada por acciones relacionadas con el deber judicial. 8. Los alegatos contra jueces deben ser investigados rigurosamente, incluso por un órgano independiente. 9. El proceso de destitución debe ser transparente y justo, con estándares estrictos e implacables; si se determina que el alegato de corrupción tiene fundamento, el juez debe ser sujeto al enjuiciamiento. Transparencia
10. La judicatura debe ofrecerle al público información confiable acerca de gastos y actividades. 11. Se requiere de acceso a la información sobre leyes, cambios propuestos a la legislación, procedimientos de la corte, dictámenes y vacantes y nominaciones judiciales. 12. La fiscalía debe ejecutar procedimientos judiciales en público y publicar los motivos de sus decisiones. Se pueden encontrar recomendaciones adicionales en el Informe Global de la Corrupción 2007.
El trabajo de TI en la lucha contra la corrupción judicial
El Informe Global de la Corrupción 2007 también destaca las iniciativas nacionales de los capítulos de Transparency International encaminadas a reucir la corrupción judicial.
“La corrupción en la judicatura es un enfoque central de la iniciativa global anticorrupción debido a la poderosa y corrosiva influencia que puede ejercer una judicatura corrupta sobre el estado de derecho y sobre la sociedad en conjunto. El éxito en la lucha contra la corrupción judicial impulsará la confianza de los ciudadanos y los esfuerzos nacionales destinados a lograr la transparencia y rendición de cuentas,” afirma Cobus de Swardt, Director Ejecutivo interino de TI.
La labor de Transparency International con respecto a la lucha contra la corrupción en sistemas judiciales es diversa:
• Monitoreo de la asistencia de los jueces a la corte y la calidad de sus fallos • Apoyo en la identificación de candidatos para la magistratura a efectos de que las nominaciones sean transparentes y basadas en el mérito • Prestación de asesoría legal gratuita a víctimas de la corrupción mediante sus 16 Centros de Incidencia y Asesoría Legal en 12 países. En su trabajo contra la interferencia política y el soborno en la judicatura, TI se apoya en los muchos aliados dentro de distintos sistemas judiciales que están comprometidos con los objetivos comunes de la transparencia y la justicia equitativa frente a la ley.
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Transparency International es la organización de la sociedad civil que lidera la lucha contra la corrupción en el mundo

DRA. CARRIO: FRASES




REPORTAJE A CARRIO (FONTEVECCHIA) – PERFIL 4-10-09

En todo diálogo hay presupuestos morales, si no, no hay conversación. El fundamento moral del diálogo es que no hay sentimiento de venganza ni de uso, entonces, lo que la Argentina necesita es, en vez de hablar frívolamente, palabras profundas. Lo que necesita es un paso moral para crear los presupuestos éticos como nueva legitimidad, que habiliten el diálogo, el consenso, que habiliten una cosa seria y responsable. Si un violador la ha violado varias veces para conversar, la mujer debe suponer lo obvio: que la va a violar.

hay un momento en que la loca tiene razón. En el Rey Lear, que sería bueno que lo vuelvas a ver, el loco, como vos decís de mí “la loca sana”, es el que dice la verdad. Hay que ver el mejor texto político de Shakespeare.

—Siempre hay que alejarse del mal. Al mal se lo combate alejándose, no haciendo el mal, nunca siendo cómplice del mal.


—Hay una regla que aplicar: de los canallas hay que alejarse. Yo no puedo hacer una denuncia por asociación ilícita en serio, no puedo denunciarlos por enriquecimiento ilícito, y al mismo tiempo ir.

—El problema de la Argentina es que no cree que las convicciones puedan generar una gobernabilidad. Cree que la puede generar el viejo pacto corporativo que nos llevó al desastre. Cree que la puede lograr el acuerdo mafioso. Cree que la gobernabilidad la puede lograr el mandamás autoritario de un insignificante territorio de la Argentina. Garrido, Víctor Hugo, Biolcati son personas de ideologías distintas, quieren una Argentina de valores, republicana, pero creen que no se puede. Y ahí está la falla del argentino. Los americanos no sólo creían y querían, sino creían que era posible y trabajaron para ello. Hay una suerte de resignación histórica de los argentinos, brutal. De sus clases medias, de sus clases pobres, de sus clases ricas. Una resignación histórica a una Argentina de valores, civilizada, justa, desarrollada. La pregunta que se tiene que hacer es: ¿cuál es la legitimidad que desmorone el orden que nos lleva a la tragedia cada diez años? Y la verdad es que no hay que empujar a nadie, aunque sea insoportable, porque hay que tener paciencia democrática, hay que respetar los plazos institucionales, no hay que convertir ni “hondurizar” la Argentina, ni convertir en víctimas a los responsables. Pero sí es cierto que el gran problema de la Argentina es su futuro, porque si hoy suprimiéramos a Kirchner, el problema del futuro estaría completamente abierto y pendiente. Es ahí donde digo que la nueva legitimidad que se necesita es querer y creer que es posible. Eso es el orden de una convicción.

Las personas responsables se desgastan en la lucha. Las personas que se juegan, que son auténticas, que definen, generan… Lo otro, aquel que no expresa su pensamiento, es un ambiguo.
—A mí no me preocupa mi destino personal. Soy cristiana y kantiana

—Esto de navegar contra la corriente me encanta. Uno abre el camino. Yo quiero ver gobernando otra generación con otros valores. Yo creo en eso. Si uno no cree en lo que quiere, nunca consigue nada. La Argentina va para atrás porque no cree en lo que quiere. La fe política que tuvieron los pueblos que salieron es lo que nos falta a nosotros.
Es una obscenidad que siempre se esté hablando sólo de candidaturas, de especulación política. Además yo veo, sinceramente lo digo, la degradación democrática de la Argentina, cuya expresión más clara es este patrimonialismo corrupto menor. Está asociado a una falta de cultura, de formación, de sutileza. La falta de lenguaje, de cultura, de formación, la falta de discernimiento en la acción. Yo veo una clase política de una tosquedad, de una frivolidad en el juicio, de un prejuicio, que, la verdad, los países no salen así.

Los que creen que construyen poder sin legitimidad son incapaces de comprender la historia. Son ignorantes

—En 2001, en el foro de libertad de expresión en Washington, hablaban de la persecución a los periodistas, y yo dije que había dos cosas que había que solucionar: primero, la derogación de los delitos de injuria y calumnia, que tienen que ver con la persecución del periodismo libre; pero el segundo, la exigencia democrática del derecho al saber de la sociedad. Porque lo que los medios violan cuando no publican información es el derecho al saber de la sociedad. El problema de esta Ley de Medios es que Kirchner quiere controlar los medios para que nadie sepa nada.

Nuestro diagnóstico es que la cuestión argentina es cómo enfrentamos la degradación republicana, democrática y económico-social, producto de la ausencia de valores y de una corrupción ilimitada que fue de un modelo corporativo corrupto a un modelo patrimonialista. Es decir que va para atrás. Acá hay dos alternativas. Si estamos todos con esto de que la cuestión es su degradación democrática y republicana por corrupción, porque es por corrupción, estamos viviendo todos el Estado por izquierda;

Entonces, ¿cómo salimos? Con una nueva legitimidad que sería casi un pacto moral de algunos valores: no robar, no usar al otro, un nunca más a la corrupción, capacitación, reconstrucción del Estado y renuncia a los pactos corporativos para pasar a un pacto republicano en sí. Esto supone una nueva legitimidad moral y una nueva legitimidad republicana. Y ésta es la propuesta que nosotros le hacemos a la sociedad.

—La gente me respeta y me quiere; a lo mejor no me vota, pero me quiere. Otros no me quieren nada, obviamente. Mejor, porque si toda la gente nos quiere, estamos en problemas. Y es una figura no estrictamente política.



Hay que entender que las personas se constituyen en su infancia, en su adolescencia y en su juventud. Yo me constituí como maestra en Derecho Constitucional, y amé una utopía que en el fondo era la República,


Soy muy leal a las ideas, no puedo traicionar lo que les enseñé a mis alumnos.

—¿Seguís sin psicoanalizarte?
—Sí.
—Tanto que te dicen loca, ¿no pensás que pudieran tener un poco de razón y te agrada un poco ese papel?
—Al mismo tiempo que me lo dicen, me dicen que tengo razón. El problema es de los otros. Vos tenés una gran contradicción en tu escrito, porque soy una loca sana, y al final tuve razón. Si los locos son los que tienen la razón, ése es un problema que lo tienen que resolver ustedes. Yo me quedo con la razón.
—Leíste “Elogio de la locura”, de Erasmo.
—Sí.
—¿Te gusta identificarte con la locura?
—La locura frente a una cultura de resignación y de decadencia es un acto de lucidez. Es poder pensar sin prejuicios y es maravillosa. A mí esos agravios me parecen divinos.

—Algunos en la Argentina creen que el cáncer se cura con un geniol, y cuando eso pasa, vuelve el cáncer. Nosotros queremos curar el cáncer y extirpar el cáncer que nos mata es sacar la corrupción, la degradación democrática. El pensamiento menor implica que extirpemos el cáncer y que con él me vaya yo. Está bien. Ahora, si lo que están buscando es un Geniol para seguir con la Argentina de siempre, basta con ir al programa cómico de Tinelli.

CENSURA A LA PRENSA




Miguel Julio Rodríguez Villafañe (PRENSA RED)
La sociedad toda debe exigir que los periodistas logren tener un ámbito de trabajo adecuado y respetuoso de su persona, profesionalidad y función.
"Con lo que decís y filmás, te reviento de un piedrazo". La cronista televisiva escucha la amenaza y alcanza a correr junto con el camarógrafo para evadir la agresión física y verbal de algunos participantes de una protesta gremial municipal, en la Ciudad de Córdoba. Al llegar a su canal, el informe que la empresa envió a la oficina central en Buenos Aires dijo: "No pasó nada; no hubo daño a la cámara ni al vehículo".
El hecho narrado dejó en claro la poca importancia que se le da, a veces, a las personas que ejercen el periodismo. Para determinados sectores empresariales, el periodista no es un valor de mercado relevante; es más importante la preservación de la filmadora y demás bienes materiales, que ocuparse de las consecuencias de los sufrimientos físicos y espirituales vividos por quienes ejercen la profesión de informar.
En el mismo sentido –inaceptable– un referente de un importante gremio de Córdoba, para estupor de muchos, manifestó a un grupo de periodistas: "Perdón muchachos, pero si no se va contra ustedes no somos noticia". Se pretendía justificar de esa manera las agresiones producidas por parte de activistas a algunos periodistas y a un fotógrafo de un medio gráfico, al cubrir una marcha gremial.
El perdón no era una disculpa o un acto de arrepentimiento, sino la profecía de un accionar tenido por válido, que hiere la conciencia social y el respeto que merece el trabajo periodístico.
Mientras tanto, los agresores se tapan los rostros y en la clandestinidad que da impunidad, actúan en un vale todo. Aún así, se obliga a filmar y registrar sólo los pies o de lejos, porque se amenaza gravemente a camarógrafos y fotógrafos.
Las escuchas clandestinas y las cámaras ocultas se dirigen, más cada día, a no dejar nada de la vida de los periodistas sin auscultar. Es la antesala de aprietes para condicionar su trabajo y a veces, incluso su vida privada.
Por su parte, la política los ha tomado como blanco dilecto, buscando disciplinar al periodismo independiente. Siempre encuentran en periodistas operaciones de desestabilización y mentiras. Son objeto de insultos y amenazas, legales y de las otras. Desde deportistas que los balean y agravian, a políticos que actúan injuriando y condicionando la tarea de informar.
Una presencia incómoda
A su vez, gobernantes y funcionarios de distintos rangos, partidos de todos los ámbitos, no trepidan en señalar a periodistas con nombre propio, en verdaderas arengas públicas y culpabilizarlos de supuestos daños sufridos por su información, sin reparar que de esa manera se pone en peligro la vida y la integridad física del informador y de su familia. El periodista, a diferencia de los funcionarios públicos, no tiene custodia personal, ni asistencia policial especial y pueden ser blanco fácil de fanáticos y oportunistas, que buscan congraciarse con el poder de turno.
Asimismo, muchos gobernantes en nuestro país, en una inaceptable postura degradante para los informadores, han llegado a sostener que, antes que a los periodistas, se "prefiere a los fotógrafos, porque no hacen preguntas". Y, obedeciendo a una virtual política de silencio, muchos de ellos no hablan directamente con la prensa.
La excepción son los actos públicos, y en esas oportunidades los diálogos son a los empujones y a la carrera. Diálogos éstos que, del modo que se dan, se prestan más a humoradas o manifestaciones intrascendentes, que a comentarios serios y adecuados. De esta manera, también se falta el respeto a la tarea periodística, que no puede cumplirse adecuadamente.
En definitiva, se pretende que el periodismo asuma el papel de un mero público que aplauda o consienta pasivamente respecto de lo que se le dice, sin cuestionar, ni preguntar, en nombre de la sociedad que representa para informar.
Mientras tanto, todavía se demanda penalmente, por calumnias e injurias, a los periodistas por hacer conocer sobre actividades de interés público. Se sigue utilizando el Código Penal para acallar a la prensa y amenazarla con prisión.
La Argentina ha sido intimada en el caso "Kimel, Eduardo", fallado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en mayo de 2008, a que se proceda a dejar de incriminar la opinión. Existe en este momento un proyecto en ese sentido del Poder Ejecutivo nacional, enviado al Congreso de la Nación. Es de desear que pronto se sancione.
A lo referido, hay que agregar el peligro que existe, hoy como nunca, cuando el periodismo investiga e informa sobre graves violaciones de derechos humanos, narcotráfico, trata de personas, corrupción gubernamental y demás delitos que atacan gravemente a la sociedad. El desafío es enorme; hay que evitar que el miedo paralice y debemos acompañarlos activamente. No se los puede dejar con la sensación de soledad en la lucha.
Por su parte y como un lamentable dato de la realidad, se ha precarizado demasiado la situación laboral de muchos periodistas profesionales, lo que hace que, en algunos casos, resulten ser ellos el fusible que se hace saltar con facilidad, cuando su accionar periodístico informativo molesta a algunos intereses. Aparece entonces la autocensura o su otra cara oscura, la sobreactuación periodística a favor de los poderosos.
No se puede permitir el uso subalterno de la profesión periodística, pero habrá que trabajar los caminos éticos y del derecho no penal, para que se asuman las responsabilidades que correspondieren.
La sociedad toda debe exigir que los periodistas logren tener un ámbito de trabajo respetuoso de su persona, profesionalidad y función. Esos hombres y mujeres representan implícitamente a las personas y la comunidad, en el ejercicio integral del derecho humano a la información; por lo que, además, la tutela adecuada del ejercicio digno de dicha profesión es una garantía para todos.
Miguel Julio Rodríguez Villafañe es abogado constitucionalista especialista en derecho de la información.

"LA PARALISIS JUDICIAL ES CORRUPCION"


Ricardo Monner Sans
“La parálisis judicial también es corrupción”

http://www.elargentino.com/nota-13477-La-paralisis-judicial-tambien-es-corrupcion.html





04-11-2008

Es el ojo crítico de la Justicia argentina. El abogado se hizo eco de una denuncia de Veintitrés y presentó el caso en los Tribunales. Dice que ese trabajo lo deberían hacer los fiscales y advierte: “Todavía prosperan poco las denuncias contra el poder”.

Por Franco Mizrahi


El abogado preside la Asociación Civil Anticorrupción pero actúa, muchas veces, como si fuera un fiscal de la Nación. Es que Ricardo Monner Sans suele transformar en investigación judicial aquello que denuncian los medios. Lo hizo en los ’90, cuando cobró relevancia mediática con un sinfín de acusaciones contra el gobierno menemista, entre las que resaltó la radicada por la venta ilegal de armas a Ecuador y Croacia. También en los últimos años, con algunos funcionarios K sospechados, como Felisa Miceli y la bolsa de dinero encontrada en el baño de su oficina. Y ahora, de nuevo, de la mano de Veintitrés, con las revelaciones sobre los fiscales de San Isidro Pablo Quiroga y Raúl Pleé y sus maniobras irregulares en la Justicia (ver recuadro).“Pero ese es trabajo que deberían hacer los propios fiscales. Para eso les pagan”, dispara el abogado. Y comenta: “Mi hijo mayor me advirtió de la importancia que sugería la tapa de la revista y la compré. Como tenía muy buenas referencias probatorias, mi obligación ciudadana era plantearla como tema de investigación. Y así fue: mi denuncia quedó radicada en el Juzgado Federal 1 de San Isidro”.–¿Cómo continúa el proceso?–El trámite a uno se le termina escapando de las manos. Es una terrible crítica que hay que hacerle a nuestro Código Procesal Penal. El expediente sólo puede ser revisado por las partes y por el fiscal. No por el denunciante. Esto le viene como anillo al dedo a los ocupantes del poder: es una valla de contención para los que pretenden apelar.–¿Cómo elaboró su denuncia?–La denuncia tiene absolutamente todo lo que dice la nota. Lo único que hice fue darle formato jurídico. Son cosas que no pueden quedar sin investigar. Aunque también es cierto que es difícil conocer todos los casos de corrupción galopante que hay. En todo caso, me genera un interrogante. Si la denuncia de la revista es cierta, ¿existieron otros casos donde no hubo unmedio que los denuncie? ¿Puede ser esto una importante aguja pero dentro de un gran pajar?–Lo grave, además, es que se trata de fiscales y son ellos los que deben encargarse de investigar en la Justicia...–Es que una vez más se descubre lo que no era así en mis tiempos. Si hoy los delitos no fueran denunciados gracias a información confidencial anónima o por investigaciones periodísticas, el promedio de fiscales y jueces no estaría haciendo nada.–¿Por qué?–Es la pregunta del millón. ¿No investigan porque no se enteran o porque no se quieren enterar? En nuestro país, el Poder Judicial siempre fue el más débil. Ya en la primera versión constitucional era el que menos cantidad de artículos tenía. Por otro lado, hay que considerar que es un poder sin autonomía de vuelo. Su financiamiento depende de lo que voten el Legislativo y el Ejecutivo. Y esa posibilidad de apriete sirve para que el Poder Judicial esté “tranquilo”.–¿Alguna vez vivió esos “aprietes”?–No puedo ser un buen contestador. A mí no me han pedido dinero ni favores políticos.–¿Pero existen?–Diría que el actual nivel de parálisis judicial, como que nadie haya tomado este caso más que yo, también es corrupción.–¿Cómo se revierte eso?–Hace muchos años dije que había que pensar la elección directa de fiscales, es decir, a través del voto popular. Como también planteé que había que ensayar en serio los juicios por jurado. No digo que no pensé la elección popular de jueces también. Pero para llegar a eso, primero hay que realizar la experiencia con los fiscales.–¿Cuál es hoy la relación entre el Estado y la Justicia?–Si por Estado se entiende Poder Ejecutivo, hay contemplaciones. Como cuando descubro que Romina Picolotti enviaba a su mucama a Córdoba en avión privado y me pregunto si la jueza (María Romilda) Servini de Cubría está avanzando en la causa. O cuando noto que la Justicia no llama a declarar a Martín Balza en la causa de Río Tercero y el kirchnerismo lo designa embajador en Colombia, cuando el 80 por ciento de las armas salió de la jurisdicción del Ejército.–¿No rescata de la gestión K los cambios en la Corte Suprema?–Hacía rato que no había una Corte Suprema de este buen nivel. Son todos independientes, excepto una persona que tiene el teléfono directo de la Casa Rosada y cuyo nombre no voy a decir. Además, todos dictaron fallos notables. Pero a la Corte, hay que decirlo, llega un mínimo porcentaje de lo que pasa por abajo. Entonces, cuánto vale aplaudir aquello. La realidad hace imposible que todos los pleitos terminen en esa instancia.–¿Qué opina de la pelea entre el miembro de la Corte Eugenio Zaffaroni y Néstor Kirchner?–Puedo decir que me encanta la independencia de Zaffaroni, es muy edificante. Ya lo había percibido cuando Kirchner se sumó a la ola de críticas contra la Cámara Criminal, que tuvo una acción garantista con Omar Chabán, y Zaffaroni sentenció: “El Presidente no puede opinar públicamente de eso”. Kirchner no podía transmitir temor al Poder Judicial. No sé si Zaffaroni quiso establecer la hipótesis de su retirada. Pero no sería el primero en irse por cansancio moral.–¿La misma renovación de la Corte se vislumbra en el Consejo de la Magistratura?–Si el Consejo de la Magistratura no tuviera formas muy arbitrarias de seleccionar a sus miembros, creo que daría una sensación de higiene mucho más trascendente y no la sensación de miedo que hoy se tiene por parte de los jueces. En el anterior Consejo había falencias y lentitudes pero mayor ecuanimidad, mayor sentido de la ponderación, menor concepto de fundamentalismo.–¿La Justicia es un reflejo de la sociedad?–Sí, se retroalimentan. El modelo hace que la concentración de poder transforme al pueblo argentino en un actor muy pasivo.–¿Los jueces de hoy aplican las leyes?–Creo que sí. En el ámbito penal, considero que nuestro código tiene una excesiva cantidad de penas. En ese sentido, las leyes podrían aplicarse más si hubiera una mayor contracción al trabajo, mayor independencia práctica y si todo el estándar argentino mostrara una conducta ética desde arriba. El promedio de “no moralidad” es muy alto y, por eso, todavía prosperan poco las denuncias contra el poder.
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