BREVES REFLEXIONES ACERCA DEL BICENTENARIO DE LA DEPENDENCIA DEL PODER JUDICIAL, NUESTRO RECUPERADO COLEGIO PÚBLICO DE ABOGADOS, “GENTE DE DERECHO” Y EL CONSEJO DE LA MAGISTRATURA
Bicentenario de la Revolución del 25 de Mayo de 2010
No fue casualidad que al abrir por primera vez la Constitución Nacional, nos encontramos los Argentinos desde muy chicos con el 1° mandato que nos viene directamente de los Padres de la Patria y del fondo de nuestra Historia:
“La Nación Argentina adopta la forma republicana de Gobierno” (art. 1 CN).-
Tal mandato, como todos saben o deberían saber, implica la existencia de 3 Poderes dentro del Estado: el Legislativo, el Ejecutivo y el Judicial.-
La manda constitucional o-bli-ga, así como lo leen, a todos los integrantes del Poder Judicial, sin distinción de jerarquía alguna, a ser independientes de los funcionarios de los otros dos Poderes del Estado, para que de tal modo puedan controlarlos debidamente y garantizar la plena vigencia de una real y efectiva Justicia para los restantes habitantes del País.-
“La Nación Argentina adopta la forma republicana de Gobierno” (art. 1 CN).-
Tal mandato, como todos saben o deberían saber, implica la existencia de 3 Poderes dentro del Estado: el Legislativo, el Ejecutivo y el Judicial.-
La manda constitucional o-bli-ga, así como lo leen, a todos los integrantes del Poder Judicial, sin distinción de jerarquía alguna, a ser independientes de los funcionarios de los otros dos Poderes del Estado, para que de tal modo puedan controlarlos debidamente y garantizar la plena vigencia de una real y efectiva Justicia para los restantes habitantes del País.-
El Poder Judicial deber ser el freno a los abusos de todo tipo que pueda cometer el Poder Ejecutivo.-
Recuerden que la Constitución comenzó siendo, allá en Europa por el siglo 18, el instrumento legal que ponía freno a los abusos derivados del Poder Monárquico y por ende la suma del Poder Público encarnado en una sola persona: el Rey.-
Siempre, en última instancia, todo lo definía el Rey, único receptor del Poder Divino que emanaba de Dios.-
Dr. Juan José Paso
Nuestro Colega, el Dr. Juan José Pasó, en el Cabildo Abierto del 22 de Mayo de 1810, sembró la semilla de la Libertad al exponer que caído el Rey Fernando VII, el Poder volvía al Pueblo, único Soberano por estas tierras, contrariando la doctrina monárquica.-
Por supuesto que semejante “rebeldía” no fue tolerada en la Metrópoli, razón por lo cual el Imperio mandó inmediatamente las fuerzas para reprimir.-
Costumbre que en la actualidad, a pesar de vivir en un Estado de Derecho, se mantiene vigente en muchos lugares de la Argentina.-
Así fue como llegaron las históricas batallas, los San Martín, los Granaderos, los Belgrano, los Guemes, las Juana Azurduy, los Las Heras, los Pueyrredón, los Lavalle, y demás héroes de nuestra Independencia, incluída por supuesto la sangre de nuestros miles de anónimos y gloriosos gauchos y negros, carnes de cañón en los campos de batalla.-
Y fue por este motivo, por haber padecido ese abuso de Poder Absolutista Monárquico Imperial, que todas las jóvenes Naciones Americanas nacidas en el siglo 19, entre ellas la nuestra, adoptaron la forma Republicana de Gobierno: el Poder se divide en 3 partes y se acabó!....la Historia Monárquica, claro.-
Sentado este elemental principio de Derecho Constitucional y Político, el interrogante que se plantea es determinar si a lo largo de 200 años de Historia Argentina, es decir desde los albores de la Revolución de Mayo, se ha cumplido o no con la División de Poderes.-
Porque convengamos que una cosa es el “deber ser” y otra muy distinta es el “ser”.-
¿Qué nos enseña la Historia Argentina?
Veamos, pero me parece que la cosa fue igual que en la actualidad: los papeles fueron por un lado y la realidad de los Tribunales por otro.-
Hasta el año 1853, distintos intentos de constitucionalización proclamaban, por lo menos en teoría, la división de Poderes y la independencia del Poder Judicial.-
Sin embargo, las urgencias militares y políticas derivadas de las guerras intestinas entre Buenos Aires y el interior del País, en 1° lugar, y las que enfrentaron luego a los Unitarios con los Federales, lejos estuvieron de poner en práctica el principio señalado.-
Seamos prácticos, y pensemos que los Jefes de todos los bandos jamás permitieron que un Magistrado se alzara contra ellos.-
¿Qué Juez procesaría y condenaría a prisión a un Rosas, a un Paz, a un Lavalle, por ejemplo?
Sólo el Juez amigo del Jefe enemigo del procesado, por supuesto.-
Y llegado el caso, no era Justicia, sino venganza.-
Nuestro Colega, el Dr. Mariano Moreno, fue muy claro cuando afirmó allá por 1810, que para los enemigos no existiría Justicia, y para los amigos que hubieran cometido alguna falta el Juez debía ser lo más benévolo posible.-
El proceso llevado adelante en Buenos Aires a los hermanos Reinafé por el asesinato de Quiroga, muestra como se manejaba la Justicia en aquellos años.-
Y así fue como este principio enunciado por Moreno, corrió en el túnel del tiempo como reguero de pólvora, haciendo explotar las enseñanzas de Montesquieu.-
Como primera conclusión de lo afirmado hasta ahora, basta con recordar como prueba irrefutable de lo que se afirma, que a raíz de los hechos políticos ocurridos antes de la sanción de la Constitución Nacional, se incluyó el art. 29 vigente aún en la actualidad, que declaró como acto de traición a la Patria la suma del Poder Público.-
Sin palabras.-
No es descabellado afirmar también que, luego de 1853, tampoco se cumplió con dicho mandato.-
Gobiernos de todas las ideologías cayeron en la tentación de tener un Poder Judicial adicto.-
Las históricas, kantianas e irreconciliables posiciones y denuncias del Dr. Hipólito Irigoyen, Alem y demás líderes radicales con relación al “Regimen” así lo demuestran.-
El “Regimen” era el término usado para describir el desprecio que los Gobiernos de turno tenían por la real y efectiva vigencia de la Constitución Nacional, y por ende de la República y de la independencia del Poder Judicial.-
El “Regimen” era el reinado del fraude electoral, de los negociados, de la corrupción y demás síntomas de enfermedad republicana que existían a la vista de los Jueces y Magistrados de la época.-
El Dr. Lisandro de la Torre sabía muy bien a que se refería el Dr. Irigoyen cuando denunció y comprobó en el Senado de la Nación, la corrupción del Pacto Roca-Runciman, que provocó el asesinato en el recinto del Senador Bordabhere.-
¿Cuándo un Juez declaró un fraude electoral por aquella época o condenó a los funcionarios autores de hechos de corrupción?
Jamás.-
Luego vino la Ley Saenz Peña y la cosa cambió, pero no mucho, porque digamos que dando un pequeño salto en nuestra rica Historia, a partir de la Revolución de 1930, por ejemplo, diferentes composiciones del máximo Poder Judicial de la Nación Argentina avalaron con fallos, absolutamente nulos e inconstitucionales, los innumerables alzamientos (civiles, políticos y militares) contra los gobiernos constitucionales de turno.-
Lo mismo ocurrió con las jerarquías inferiores (camaristas y jueces) que obedecieron la doctrina que bajaba del 4° Piso del Palacio de Justicia de Buenos Aires.-
Y así fue que siguiendo con la misma corriente doctrinaria y jurisprudencial, la institución judicial –demasiado conservadora por cierto- pasó luego a obedecer los mandatos de la Casa Rosada en los años 1943, 1946, 1955, 1961, 1966, 1976, etc.-
Por supuesto que semejante “rebeldía” no fue tolerada en la Metrópoli, razón por lo cual el Imperio mandó inmediatamente las fuerzas para reprimir.-
Costumbre que en la actualidad, a pesar de vivir en un Estado de Derecho, se mantiene vigente en muchos lugares de la Argentina.-
Así fue como llegaron las históricas batallas, los San Martín, los Granaderos, los Belgrano, los Guemes, las Juana Azurduy, los Las Heras, los Pueyrredón, los Lavalle, y demás héroes de nuestra Independencia, incluída por supuesto la sangre de nuestros miles de anónimos y gloriosos gauchos y negros, carnes de cañón en los campos de batalla.-
Y fue por este motivo, por haber padecido ese abuso de Poder Absolutista Monárquico Imperial, que todas las jóvenes Naciones Americanas nacidas en el siglo 19, entre ellas la nuestra, adoptaron la forma Republicana de Gobierno: el Poder se divide en 3 partes y se acabó!....la Historia Monárquica, claro.-
Sentado este elemental principio de Derecho Constitucional y Político, el interrogante que se plantea es determinar si a lo largo de 200 años de Historia Argentina, es decir desde los albores de la Revolución de Mayo, se ha cumplido o no con la División de Poderes.-
Porque convengamos que una cosa es el “deber ser” y otra muy distinta es el “ser”.-
¿Qué nos enseña la Historia Argentina?
Veamos, pero me parece que la cosa fue igual que en la actualidad: los papeles fueron por un lado y la realidad de los Tribunales por otro.-
Hasta el año 1853, distintos intentos de constitucionalización proclamaban, por lo menos en teoría, la división de Poderes y la independencia del Poder Judicial.-
Sin embargo, las urgencias militares y políticas derivadas de las guerras intestinas entre Buenos Aires y el interior del País, en 1° lugar, y las que enfrentaron luego a los Unitarios con los Federales, lejos estuvieron de poner en práctica el principio señalado.-
Seamos prácticos, y pensemos que los Jefes de todos los bandos jamás permitieron que un Magistrado se alzara contra ellos.-
¿Qué Juez procesaría y condenaría a prisión a un Rosas, a un Paz, a un Lavalle, por ejemplo?
Sólo el Juez amigo del Jefe enemigo del procesado, por supuesto.-
Y llegado el caso, no era Justicia, sino venganza.-
Nuestro Colega, el Dr. Mariano Moreno, fue muy claro cuando afirmó allá por 1810, que para los enemigos no existiría Justicia, y para los amigos que hubieran cometido alguna falta el Juez debía ser lo más benévolo posible.-
El proceso llevado adelante en Buenos Aires a los hermanos Reinafé por el asesinato de Quiroga, muestra como se manejaba la Justicia en aquellos años.-
Y así fue como este principio enunciado por Moreno, corrió en el túnel del tiempo como reguero de pólvora, haciendo explotar las enseñanzas de Montesquieu.-
Como primera conclusión de lo afirmado hasta ahora, basta con recordar como prueba irrefutable de lo que se afirma, que a raíz de los hechos políticos ocurridos antes de la sanción de la Constitución Nacional, se incluyó el art. 29 vigente aún en la actualidad, que declaró como acto de traición a la Patria la suma del Poder Público.-
Sin palabras.-
No es descabellado afirmar también que, luego de 1853, tampoco se cumplió con dicho mandato.-
Gobiernos de todas las ideologías cayeron en la tentación de tener un Poder Judicial adicto.-
Las históricas, kantianas e irreconciliables posiciones y denuncias del Dr. Hipólito Irigoyen, Alem y demás líderes radicales con relación al “Regimen” así lo demuestran.-
El “Regimen” era el término usado para describir el desprecio que los Gobiernos de turno tenían por la real y efectiva vigencia de la Constitución Nacional, y por ende de la República y de la independencia del Poder Judicial.-
El “Regimen” era el reinado del fraude electoral, de los negociados, de la corrupción y demás síntomas de enfermedad republicana que existían a la vista de los Jueces y Magistrados de la época.-
El Dr. Lisandro de la Torre sabía muy bien a que se refería el Dr. Irigoyen cuando denunció y comprobó en el Senado de la Nación, la corrupción del Pacto Roca-Runciman, que provocó el asesinato en el recinto del Senador Bordabhere.-
¿Cuándo un Juez declaró un fraude electoral por aquella época o condenó a los funcionarios autores de hechos de corrupción?
Jamás.-
Luego vino la Ley Saenz Peña y la cosa cambió, pero no mucho, porque digamos que dando un pequeño salto en nuestra rica Historia, a partir de la Revolución de 1930, por ejemplo, diferentes composiciones del máximo Poder Judicial de la Nación Argentina avalaron con fallos, absolutamente nulos e inconstitucionales, los innumerables alzamientos (civiles, políticos y militares) contra los gobiernos constitucionales de turno.-
Lo mismo ocurrió con las jerarquías inferiores (camaristas y jueces) que obedecieron la doctrina que bajaba del 4° Piso del Palacio de Justicia de Buenos Aires.-
Y así fue que siguiendo con la misma corriente doctrinaria y jurisprudencial, la institución judicial –demasiado conservadora por cierto- pasó luego a obedecer los mandatos de la Casa Rosada en los años 1943, 1946, 1955, 1961, 1966, 1976, etc.-
¡Durante mas de medio siglo (1930-1983) el Poder Judicial Argentino en su totalidad autorizó y dio marco de legalidad a la impunidad de la ilegalidad de los golpes de Estado y a los usurpadores del Poder Político!
No voy a hacer un relato pormenorizado de los vergonzantes acontecimientos históricos ocurridos en ese lapso de tiempo, porque estaría excediendo el objetivo de este trabajo.-
Tratados de Historia del Derecho y de Derecho Constitucional de nuestra Patria, están a disposición de los lectores que quieran profundizar el tema.-
Como segunda conclusión de lo dicho hasta el presente diré que hay otra prueba irrefutable a mi favor.-
Tratados de Historia del Derecho y de Derecho Constitucional de nuestra Patria, están a disposición de los lectores que quieran profundizar el tema.-
Como segunda conclusión de lo dicho hasta el presente diré que hay otra prueba irrefutable a mi favor.-
En efecto:
El único resorte previsto en la Constitución para desalojar a un Presidente y/o a un Gobierno Nacional – el juicio político- jamás se usó en estos 200 años que vamos a celebrar en Mayo de 2010.-
La Historia nos enseña que los argentinos, Jueces y Magistrados incluidos, preferíamos algo rápido y seguro.-
Y así nos fue.-
El problema radica en que ellos, los funcionarios judiciales que juraron en su momento por la Constitución Nacional y que por obligación legal debieron salir en defensa de la legalidad, jamás lo hicieron porque no quisieron, no pudieron o no supieron hacerlo.-
El temor a perder el cargo, y el correspondiente sueldo, prevaleció a la hora de defender el Bienestar General de la Sociedad y la legalidad del Estado de Derecho.-
Quizá algun funcionario se pueda sentir dolido, pero por ser un dato histórico y objetivo reiteraré que el Poder Judicial Argentino, a lo largo de esos años, fue cómplice y partícipe de nuestra falta de respeto por la vigencia de las instituciones republicanas al ser un mero apéndice del Poder Ejecutivo Nacional (con botas o sin ellas), violando de tal modo y como se señalara al comienzo de estas reflexiones, la independencia que establece nuestra Carta Magna.-
Continuando con el desarrollo del tema en cuestión, sí voy a intentar profundizar sobre lo ocurrido con el Poder Judicial en los últimos años, más precisamente a partir de 1983 fecha en que la Argentina recuperó la vigencia del sistema Democrático de Gobierno.-
No crean que la situación varió mucho porque, en general, los votos siguieron el rumbo marcado por las botas.-
Los “jueces de la servilleta, “la mayoría automática, y demás calificaciones usadas popularmente por los Argentinos, son un ejemplo de lo ocurrido en el período democrático.-
El Dr. Alfonsín, si bien ofreció la Presidencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación al Dr. Italo Luder, candidato del opositor Partido Justicialista, integró la mayoría de los cargos dentro del Poder Judicial con Jueces y Magistrados que salían de las filas políticas que lideraba.-
El Dr. Menem fue el padre de “la mayoría automática”, al aumentar los miembros de la Corte y poniendo en sus puestos a gente demasiado cercana al Poder.-
“Los jueces de la servilleta” también fue un engendro de ese gobierno.-
Así fue que, como consecuencia de semejante desbarajuste institucional, nació dentro del Pacto de Olivos la idea de frenar tanta falta de imparcialidad en la Justicia que nos merecíamos los Argentinos, y se creó a cambio de la re-reelección el famoso Consejo de la Magistratura.-
Con la reforma de la Constitución de 1994, se decidió que la composición del ente debía respetar un equilibrio entre los estamentos de los Abogados, de los Jueces, de los políticos y de los académicos del Derecho.-
Dicho equilibrio duró poco tiempo, porque con el transcurso de pocos minutos históricos, se sancionó la Ley 26.080 que volvió a poner las cosas en la prehistoria argentina.-
Unos pocos años son minutos en la Historia de un País.-
Dicha norma legal, impuesta desde el Poder Ejecutivo Nacional durante la presidencia del Dr. Kirchner, lamentablemente aún hoy sigue viva gracias a la demora que reina en la Corte Suprema de Justicia de la Nación.-
Pero hay que ser justos y no hacer caer toda la responsabilidad dentro de la esfera del Poder Ejecutivo ni en la desidia de la Corte en resolver un problema de extrema gravedad institucional y política, porque algunos de los integrantes del Poder Legislativo Nacional, también tienen su cuota de irrresponsabilidad en el tema que nos ocupa al obedecer criterios y mandatos que provienen de los jefes político-partidarios que habitan la Casa Rosada.-
No me voy a ocupar de ellos porque excedería el objetivo de estas breves reflexiones.-
Podemos concluir, a la luz de lo expuesto hasta el presente que –salvo rarísimas excepciones- jamás los integrantes del Poder Judicial fueron realmente independientes del Poder Político de turno en el momento histórico que debieron serlo.-
Caídos los gobiernos, todos hacen aserrín del árbol caído, pero ya es tarde.-
Ratifico todo lo que afirmo, además, porque en los últimos tiempos, varios Jueces y Magistrados han reconocido públicamente que al momento de asumir funciones judiciales con relación a funcionarios del Ejecutivo, obran con “demasiada prudencia” por temor a la reacción oficial.-
Como Abogado que soy digo: “A confesión de parte, relevo de prueba”.-
Lo dicho hasta el presente con relación a los Gobiernos Nacionales, se extiende también a todos Gobiernos Provinciales.-
Y digo más: allí la falta de imparcialidad y de independencia judicial es mas acentuada aún porque, como todos saben, son muy pocos los Estados provinciales que escapan a ser gobernados como auténticos feudos.-
Así las cosas y por ser público y notorio, diré que es una costumbre de los políticos que asumen cargos ejecutivos en los Gobiernos Argentinos, subordinar los otros 2 Poderes del Estado a sus intereses, dejando de lado la materialización de una real y sana administración del servicio de Justicia.-
De tal modo se desprestigia ante la Comunidad Internacional la imagen de nuestro País, provocando que las reales inversiones muden su destino a otros lugares del Mundo donde exista plena seguridad jurídica y una economía previsible y estable.-
Creo que no hace falta recordar que la falta de inversiones genuinas, de ahorro, de transparencia en el manejo de la cosa pública y de índices económicos-financieros confiables, entre otros síntomas de una sociedad respetuosa de la ley, provoca la pobreza de sus habitantes y de sus descendientes ante la falta de trabajo, salud, educación y seguridad.-
Al no haber presupuesto suficiente para la concreción de tales funciones básicas del Estado, el nivel de la vida de la población en general cae estrepitosamente como lo venimos viendo en la Argentina de los últimos años.-
La falta de independencia del Poder Judicial deriva en la impunidad oficial, madre de un cáncer que carcome las entrañas de la República: la corrupción.-
Ahora bien, y retomando el tema de la falta de independencia en la Justicia, es claro ejemplo de lo expuesto que la sanción de la Ley 26.080, promovida desde el Senado de la Nación por la entonces cónyuge del Presidente Kirchner y actual cabeza del Poder Ejecutivo Nacional, en nada favorece la vigencia de la República.-
La ley en cuestión, popularmente conocida como de reforma del Consejo de la Magistratura desalojó, en los hechos, al estamento de los Abogados al disminuir su participación a un solo Abogado en la integración del referido Consejo.-
A raíz de ello; en valerosa, histórica y ejemplar decisión; el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal conducido por el Dr. Jorge Rizzo, a su vez presidente de la agrupación de Abogados mas grande de la República Argentina llamada “GENTE DE DERECHO”, lleva adelante hace varios años una acción de amparo solicitando la declaración de inconstitucionalidad de la ley mencionada.-
Y así nos fue.-
El problema radica en que ellos, los funcionarios judiciales que juraron en su momento por la Constitución Nacional y que por obligación legal debieron salir en defensa de la legalidad, jamás lo hicieron porque no quisieron, no pudieron o no supieron hacerlo.-
El temor a perder el cargo, y el correspondiente sueldo, prevaleció a la hora de defender el Bienestar General de la Sociedad y la legalidad del Estado de Derecho.-
Quizá algun funcionario se pueda sentir dolido, pero por ser un dato histórico y objetivo reiteraré que el Poder Judicial Argentino, a lo largo de esos años, fue cómplice y partícipe de nuestra falta de respeto por la vigencia de las instituciones republicanas al ser un mero apéndice del Poder Ejecutivo Nacional (con botas o sin ellas), violando de tal modo y como se señalara al comienzo de estas reflexiones, la independencia que establece nuestra Carta Magna.-
Continuando con el desarrollo del tema en cuestión, sí voy a intentar profundizar sobre lo ocurrido con el Poder Judicial en los últimos años, más precisamente a partir de 1983 fecha en que la Argentina recuperó la vigencia del sistema Democrático de Gobierno.-
No crean que la situación varió mucho porque, en general, los votos siguieron el rumbo marcado por las botas.-
Los “jueces de la servilleta, “la mayoría automática, y demás calificaciones usadas popularmente por los Argentinos, son un ejemplo de lo ocurrido en el período democrático.-
El Dr. Alfonsín, si bien ofreció la Presidencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación al Dr. Italo Luder, candidato del opositor Partido Justicialista, integró la mayoría de los cargos dentro del Poder Judicial con Jueces y Magistrados que salían de las filas políticas que lideraba.-
El Dr. Menem fue el padre de “la mayoría automática”, al aumentar los miembros de la Corte y poniendo en sus puestos a gente demasiado cercana al Poder.-
“Los jueces de la servilleta” también fue un engendro de ese gobierno.-
Así fue que, como consecuencia de semejante desbarajuste institucional, nació dentro del Pacto de Olivos la idea de frenar tanta falta de imparcialidad en la Justicia que nos merecíamos los Argentinos, y se creó a cambio de la re-reelección el famoso Consejo de la Magistratura.-
Con la reforma de la Constitución de 1994, se decidió que la composición del ente debía respetar un equilibrio entre los estamentos de los Abogados, de los Jueces, de los políticos y de los académicos del Derecho.-
Dicho equilibrio duró poco tiempo, porque con el transcurso de pocos minutos históricos, se sancionó la Ley 26.080 que volvió a poner las cosas en la prehistoria argentina.-
Unos pocos años son minutos en la Historia de un País.-
Dicha norma legal, impuesta desde el Poder Ejecutivo Nacional durante la presidencia del Dr. Kirchner, lamentablemente aún hoy sigue viva gracias a la demora que reina en la Corte Suprema de Justicia de la Nación.-
Pero hay que ser justos y no hacer caer toda la responsabilidad dentro de la esfera del Poder Ejecutivo ni en la desidia de la Corte en resolver un problema de extrema gravedad institucional y política, porque algunos de los integrantes del Poder Legislativo Nacional, también tienen su cuota de irrresponsabilidad en el tema que nos ocupa al obedecer criterios y mandatos que provienen de los jefes político-partidarios que habitan la Casa Rosada.-
No me voy a ocupar de ellos porque excedería el objetivo de estas breves reflexiones.-
Podemos concluir, a la luz de lo expuesto hasta el presente que –salvo rarísimas excepciones- jamás los integrantes del Poder Judicial fueron realmente independientes del Poder Político de turno en el momento histórico que debieron serlo.-
Caídos los gobiernos, todos hacen aserrín del árbol caído, pero ya es tarde.-
Ratifico todo lo que afirmo, además, porque en los últimos tiempos, varios Jueces y Magistrados han reconocido públicamente que al momento de asumir funciones judiciales con relación a funcionarios del Ejecutivo, obran con “demasiada prudencia” por temor a la reacción oficial.-
Como Abogado que soy digo: “A confesión de parte, relevo de prueba”.-
Lo dicho hasta el presente con relación a los Gobiernos Nacionales, se extiende también a todos Gobiernos Provinciales.-
Y digo más: allí la falta de imparcialidad y de independencia judicial es mas acentuada aún porque, como todos saben, son muy pocos los Estados provinciales que escapan a ser gobernados como auténticos feudos.-
Así las cosas y por ser público y notorio, diré que es una costumbre de los políticos que asumen cargos ejecutivos en los Gobiernos Argentinos, subordinar los otros 2 Poderes del Estado a sus intereses, dejando de lado la materialización de una real y sana administración del servicio de Justicia.-
De tal modo se desprestigia ante la Comunidad Internacional la imagen de nuestro País, provocando que las reales inversiones muden su destino a otros lugares del Mundo donde exista plena seguridad jurídica y una economía previsible y estable.-
Creo que no hace falta recordar que la falta de inversiones genuinas, de ahorro, de transparencia en el manejo de la cosa pública y de índices económicos-financieros confiables, entre otros síntomas de una sociedad respetuosa de la ley, provoca la pobreza de sus habitantes y de sus descendientes ante la falta de trabajo, salud, educación y seguridad.-
Al no haber presupuesto suficiente para la concreción de tales funciones básicas del Estado, el nivel de la vida de la población en general cae estrepitosamente como lo venimos viendo en la Argentina de los últimos años.-
La falta de independencia del Poder Judicial deriva en la impunidad oficial, madre de un cáncer que carcome las entrañas de la República: la corrupción.-
Ahora bien, y retomando el tema de la falta de independencia en la Justicia, es claro ejemplo de lo expuesto que la sanción de la Ley 26.080, promovida desde el Senado de la Nación por la entonces cónyuge del Presidente Kirchner y actual cabeza del Poder Ejecutivo Nacional, en nada favorece la vigencia de la República.-
La ley en cuestión, popularmente conocida como de reforma del Consejo de la Magistratura desalojó, en los hechos, al estamento de los Abogados al disminuir su participación a un solo Abogado en la integración del referido Consejo.-
A raíz de ello; en valerosa, histórica y ejemplar decisión; el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal conducido por el Dr. Jorge Rizzo, a su vez presidente de la agrupación de Abogados mas grande de la República Argentina llamada “GENTE DE DERECHO”, lleva adelante hace varios años una acción de amparo solicitando la declaración de inconstitucionalidad de la ley mencionada.-
¿Por cual motivo se nos desalojó a los Abogados?
Las respuestas a tal interrogante son muy simples:
a) porque el Consejo es la llave para nombrar y destituir Jueces y Magistrados, y los Abogados, por ser un estamento combativo, pueden llegar a interferir en la designación y nombramiento de los amigos y/o parientes y/o personas cercanas al Poder Político, y
b) porque por nuestra formación y actividad profesional, a lo largo de la Historia hemos sido los verdaderos custodios del Estado de Derecho, de la República y de la Democracia.-
Cabe aclarar que cuando hablo de Abogados, no me refiero a los abogados/políticos que han asumido funciones presidenciales dentro del Estado Argentino, y sí me refiero a los miles de Colegas que diariamente y hace muchos años planteamos inconstitucionalidades de todo tipo en todos los Juzgados y Tribunales del País.-
La historia judicial, por ejemplo, de los miles o millones de amparos que promovimos los Abogados por el “robo institucionalizado” a los depósitos de los Argentinos, llamado popularmente “corralito”, y que provocara la muerte de 20.000 Ciudadanos en el plazo de 2 años, me exime de comentarios.-
No fueron los Jueces, ni los Bancos, ni las Entidades Financieras, ni sus abogados, ni los funcionarios que detentaban el Poder Político, los que salieron a defender a la Ciudadanía Argentina de semejante robo.-
Fuimos nosotros los que pusimos el pecho, el esfuerzo, y nuestro intelecto.-
¿O acaso nos olvidamos de las interminables colas en los Juzgados?
Hablo también de los profesionales que popularmente se nos califica como el “Abogado de la calle”, el que anda en subte/colectivo/tren, y que encarna el espíritu republicano y democrático de la Sociedad.-
Me refiero al Abogado consultor que tiene su Estudio en un barrio cualquiera de la Capital Federal o del Gran Buenos Aires.-
Al Abogado amigo del barrio, al que honestamente se gana su Honorario saliendo a trabajar bajo el sol ardiente del verano o la lluvia helada del invierno.-
El profesional del Derecho, que viviendo de su profesión, ha denunciado los abusos del Poder de la Policía, la corrupción y la tiranía del funcionario público de cualquier dependencia administrativa.-
El que no se somete a los designios del Poder Político y asume con coraje la defensa de la Constitución Nacional.-
Es ese el espíritu el que llevó a que “GENTE DE DERECHO”, representada por el Dr. Jorge Rizzo, pusiera a nuestro recuperado Colegio Público de Abogados de la Capital Federal al frente de la defensa de la independencia del Poder Judicial y de nuestra debida participación en el Consejo de la Magistratura.-
Gracias a ello, somos nosotros, los Abogados de la Capital Federal, los únicos titulares de la única acción judicial –en trámite ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación- que intenta ponerle palos en la rueda al deseo del Poder Político de tener un Consejo integrado por personas cercanas a sus intereses.-
Recientemente nuestra institución ha solicitado un “pronto despacho” ante la demora de varios años por parte del citado Tribunal en resolver la cuestión planteada.-
La Justicia lenta también es uno de los síntomas de la falta de independencia y de la corrupción judicial.-
Tomos enteros se han escrito al respecto.-
Creo que sería favorable para la imagen, interna y externa, del País que el más alto Tribunal de la Nación diera un paso en defensa de la República haciendo lugar en el menor tiempo posible al amparo señalado y declarando la absoluta inconstitucionalidad de la Ley de Reforma del Consejo de la Magistratura.-
Creo, también, que la inmensa mayoría de los Argentinos de buena fe y de buena voluntad, sin distinción de banderías políticas, esperan una señal en tal sentido.-
Y para finalizar, opino personalmente que la Presidencia del Consejo de la Magistratura debe estar en manos del Ciudadano que, por su trayectoria personal, realmente encarne un espíritu democrático y republicano, sin tener en cuenta el cargo o el Poder a quien representa, y sin importar si es Juez, Abogado, político o lo que sea.-
La Historia enseña que un cargo, puesto o título universitario no es garantía de probidad ni eficiencia, y mucho menos de independencia frente al Poder Político de turno.-
Además la Constitución Nacional nada establece con relación a cual estamento debe ocupar la Presidencia, contrariando de tal manera alguna posición hecha pública recientemente por la pretensa lista de abogados “SERA JUSTICIA”, en el sentido de que la jefatura del Consejo debe recaer, porque sí, en el Presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.-
Ese no fue el espíritu ni el criterio que los Constituyentes de 1994 tuvieron en cuenta al crear dicho Consejo.-
Se responde, además, a tal criterio sustentado por “SERA JUSTICIA” diciendo que ha llegado la hora de que los cargos en las instituciones de la República Argentina, en general, y en el Consejo de la Magistratura, en particular, sean ocupados por Ciudadanos que hagan honor a las mismas, y no por elegidos “a dedo”, acomodos o influencias nefastas, como viene ocurriendo en las últimas décadas.-
Es hora de que la honestidad, la honradez, la independencia de criterio, la inteligencia, la imaginación, el trabajo, el esfuerzo, el intelecto, el sentido común, la buena voluntad y la sabiduría comienzen a entrar en escena para el bien de la República, de nosotros mismos y de las generaciones que nos siguen.-
El bienestar general de la Sociedad así lo demanda.-
La independencia del Poder Judicial también.-
De lo contrario, seremos cómplices con nuestro silencio e indiferencia del actual derrumbe moral, de la decadencia de nuestra Nación, de la falta de Justicia y de la condena a vivir un futuro cada vez mas oscuro para nuestros hijos.
Creo que sería favorable para la imagen, interna y externa, del País que el más alto Tribunal de la Nación diera un paso en defensa de la República haciendo lugar en el menor tiempo posible al amparo señalado y declarando la absoluta inconstitucionalidad de la Ley de Reforma del Consejo de la Magistratura.-
Creo, también, que la inmensa mayoría de los Argentinos de buena fe y de buena voluntad, sin distinción de banderías políticas, esperan una señal en tal sentido.-
Y para finalizar, opino personalmente que la Presidencia del Consejo de la Magistratura debe estar en manos del Ciudadano que, por su trayectoria personal, realmente encarne un espíritu democrático y republicano, sin tener en cuenta el cargo o el Poder a quien representa, y sin importar si es Juez, Abogado, político o lo que sea.-
La Historia enseña que un cargo, puesto o título universitario no es garantía de probidad ni eficiencia, y mucho menos de independencia frente al Poder Político de turno.-
Además la Constitución Nacional nada establece con relación a cual estamento debe ocupar la Presidencia, contrariando de tal manera alguna posición hecha pública recientemente por la pretensa lista de abogados “SERA JUSTICIA”, en el sentido de que la jefatura del Consejo debe recaer, porque sí, en el Presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.-
Ese no fue el espíritu ni el criterio que los Constituyentes de 1994 tuvieron en cuenta al crear dicho Consejo.-
Se responde, además, a tal criterio sustentado por “SERA JUSTICIA” diciendo que ha llegado la hora de que los cargos en las instituciones de la República Argentina, en general, y en el Consejo de la Magistratura, en particular, sean ocupados por Ciudadanos que hagan honor a las mismas, y no por elegidos “a dedo”, acomodos o influencias nefastas, como viene ocurriendo en las últimas décadas.-
Es hora de que la honestidad, la honradez, la independencia de criterio, la inteligencia, la imaginación, el trabajo, el esfuerzo, el intelecto, el sentido común, la buena voluntad y la sabiduría comienzen a entrar en escena para el bien de la República, de nosotros mismos y de las generaciones que nos siguen.-
El bienestar general de la Sociedad así lo demanda.-
La independencia del Poder Judicial también.-
De lo contrario, seremos cómplices con nuestro silencio e indiferencia del actual derrumbe moral, de la decadencia de nuestra Nación, de la falta de Justicia y de la condena a vivir un futuro cada vez mas oscuro para nuestros hijos.
Dr. Roberto Oscar V. Terrile
Abogado
Buenos Aires, 20 de Febrero de 2010.-
Abogado
Buenos Aires, 20 de Febrero de 2010.-
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