"En los últimos días, los medios de comunicación nos han mostrado que nuestro país sufre la presencia de organizaciones criminales dedicadas al narcotráfico. Los recientes asesinatos de corte mafioso en General Rodríguez y dentro de un shopping, como el hallazgo en la zona de Maschwitz de laboratorios clandestinos dedicados a la fabricación de drogas sintéticas, muestran esta triste realidad.
El crimen organizado amenaza la paz y la seguridad de las naciones. Por lo tanto, su tratamiento supera ampliamente las medidas que pueda adoptar el gobierno de la provincia de Buenos Aires en el tema. La única forma de enfrentar la criminalidad internacional -que muchas veces se entrelaza con el poder político y financiero- es mediante políticas de Estado nacionales, que se adapten a los patrones globales diseñados por los organismos multilaterales, tales como el Banco Mundial, la OEA y las Naciones Unidas.
Los delitos transnacionales, como el narcotráfico, lavado de dinero, terrorismo, piratería, tráfico de armas, delitos de lesa humanidad, genocidio, corrupción y fraude corporativo, entre otros, contienen un carácter económico, social y de perspectiva supranacional que dificulta su persecución y condena.
Su poder económico, técnico y de lobby suele ser su garantía de impunidad. Tanto es así que muy rara vez se termina condenando al jefe máximo de la organización.
Pedro R. David nos dice que "el delito transnacional, ejecutado por organizaciones delictivas de alcance global, de enorme poderío económico y técnico, generador de corrupción y destrucción de formas legítimas de convivencia, constituye sin duda la amenaza más grave a la paz mundial en el presente, sin excluir, desde luego, los flagelos de la marginalidad en la que casi tres cuartas partes de la humanidad está inserta".
En este contexto, cabe preguntarse qué hace nuestro país para evitar el avance y la penetración de este fenómeno, característico de la sociedad global y postindustrial del siglo XXI.
Entre las bondades, se puede resaltar la ratificación por ley de numerosos tratados internacionales sobre la materia y la implementación de un estricto régimen antilavado de dinero y financiamiento del terrorismo.
Sin embargo, lo hecho hasta aquí parece no ser suficiente. Muchas de las normas creadas son "letra muerta"; sancionadas al solo efecto de satisfacer la presión internacional. A continuación, algunos ejemplos que lo prueban:
En 1989, fuimos el primer país de América en incorporar el delito de lavado proveniente del narcotráfico; sin embargo, a la fecha tan sólo contamos con una única condena y por un caso insignificante. En el camino quedaron las grandes investigaciones de los años 90 contra el cartel de Medellín, de Colombia y el de Juárez, de México.
Nada cambió con el nuevo régimen antilavado, que impuso la ley 25.246, en el año 2000. No se logró aún ni un solo procesamiento firme.
Se impuso el deber de reportar "operaciones sospechosas" a la Unidad de Información Financiera (UIF), organismo creado con facultad para aplicar multas a quien incumpla tal obligación; sin embargo, a la fecha nadie fue sancionado.
Para colmo, en junio de 2005 se modificó por ley (en tiempo récord y sin debate) la integración de la UIF, que pasó a manos de un presidente, designado y removido por voluntad única del PEN, es decir, pasó a manos del poder de turno.
El lavado de dinero se tipificó como una forma de encubrimiento, y no como figura autónoma; dificultándose así su aplicación práctica y contradiciendo la tendencia internacional.
De acuerdo con los informes de Transparencia Internacional, la Argentina está entre los países más corruptos del mundo, con un puntaje que nunca superó el 3,5 puntos, en una escala del 1 al 10.
Los organismos internacionales han solicitado con urgencia la implementación de mayores controles en zonas sensibles, como la Triple Frontera. Nada sustancial parece haberse hecho hasta ahora.
Una reciente auditoría del Banco Mundial sobre los tribunales de nuestro país demuestra que los procesos penales por delitos de corrupción y narcotráfico tienen una duración promedio superior a los diez años; arriba a condena firme menos del 4% de las causas iniciadas.
La lista de observaciones puede continuar. Sin embargo, lo expuesto es suficiente para comprender, por qué razón los carteles del narcotráfico pueden haber elegido la Argentina como base de su desarrollo. Hay que fortalecer las instituciones del Estado; no queda otra. Todavía estamos a tiempo; sólo falta que la dirigencia reaccione."
El autor (Dr. Roberto Durrieu) es Abogado; escribió Lavado de dinero en la Argentina, premiado por la Interamerican Bar Association.
No hay comentarios:
Publicar un comentario