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domingo, 22 de marzo de 2009

LA INSEGURIDAD Y LOS JUECES

LA INSEGURIDAD EN SAN ISIDRO Y LOS JUICIOS POLÍTICOS A MAGISTRADOS

COMUNICADO del Colegio de Magistrados y Funcionarios del Departamento Judicial de San Isidro





Edificio de los Tribunales de San Isidro

El Colegio de Magistrados y Funcionarios del Departamento Judicial de San Isidro, como institución inserta en la comunidad, aborda con suma preocupación la situación del delito en el ámbito de toda la jurisdicción departamental y se hace eco del dolor que para muchos ciudadanos de bien representa este flagelo.
En tal sentido y como un aporte para clarificar las causas de esta lamentable situación, considera oportuno poner en conocimiento de toda la población las siguientes conclusiones:
1) Las tristes consecuencias del delito no reconocen una sola causa y en particular resulta, cuanto menos arbitrario asignar la mayor responsabilidad al funcionario y decisiones adoptadas por los magistrados que integran el fuero penal.
2) La deficiencia de la educación en los valores del respeto a la vida y a la propiedad, entre otros; la insuficiente posibilidad de acceder a un trabajo; la inadecuada función de prevención del ilícito; las carencias en el sistema penitenciario para la readaptación de quien ha delinquido, proveyendo a la persona de los conocimientos y recursos necesarios para incorporarse a la comunidad con un medio digno de trabajo; entre muchos otros factores no han sido encomendados por la Constitución Provincial y tampoco por la Nacional al Poder Judicial.
3) Las decisiones que adoptan los jueces del fuero penal con relación a quien ha delinquido o es sospechoso de ello, lo son dentro del marco de discrecionalidad que las leyes les confieren y forman parte de sus atribuciones legales y constitucionales la interpretación y aplicación de la ley, la misma ley contempla sucesivas instancias de revisión por un órgano jurisdiccional de mayor jerarquía.
4) Las leyes que confieren un marco de discrecionalidad, que autorizan y en algunos casos imponen al magistrado conceder una libertad, no han sido impulsadas y mucho menos sancionadas y promulgadas por el Poder Judicial, sino que son facultades exclusivas de los Poderes Legislativo y Ejecutivo.
5) Estas premisas ponen de manifiesto que la promoción de juicios políticos a magistrados, en este caso del fuero penal del Departamento Judicial de San Isidro en nada contribuyen a mejorar las lógicas exigencias de seguridad que reclamamos todos los integrantes de la sociedad.
6) Constituye, al menos, una afrenta al sistema republicano de gobierno y una solución meramente aparente promover el juzgamiento político de jueces que han adoptado decisiones que podrán o no ser compartidas por los ciudadanos e incluso por aquellos que ejercen la magistratura, pero que lo han sido dentro del
marco de la ley, que insistimos, no reconoce su origen en el Poder Judicial.
7) Los ciudadanos todos debemos comprender y tener presente, que si no se está de acuerdo con las leyes penales vigentes, el camino no es juzgar políticamente a los jueces por el contenido de las sentencias que han dictado dentro de los márgenes de interpretación que las mismas les confieren, sino, en su caso, promover la adecuación de las tales leyes a las aspiraciones de la ciudadanía y por las vías constitucionales correspondientes.
8) Como conclusión este Colegio ve con profunda preocupación que se busque el aparente remedio a un grave problema mediante un recurso (el juicio político) que no ha sido creado para brindar la seguridad a la que legítimamente todos aspiramos y que con ello se desdibujen las reales causas del delito.
Debemos insistir en que no es resorte del Poder Judicial el tema seguridad. No tiene la incumbencia, ni las facultades, ni los medios para hacerlo.
Confundir las funciones que competen a cada Poder del Estado no ayudará a alcanzar las soluciones que es dable exigir a quienes están obligados a encontrarlas.
San Isidro, 27 de febrero de 2009.





RESPUESTA DE “¡CORTENLA!” AL COMUNICADO DE LOS JUECES DE SAN ISIDRO:

“LA SEGURIDAD ES UN PROBLEMA DE TODOS - LOS JUECES Y FISCALES NO SON LA SOLUCION, SON PARTE DEL PROBLEMA - EL JUICIO POLÍTICO ES UNA HERRAMIENTA CONSTITUCIONAL PARA ECHAR A LOS JUECES QUE NO AFIANZAN LA JUSTICIA Y LA SEGURIDAD”

La “Familia Judicial” en pleno –los colegios de Jueces y de Abogados de San Isidro- han sacado y difundido el largo y aburrido comunicado transcripto.-


Parecen que quieren justificar lo injustificable o explicar lo inexplicable.-
Nos quieren vender “espejitos de colores”.-


El mismo método usaron estas 2 instituciones para atacar al Dr. Gregorio Dalbón, abogado que acusó de payaso y corrupto al Juez Ochoa (el que “artísticamente” se tiró al piso, ¿se acuerdan?), que luego renunció ante el pedido de juicio político iniciado por el Colega.-

Ya tuvieron su respuesta en aquel momento.-

Ahora resulta que intentando “lavarse las manos”, Sus Señorías dicen textualmente: “Debemos insistir en que no es resorte del Poder Judicial el tema seguridad”.-

El no te metás o el “¡Yo no fui!” campea libremente por todo el comunicado.-
Sin embargo, yo les digo que es un grave problema de todos los Argentinos de buena voluntad que queremos que no maten ni violen a nuestros Hijos o a quien sea.-

Es un grave problema y existen concretas responsabilidades de los 3 poderes del Estado: el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial, porque cuando un Fiscal se niega a investigar a funcionarios públicos corruptos, permitiendo que el dinero del Pueblo engrose ilícitamente algunos bolsillos en lugar de destinarlo a equipar a las fuerzas de seguridad, se afecta la seguridad.-

Porque cuando un Juez hace una caprichosa o sospechosa interpretación de la Ley, despreciando el motivo o el espíritu con la que fue creada, o el Orden Jurídico integral, se afecta la seguridad.-

Protesta en las puertas de los Tribunales de San Isidro


Porque si bien la Ley autoriza a un Juez liberar a un peligroso criminal, no lo obliga.-

Porque cuando un simple Policía, arriesgando su vida por míseras monedas, atrapa a un criminal y un Juez lo deja en libertad con algún argumento “traído de los pelos”, se afecta la seguridad.-

Porque cuando no hay nadie preso por la masacre de 194 chicos muertos en “República de Cromagnon”, también se afecta la seguridad.-


Porque cuando las cárceles están llenas de “negritos” sin un mango, y todos los “ladris” de guante blanco que saquearon el país disfrutan los miles de millones de dólares mal habidos, también se afecta la seguridad.-



Porque cuando un Juez deja en libertad a un padre violador de su propia hija de 8 años -argumentando que sólo fue “un polvito”- a pesar del informe médico del Hospital de San Isidro que probaba el destrozo del órgano genital de la nena, se afecta el sentido común, la razonabilidad y la seguridad.-

Porque cuando un Juez suspende una audiencia donde se juzgaba a un tipo que arruinó la vida de un chico, porque le acercaron un certificado de defunción de un NN, se afecta también la seguridad.-

Porque cuando es público y notorio que un Fiscal llega a las 11 de la mañana a su despacho, con el bolsito y la raqueta de tenis, se afecta también la seguridad y la credibilidad en dicho funcionario.-



Lo mismo para el Juez que se pasa toda la mañana tomando café en el bar situado enfrente de los Tribunales de San Isidro.-

Porque cuando una Cámara de Casación penal deja en libertad a un conocido pedófilo integrante de una asociación ilícita, se afecta la seguridad y se viola la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño.-



Porque cuando un autocalificado “torpe” Fiscal no investiga un asesinato dentro de un “cuntry”por “temor reverencial” a otro Fiscal, se afecta la seguridad:

Porque cuando un Juez deja en libertad a un violador serial de chicas menores de edad con “síndrome de Down”, se afecta la seguridad.-



Ni que hablar cuando las autoridades judiciales intentaron echar a las patadas a los Padres de las víctimas –y a las propias chicas- que protestaban en las puertas de los Tribunales

Cuando 2 Fiscales y un Juez permiten en un expediente la existencia de un certificado médico sin firma ni sello del profesional, provocando la libertad de otro violador, se afecta la seguridad.-

Porque cuando los Jueces de Familia 2 se niegan a resolver los pedidos de un Padre para resguardar la seguridad de su Hijo, se afecta la seguridad de un menor de edad.-

¿Es corrupto el Juez que se niega a resolver algo por tenerle bronca y/o sentirse “ofendido” por las expresiones usadas en sus escritos por el abogado y padre del menor?

En síntesis: cuando la falta de razonabilidad y de sentido común se apoderan de un Juez o de un Fiscal, se afecta la seguridad de todos los Argentinos, y debe ser expulsado en forma inmediata del cargo que ocupa.-

¿Por qué estos Jueces no sacaron un comunicado cuando ocurrieron todos los casos expuestos anteriormente?

No queremos funcionarios que con su accionar sean “cómplices” del delito y del crimen.-
No queremos Jueces corruptos ni Fiscales torpes o temerosos.-
No queremos delincuentes en la calle.-
No queremos que las autoridades judiciales de San Isidro se laven las manos, y menos aún que nos tomen por tontos.-

Por el tenor de este lamentable comunicado, no cabe duda que los Jueces y Magistrados de San Isidro son parte del problema.-
Queda claro que no son la solución.-

Los Argentinos –a las encuestas me remito- no queremos la Justicia que se intenta justificar.-

Sería bueno que los autores del comunicado hojearan el Preámbulo de la Constitución Nacional cuando establece como objetivo “afianzar la Justicia”.-

Los Jueces dicen que es una afrenta al sistema republicano de gobierno pedir el juicio político de algunos miembros de la “Familia Judicial”, pero lo que no dicen -y vaya uno a saber porque- es que nosotros, los Ciudadanos que les pagamos el abultado sueldo que cobran- tenemos todo el derecho del mundo a hacerlo.-

Porque también se logra “afianzar la Justicia” y la seguridad echando a los que -por mandato constitucional- tienen el deber de hacerla realidad.-

Sres. Jueces de San Isidro: los argentinos no “comemos vidrio”.-

SERA JUSTICIA



3 comentarios:

Unknown dijo...

Presentan pedido de juicio político y destitución de la fiscal Gigante
2009-03-24 00:00:00

La madre de una joven con discapacidad mental que denunció haber sido violada por un hombre que fue absuelto porque el informe médico del abuso no tenía firma ni sello del profesional, presentará mañana el pedido de juicio político y destitución de la polémica fiscal que estuvo a cargo de la causa. Paralelamente, otra solicitud de jury será presentado por el Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos de la Nación, a cargo de Aníbal Fernández.



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La madre de una joven con discapacidad mental que denunció que fue violada por un hombre que fue absuelto porque el informe médico del abuso no tenía firma ni sello del profesional, presentará mañana el pedido de juicio político y destitución de la fiscal que estuvo a cargo de la causa, María del Carmen Gigante.

En el escrito, al que Télam tuvo acceso, la madre de la chica de 22 años considera a Gigante como "la piedra angular del veredicto absolutorio dictado por el Tribunal Oral en lo Criminal 7".

El escrito será entregado mañana a la mañana ante en la Secretaría Permanente del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados y Funcionarios de la Provincia de Buenos Aires, en la ciudad de La Plata, por María Giménez, madre de la víctima, y su abogado, José Vera.

Paralelamente, otro pedido de jury será presentado por el Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos de la Nación, a cargo de Aníbal Fernández.

En su solicitud, Giménez explica que cuando hizo la denuncia sobre las violaciones que en forma sistemática padecía su hija por parte de un vecino en la localidad de El Talar de Pacheco hizo todo lo que estuvo a su alcance "para que el delito no quede impune".

La mujer relata que se entrevistó varias veces con la fiscal Gigante de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 2 de Tigre y que ella le aconsejó no contratar abogados al decirle:

"Yo soy fiscal y los fiscales somos más que los abogados. Yo me voy a ocupar personalmente de su problema". La mujer explica que el día del veredicto, el 3 de marzo pasado, "vimos que (el imputado Francisco) Centurión rompió en llanto y pensamos que era por la pena que había recibido y debería cumplir".

"Nuestra sorpresa indignación y consternación fue plena cuando el policía custodio nos indicó que debíamos retirarnos del lugar y que no molestáramos al acusado porque había sido declarado libre de culpa y cargo", relata la mujer. Giménez recuerda en su escrito que, al exigir explicaciones, uno de los jueces le informó que "no habían podido condenar al acusado porque en el informe médico no se indicaba quién era el profesional, carecía de sello aclaratorio y ni siquiera había sido firmado". "Consideramos que ha mediado incompetencia, como también negligencia en la actuación de la doctora María del Carmen Gigante", resalta la madre de la víctima.

"Ello -continúa-, como consecuencia de haber incorporado un informe médico al sumario sin advertir que se trataba de una copia obtenida del envío de un fax; no se percató que dicho instrumento carecía de indicación del profesional de la medicina que había intervenido, no contaba con sello y mucho menos con firma.

En tales condiciones, la pieza carece absolutamente de validez". "Tratándose de una copia simple debió ocuparse de obtener la pieza original. No lo hizo. Tampoco se procuró identificar al médico actuante, cuando menos para poder -en un futuro proceso oral y público-, ser citado con la condición de testigo", agrega.

"Y como si eso fuera poco, tampoco advirtió que la pieza carecía de firma y sello", indica el texto. Para Giménez y su abogado, "también medió incumplimiento a los deberes, en tanto y en cuanto se extraviaron los hisopados que fueron obtenidos de la víctima".

"Ignoramos, por la desidia manifiesta de la doctora Gigante, si los mismos tuvieron algún rastro o prueba -de cargo o de descargo- que coadyuve al descubrimiento de la verdad", señala.

Por último, la denunciante afirma que "todo lo actuado importó la comisión de graves irregularidades en el procedimiento a su cargo" y que Gigante se transformó "en la piedra angular del veredicto absolutorio dictado por el Tribunal oral en lo Criminal 7". El fiscal de juicio, Diego Molina Pico, quien durante el debate había pedido 7 años de cárcel para Centurión, apeló el 12 de marzo pasado el fallo ante la Cámara de Casación.

Por el escándalo que generó el fallo, el fiscal general de San Isidro, Julio Novo, desafectó a Gigante de la UFI 2 de Tigre, la dejó al margen de investigaciones penales y la trasladó al área de Ejecución Penal.

La actuación de la fiscal Gigante también fue criticada por el ministro de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos de la Nación, Aníbal Fernández, quien tras recibir a la madre de la víctima y realizar una serie de llamadas telefónicas, logró encontrar -en una hora y media-, al médico que hizo la revisación de la víctima y el informe original con firma y sello.

La actuación de Gigante, Molina Pico y esos otros dos fiscales que son Marcelo Lloret y Leandro Loiterstein, ya está siendo investigada en un sumario por orden de la procuradora general de la Suprema Corte bonaerense, María del Carmen Falbo.

Unknown dijo...

La Sra. Lucia Camila Galvez dijo:

"Lo felicito Dr Terrile. La Nacion necesita de abogados como Usted. Todo lo que hace conocer no es nada mas que la verdad

Lucia Camila Galves"

Unknown dijo...

El Sr. Germàn Rafael dijo:

"la inseguridad es el resultado del ejemplo de arriba desde 1930por presidentes, congresistas y ministros de sucesivas cortes supremas, que nos deseducaron y nos volvimos salvajes..."