El expediente del juez federal Norberto Oyarbide que investiga al embajador en México, Jorge Yoma, por enriquecimiento ilícito amenaza con convertirse en un escándalo que compromete a la justicia de La Rioja: un tribunal de esa provincia dice haber sobreseído a Yoma por el mismo delito, pero lleva dos años y medio negándose a exhibir el expediente.
Como nadie puede ser juzgado dos veces por los mismos hechos, conocer el contenido de la causa de La Rioja es fundamental para saber si debe cerrarse el expediente porteño. Por eso, la Cámara Federal de la Capital le ordenó ayer a Oyarbide que denunciara esta situación ante la Corte Suprema.
La investigación comenzó en Buenos Aires en mayo de 2004, cuando un anónimo denunció por enriquecimiento ilícito a Yoma, que entonces era senador y miembro del Consejo de la Magistratura.
Un año más tarde, el expediente se frenó. La defensa sostuvo entonces que el patrimonio de Yoma ya había sido investigado por el juez Alfredo Ramos, titular del Juzgado de Instrucción N° 1 de Chilecito, La Rioja, que lo había sobreseído.
El problema fue que el magistrado porteño le pidió más de diez veces a su par riojano que le remitiera la causa para verla, pero el expediente nunca llegó.
Ramos sólo envió a Buenos Aires la copia del sobreseimiento y la aclaración de que ese fallo estaba "firme y consentido". La justicia porteña insistió, pero no obtuvo respuestas satisfactorias, ni del juez ni del Tribunal Superior de La Rioja, según relata el fallo de la Cámara Federal. La decisión de Oyarbide
El juez Norberto Oyarbide tomó entonces una medida inesperada: declinó su competencia en favor del juez de Chilecito.
Esta decisión fue revocada ayer por la Cámara Federal porteña, que dictó un duro fallo en el que advirtió que Oyarbide no debió haber tomado semejante medida sin haber visto el expediente y sin saber, por ende, si se trataba de los mismos hechos investigados.
"Resulta ineludible compulsar el expediente del juzgado de instrucción de Chilecito -sostuvo la Cámara- para arribar a conclusiones certeras acerca de si nos encontramos o no ante dos legajos con idénticos objetos."
En el mismo sentido se había pronunciado el fiscal de la causa, Federico Delgado.
En cuanto a la actitud de la justicia riojana, los camaristas que firman el fallo, Horacio Cattani y Martín Irurzun, afirmaron que la situación resultaba "lisa y llanamente inadmisible" y que correspondía seguir la "vía jerárquica correspondiente" y denunciar el caso ante la Corte.
Mientras tanto, el expediente cambió varias veces de juez y ya cumplió cuatro años casi sin avances. "Es una causa totalmente armada con fines extorsivos", dijo anoche Yoma a LA NACION. "No tiene fundamento y así lo entendió la Justicia, que dictó un sobreseimiento definitivo". El embajador sostuvo que, no obstante, se presentó espontáneamente cuando no había sido siquiera citado y que cumplirá con su deber de responder ante cualquier requisitoria de los tribunales."
Como nadie puede ser juzgado dos veces por los mismos hechos, conocer el contenido de la causa de La Rioja es fundamental para saber si debe cerrarse el expediente porteño. Por eso, la Cámara Federal de la Capital le ordenó ayer a Oyarbide que denunciara esta situación ante la Corte Suprema.
La investigación comenzó en Buenos Aires en mayo de 2004, cuando un anónimo denunció por enriquecimiento ilícito a Yoma, que entonces era senador y miembro del Consejo de la Magistratura.
Un año más tarde, el expediente se frenó. La defensa sostuvo entonces que el patrimonio de Yoma ya había sido investigado por el juez Alfredo Ramos, titular del Juzgado de Instrucción N° 1 de Chilecito, La Rioja, que lo había sobreseído.
El problema fue que el magistrado porteño le pidió más de diez veces a su par riojano que le remitiera la causa para verla, pero el expediente nunca llegó.
Ramos sólo envió a Buenos Aires la copia del sobreseimiento y la aclaración de que ese fallo estaba "firme y consentido". La justicia porteña insistió, pero no obtuvo respuestas satisfactorias, ni del juez ni del Tribunal Superior de La Rioja, según relata el fallo de la Cámara Federal. La decisión de Oyarbide
El juez Norberto Oyarbide tomó entonces una medida inesperada: declinó su competencia en favor del juez de Chilecito.
Esta decisión fue revocada ayer por la Cámara Federal porteña, que dictó un duro fallo en el que advirtió que Oyarbide no debió haber tomado semejante medida sin haber visto el expediente y sin saber, por ende, si se trataba de los mismos hechos investigados.
"Resulta ineludible compulsar el expediente del juzgado de instrucción de Chilecito -sostuvo la Cámara- para arribar a conclusiones certeras acerca de si nos encontramos o no ante dos legajos con idénticos objetos."
En el mismo sentido se había pronunciado el fiscal de la causa, Federico Delgado.
En cuanto a la actitud de la justicia riojana, los camaristas que firman el fallo, Horacio Cattani y Martín Irurzun, afirmaron que la situación resultaba "lisa y llanamente inadmisible" y que correspondía seguir la "vía jerárquica correspondiente" y denunciar el caso ante la Corte.
Mientras tanto, el expediente cambió varias veces de juez y ya cumplió cuatro años casi sin avances. "Es una causa totalmente armada con fines extorsivos", dijo anoche Yoma a LA NACION. "No tiene fundamento y así lo entendió la Justicia, que dictó un sobreseimiento definitivo". El embajador sostuvo que, no obstante, se presentó espontáneamente cuando no había sido siquiera citado y que cumplirá con su deber de responder ante cualquier requisitoria de los tribunales."
Diario La Naciòn, 14-08-2008.-
6) Que la creación y funcionamiento de dichos Tribunales ilegales viola el mandato y la garantía constitucional contenida en el art. 18 de nuestra Carta Magna: “Artículo 18- Ningún habitante de la Nación puede ser penado sin juicio previo fundado en ley anterior al hecho del proceso, ni juzgado por comisiones especiales, o sacado de los jueces designados por la ley antes del hecho de la causa”;
9) Que sin perjuicio de lo señalado, la creación y funcionamiento de tales Tribunales ilegales violan tambièn las garantìas constitucionales relacionadas con el derecho a defensa en juicio, el debido proceso;